La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió presentar una
demanda contra el Estado Mexicano ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos por los casos de tres víctimas del feminicidio en
Ciudad Juárez, Chihuahua.
Se trata del primer
caso ante la Corte Interamericana por la violación a los derechos
humanos de las mujeres en Ciudad Juárez que se presenta ante este
tribunal internacional, informó a SEMlac la abogada Karla Michel,
quien desde hace cinco años promueve la justicia para una de las
víctimas.
Michel
explicó que, con esta demanda, las familias de tres asesinadas en el
caso conocido como "Campo Algodonero" tendrán la posibilidad de
acreditar, ante esta instancia internacional, las múltiples
violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno
Mexicano en relación con el feminicidio, por no cumplir sus
recomendaciones.
La demanda contra
México fue interpuesta el pasado 4 de noviembre ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, un organismo independiente de la
Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en San
José, Costa Rica.
Será la primera
ocasión en que esa instancia analice un caso de asesinatos de
mujeres en Ciudad Juárez, donde -según cifras oficiales -más de 352
mujeres fueron ultimadas en los últimos 14 años y también, por vez
primera, examinará un caso cuyo tema central es la violencia de
género, explicó la abogada Michel, actual asesora en
violencia de género del Instituto de las Mujeres del Distrito
Federal, capital de la República Mexicana.
Precisó que la
CIDH actúa y recurre a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos cuando los Estados, como México, hacen caso omiso de
las recomendaciones que ha establecido previamente en un informe de
fondo. Hizo notar que México aceptó la competencia de la
Corte Interamericana en 1998.
La demanda se
refiere a casos que fueron presentados por separado, pero que están
relacionados, por tratarse de la desaparición y el homicidio de tres
mujeres en Ciudad Juárez, dos de ellas menores de edad, entre
septiembre y noviembre de 2001.
La CIDH tomó
en cuenta, de acuerdo con el documento de aceptación del que tiene
copia SEMlac, que el caso se basa en la denegación de justicia por
parte del Estado mexicano, la falta de políticas de prevención de la
violencia contra las mujeres y el conocimiento de las autoridades
estatales de la existencia en Chihuahua de un patrón de violencia
contra mujeres y niñas.
En Ciudad Juárez,
las primeras denuncias de feminicidio se formularon en 1993, por lo
que la CIDH, que ha recibido múltiples informes y ha dado
seguimiento al caso "Campo Algodonero", sustanció la falta de
respuesta de las autoridades frente a estos asesinatos y
desapariciones, por lo que considera negligencia en la investigación
de los homicidios.
El documento añade
que tampoco se ha realizado la reparación adecuada en favor de sus
familiares.
Al resumir los
hechos, Michel señaló que, el 6 de marzo de 2002, la CIDH
recibió tres denuncias por la responsabilidad internacional de
México ante las irregularidades en la investigación de lo
sucedido a Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera
Monreal y Laura Berenice Ramos Monarrez, desaparecidas en
2001 y halladas asesinadas a principios de noviembre de ese año.
Esmeralda y
Laura Berenice tenían 15 y 17 años, respectivamente, cuando
ocurrieron los hechos.
Los peticionarios
argumentan que las autoridades gubernamentales "no han hecho todo lo
que podían hacer para esclarecer la muerte" de las tres jovencitas y
"dar una explicación clara y verídica sobre esta violación" de
derechos.
Indican, asimismo,
que "la ineficacia en las investigaciones demuestra la poca voluntad
del Gobierno para esclarecer estos crímenes y prevenirlos".
Tras declaraciones
y la creación de instancias y programas en Ciudad Juárez, las
autoridades alegan que han "redoblado esfuerzos" para agotar todas
las hipótesis que conlleven "a localizar y comprobar la probable
responsabilidad" de los autores, y consideran que las
investigaciones "han sido eficientes" en la medida en que varias
personas están cumpliendo penas.
También afirman que
"en ningún momento se ha minimizado la problemática que viven las
mujeres en Ciudad Juárez".
Los
hechos
Los días 6 y 7 de
noviembre de 2001 fueron encontrados ocho cuerpos en el terreno
conocido como "campo algodonero", en Ciudad Juárez. La Procuraduría
General de Justicia en Ciudad Juárez inició la investigación por los
delitos de homicidio y violación.
Fueron detenidos
Víctor J. García Uribe (El Cerillo) y Gustavo González Meza
(La Foca), a partir de declaraciones autoinculpatorias y las de una
supuesta testigo.
La identidad de las
víctimas también fue establecida a partir de las "confesiones" y
vestigios en el lugar. Una de ellas fue presentada como Esmeralda
Herrera Monreal, reportada como desaparecida el 29 de octubre
del mismo año.
Durante la
investigación previa, los peritos oficiales solamente realizaron la
necropsia de ley, que consistió en una descripción del estado del
cuerpo de cada una de las víctimas, sin abundar en su identidad ni
el modo y causa de las muertes.
En forma irregular,
los dictámenes en antropología forense, criminalística y genética
forense, destinados a corroborar la identidad de las víctimas y las
causas de muerte, se fueron agregando a la causa penal, cuando cinco
días después del hallazgo las autoridades ministeriales ya habían
asignado una identidad a cada víctima.
Al comparecer por
vez primera ante un juez, ambos inculpados denunciaron haber sido
torturados física y psicológicamente por los policías judiciales y
otros funcionarios de la Procuraduría, para firmar confesiones en
las que reconocían a las víctimas. A Víctor y Gustavo
les fueron tomadas fotografías poco después de la tortura, en las
que aparecen las lesiones provocadas.
No obstante, el
juicio siguió su curso. El 8 de febrero de 2002, Gustavo González
murió en prisión después de una operación por hernia inguinal y en
condiciones aún no aclaradas. Anteriormente, su abogado fue
asesinado por agentes de la policía judicial, quienes "justificaron"
los hechos, señalando que lo habían confundido con un delincuente
fugitivo.
Los familiares de
las víctimas en ningún momento fueron tomados en cuenta por las
autoridades en las investigaciones, ni en el proceso penal. La
madre de Esmeralda, como otras madres de víctimas, no vio el
cuerpo de su hija.
El 13 de octubre
2004, después de cuatro años de proceso, Víctor Javier
García Uribe fue condenado a 50 años de cárcel. El caso fue
informado a diversos organismos nacionales e internacionales de
derechos humanos, que documentaron y se pronunciaron en varias
ocasiones sobre las múltiples irregularidades y violaciones
cometidas.
Declaraciones
públicas de fiscales y peritos que intervinieron en la investigación
dan cuenta de que fueron obligados, por órdenes del Procurador, a
"armar" el expediente y fabricar culpables, para evitar la presión
social. De acuerdo con esos testimonios, los nombres fueron puestos
en cada uno de los cuerpos encontrados, a partir de una lista de
jóvenes recién desaparecidas, de manera que las fechas de
desaparición coincidieran con el estado de los cuerpos, no por
deducción científica.
El 14 de julio
2005, el tribunal de apelación decretó absolver a Víctor Javier
García por falta de elementos en su contra, lo que implicó la
reapertura de las investigaciones. Para la madre de Esmeralda
(y otras madres en el caso), significó confirmar que los hechos
siguen impunes, dudar nuevamente de la identidad de los cuerpos
presentados y ratificar que la actuación de las autoridades había
sido un montaje intencional e interesado.
Sara Lovera
SEMlac
3 de enero de
2008
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