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En el Congreso
de la República organizaciones de mujeres presentaron “Seis acciones urgentes
para reducir el aborto inseguro: exigencias al Estado peruano”, publicación que
recoge las demandas y recomendaciones del movimiento feminista orientados a
enfrentar el aborto con medidas de carácter integral y con un enfoque de
derechos humanos.
El
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Demus Estudios para la Defensa de los
Derechos de la Mujer, integrantes de la Campaña 28 de Setiembre Día por la
Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, aunaron esfuerzos para
proponer esta agenda que ha sido actualizada periódicamente, teniendo en cuenta
que varias de las demandas siguen estando vigentes.
En este documento
exigen contar con datos fiables sobre aborto y mortalidad materna; brindar
educación integral sobre sexualidad y servicios especializados para
adolescentes; acceso a la más amplia gama de anticonceptivos incluyendo la
anticoncepción oral de emergencia; acceso a servicios adecuados de aborto
terapéutico; revisar la legislación punitiva sobre aborto.
En la sexta acción las feministas demandan políticas públicas sin injerencias
religiosas. La garantía de un Estado laico.
Jeannette Llaja, abogada de Demus Estudios para la Defensa de los Derechos de la
Mujer, responsable de la elaboración del documento, afirmó que reivindicar el
derecho al aborto no significa promover que éste aumente: “Es responsabilidad
del Estado peruano tomar las previsiones para que las mujeres no se enfrenten a
la decisión de abortar. El Estado debe respetar y cumplir con las normas
nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, las que, además,
son una condición fundamental para la consolidación democrática”, afirmó.
En
Perú se
producen cada año alrededor de 376 mil abortos clandestinos, según la
pesquisa “El aborto clandestino en el Perú. Revisión”, de la
investigadora Delicia Ferrando.
Las mujeres urbanas
pobres que recurren a un aborto lo hacen en un 44 por ciento con personas no
calificadas, 39 por ciento con obstetras y 17 por ciento con médicos. Las que
cuentan con recursos económicos acuden en un 77 por ciento a médicos, a
obstetras en un 21 por ciento y a personas no calificados en un 2 por ciento.
La
publicación “Seis acciones urgentes para reducir el aborto inseguro: exigencias
al Estado peruano” fue presentado a la prensa en el Congreso de la República,
previo a la firma de una carta dirigida al Ministro de Salud en la que le exigen
la aprobación de un protocolo nacional de aborto terapéutico.
En la
misiva, la congresista Hilda Guevara, presidenta de la Mesa de Mujeres
Parlamentarias, organizaciones de defensa de los derechos de la mujer y
activistas por la despenalización del aborto demandan a Hernán Garrido Lecca,
titular de Salud, la pronta aprobación de un protocolo nacional de aborto
terapéutico para salvaguardar la vida de las peruanas.
Señalan que diariamente 314 mujeres sufren complicaciones del embarazo parto y
puerperio. Frente esta realidad, el aborto terapéutico es una medida que se toma
para proteger el derecho a la vida o a la salud física y sicológica de la mujer
gestante.
“El Estado está en la obligación de proveer todas las condiciones
para que este servicio se preste adecuadamente, sea accesible física y
económicamente, sea respetuoso de la ética médica y culturalmente adecuado,
además de ser de calidad,
tal
como lo han dispuesto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”,
indica la misiva.
La
falta de reglamentación del aborto terapéutico, legal desde 1924, ha generado
incertidumbre en profesionales de la salud y en las mujeres, sobre cuándo, cómo
y dónde debe realizarse esta interrupción del embarazo.
La Defensoría
del Pueblo, en su Primer Reporte sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, reconoció que les corresponde a las
autoridades de salud dictar las normas y recomendó aprobar el protocolo para la
atención del aborto terapéutico.
Para la Defensoría, la
aprobación de dicho protocolo es, a la fecha,
“una tarea pendiente del
Ministerio de Salud que debe ser atendida de manera inmediata, de conformidad
con los instrumentos internacionales, la legislación interna y, en especial, con
la Ley de Igualdad de Oportunidades".
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