Según el artículo 19 del Código Penal Peruano, se puede practicar el aborto terapéutico a fin de preservar la vida de gestantes en riesgo de morir o de sufrir daños permanentes en su salud física o mental.

Actualmente en los hospitales del sector público, no existen condiciones para que las mujeres con embarazos riesgosos para su vida y salud ejerzan su derecho de solicitar la interrupción legal, es decir, acceder al aborto terapéutico, lo cual vulnera sus derechos humanos.

Las nefastas consecuencias de no contar con un protocolo de atención lo sufrió Karen Llantoy, una joven gestante de 17 años, que cargaba un feto anencefálico (sin cerebro) que moriría al nacer. Pese a ello, se le negó la solicitud para abortar, y la obligaron a continuar su embarazo hasta el final y a amamantar al bebé durante los cuatro días que sobrevivió, pese a que ello representaba una grave amenaza para la salud mental de la joven.

En octubre del 2005, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (UNHRC, por sus siglas en inglés), falló a favor de la joven Llantoy a quien en el 2001 el Hospital Loayza le negó el acceso al aborto terapéutico; y estableció que el Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.

Sin embargo hasta la fecha, no se ha cumplido con aprobar el protocolo que garantizaría la provisión del servicio de manera segura.

Sucesivos intentos, durante las gestiones de la ministra Pilar Mazzetti y del ministro Carlos Vallejos, por aprobar esta norma se han estrellado contra presiones impulsadas por la jerarquía católica opuesta al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos en el Perú.

Una muestra de la intervención de la iglesia católica la protagonizó la región Arequipa, a poco más de 1000 kilómetros al sur de Lima, en febrero del 2008, cuando el arzobispo de la ciudad Javier del Río Alba bloqueó la vigencia del protocolo aprobado por la Gerencia Regional de Salud en diciembre del 2007, en una clara intromisión de la iglesia en los asuntos públicos.

El protocolo establecía 24 casos para proceder a la interrupción legal del embarazo así como la ruta administrativa para su acceso.

“Una comisión especializada ha trabajado una guía, sin embargo no existe la voluntad política para aprobarla, nosotras las mujeres demandamos al ministro de Salud que cumpla con esa responsabilidad porque está en juego la vida de muchísimas mujeres”, afirmó a Sirel Pilar Arce, del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.

Para Arce la resistencia de los políticos de este gobierno por aprobar el protocolo “nos está demostrando que para ellos la vida de las mujeres no tiene mucho valor. No sé si existen otros intereses a otros niveles que hacen que el ministro de Salud no lo apruebe pese a que es tan importante y que hace más de 80 años que es legal el aborto terapéutico en el Perú”.

Finalmente, Llaja y Arce exigieron al gobierno que brinde educación integral sobre sexualidad y servicios especializados a adolescentes, asegurar el acceso a anticonceptivos diversos incluyendo la anticoncepción oral de emergencia y el establecimiento de servicios adecuados de aborto terapéutico.

Asimismo demandaron la revisión de la legislación punitiva del aborto, también exhortada por el Comité de Naciones Unidas de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación a la Mujer (CEDAW).