El Informe Alternativo del cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las mujeres en Paraguay, que será sometido a la apreciación pública entre el 5 y el 23 de noviembre, revela que persisten en el país, leyes discriminatorias en relación con las mujeres y que falta reconocimiento legal del trabajo doméstico no remunerado. El informe fue elaborado por organizaciones feministas y de mujeres para monitorear el desempeño del Estado en la realización de las obligaciones sobre la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

Aunque se destaque un avance del país por la ratificación de incontables instrumentos internacionales de derechos humanos, como la firma de Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), persiste una regulación diferenciada y discriminatoria del trabajo doméstico remunerado, que es la principal ocupación de las mujeres paraguayas y donde ellas ocupan el 93% de la fuerza de trabajo.

Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del 2005, existen 148.628 empleados domésticos en el país, que son el 6,9% de la población económicamente activa (PEA) ocupada. Entre las mujeres económicamente activas, el peso del trabajo doméstico sube al 20,67%. La discriminación en esa ocupación se da por seis razones: el salario mínimo es sólo el 40% del monto fijado para otras funciones; no hay bonificación familiar - el pago de un 5% del salario mínimo por cada hijo menor de 17 años.

Y además: la jornada de trabajo es de 12 horas, sin derecho a salario extra, mientras que los otros trabajadores tienen jornada máxima de 8 horas diarias; el aviso previo está diferenciado para facilitar el despido; no hay estabilidad laboral después de diez años de servicio ininterrumpido; y la cobertura de seguro social es parcial e incompleta.

Además de la discriminación legal, las trabajadoras domésticas, muchas veces, sufren violaciones, abusos o persecuciones sexuales de los patrones o de los hijos de los patrones. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) recomendó que el Estado "estableciese mecanismos eficaces de supervisión del cumplimiento de la legislación vigente, en particular cuando se aplica a las trabajadoras domésticas".

Las mujeres son también las que tienen las mayores tasas de desempleo. Datos de 2005 muestran que hay, en el país, 2.617.708 personas ocupadas (94,2%) y 162.102 personas que están en la categoría de desempleo abierto, en la cual la PEA total es de 5,8% y para as mujeres la PEA es de 7,3%. De las 108.132 personas con desempleo oculto, el 6% son mujeres. Las mujeres sufren los mayores niveles de desempleo y subempleo, así como la estratificación de la mano de obra femenina en trabajos temporales o peor remunerados.

Entre las mujeres que tienen empleo, lo que el Informe verificó fue la recepción de salarios menores que el de los hombres que desempeñan la misma función, en todos los segmentos. Ni siquiera una mejor posición laboral implica igualdad de salarios: las mujeres tienen un ingreso mensual 35% menor que el de los hombres.

En el campo, las campesinas y las indígenas reciben bajísimos salarios cuando trabajan en las cosechas o en casas de familia como empleadas domésticas. Situación que, muchas veces, las lleva a emigrar hacia las ciudades, donde pasan a formar parte del gran cinturón de pobreza, arriesgándose a convertirse en víctimas de la explotación sexual y del tráfico de personas.

El Informe pide que el gobierno obligue a los establecimientos industriales o comerciales que tengan más de 50 empleadas, a instalar guarderías, para que las madres puedan trabajar sin preocuparse por la seguridad de sus hijos. Las mujeres embarazadas y con licencia por maternidad deben tener especial estabilidad en los empleos, pero muchas veces el embarazo constituye una barrera para conseguir empleo.

La CEDAW denuncia que algunas empresas privadas aplican la prueba de embarazo como mecanismo para seleccionar trabajadoras y el Estado no toma ninguna medida para castigar esa falta de respeto a la ley.