En la ciudad sureña de Valdivia, un grupo de pescadores liderados por Joaquín Vargas Gallardo, del sindicato Sitimar, firmó un convenio de colaboración y asistencia recíproca con la empresa Celulosa Arauco y Constitución S.A. (Celco) que estipula la entrega de 8,9 millones de dólares a los pescadores. A cambio, los pescadores admiten el pasaje de un ducto desde la fábrica hasta el mar que transportará los residuos industriales líquidos. Para muchos en la comunidad de Mehuín, Vargas es un vulgar traidor, y su convenio no obliga al resto de los pobladores de la zona. Un botón de muestra de la “metodología Celco” en el sur de Chile.

Los gerentes de asuntos públicos de Celco, Charles Kimber y Ángelo Romano, reconocieron la existencia del convenio. Según éste, Celco pagará a los pescadores 340 mil dólares cuando se instale el ducto al mar -ya le pagó una cantidad similar al sindicato al momento de firmar-; una tercera partida igual al concluir las campañas de mediciones y toma de muestras; y 225 mil dólares más cinco días después de la aprobación definitiva del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y de la entrada en funcionamiento del ducto que verterá sus desechos al mar.

El convenio se venía fraguando desde hacía meses. Celco es asesorada por influyentes empresas de lobby comunicacional. Su objetivo es aislar a la comunidad de Mehuín y enfrentarla con otras comunidades de pescadores y campesinos. La empresa ya ha anunciado conversaciones con pescadores y mapuche de otras caletas y comunidades, han donado libros a bibliotecas de escuelas rurales, y pagado comidas y fiestas en las que sus asesores explican a la gente “las maravillas de Celco”.

Pescadores de las caletas de Mehuín y Queule, y la comunidad mapuche lafkenche saben que el ducto contaminará el mar, poniendo fin a su actividad. Celco ha dado muestras de su nulo respeto con el medioambiente tras los escándalos en Lincancel y los ríos Mataquito e Itata, además de la muerte de la biodiversidad en el santuario de la naturaleza Carlos Andwanter, del río Cruces, donde miles de cisnes perecieron tras la contaminación del humedal. 

La Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (Conapach) ha reiterado su apoyo a la lucha contra Celco que lidera la comunidad de Mehuín. “Rechazamos este burdo acuerdo y prácticas utilizadas por Celco para desarticular la resistencia de la comunidad a la instalación del ducto. Celco no sólo presiona al gobierno y sus instituciones, también paga a los medios de comunicación para que oculten su accionar que raya en lo delictivo. Pretende destruir el tejido social de la comunidad de Mehuín, ofreciendo millonarias sumas de dinero para comprar voluntades. Incluso ha recurrido a sicarios para amedrentar a quienes se oponen a la destrucción del medio ambiente”, dice Cosme Caracciolo, presidente de la Conapach.

Representantes del Comité de Defensa de Mar de Mehuín y de Conapach, entregaron en La Moneda una carta a la presidenta Michelle Bachelet: “En los últimos días nuestro sector se ha visto envuelto en episodios que calificamos como vergonzosos y que involucran hechos de índole político, social y hasta criminal, que atentan contra nuestros derechos humanos más elementales. Entre otros hechos de triste relevancia. Nos referimos especialmente a la firma de un acuerdo que se tradujo en la redacción de un convenio ‘de colaboración y asistencia reciproca’, entre la empresa Celulosa Arauco y Constitución S.A. (Celco) y un grupo de pescadores. Este acuerdo no representa el sentir de la mayoría de los pescadores ni el de las organizaciones que conforman el Comité de Defensa del Mar, que agrupa a organizaciones de nuestros pueblos originarios y sociales. El fundamento de dicho convenio radica en que los pescadores firmantes contraen formalmente la obligación ante la empresa de colaborar en el desarrollo de los estudios destinados a evaluar la factibilidad de la construcción de un emisario submarino, cuya finalidad es el vertido de residuos industriales líquidos a las aguas del Océano Pacífico, en las inmediaciones de la caleta Mehuín. A cambio, los pescadores serán retribuidos económicamente con la suma de 8,9 millones de dólares. Esto no es ‘una negociación entre privados’ como dijera el Intendente de la Región de Los Ríos, Iván Flores, eludiendo la responsabilidad que tiene el gobierno del cual usted es su máxima representante”, señalan en el texto.

La carta dirigida a Bachelet agrega: “Como pescadores artesanales, nuestra primera obligación ética y moral ha sido y será mantener un medioambiente limpio para preservar la biodiversidad de la cual ancestralmente hemos dependido. En base a este principio elemental y lógico, es que hemos sostenido una constante oposición a la instalación del ducto ya que son de conocimiento público las numerosas muestras de los impactos negativos que este tipo de industrias provoca en el medio ambiente, así como todo el mundo ya sabe que la pesca de arrastre es la principal culpable del colapso de las pesquerías. Creemos que ignorar o justificar el accionar de los operadores de Celco es hacerse cómplice de prácticas que rayan en la ilegalidad. Solicitamos a usted intervenir de manera categórica ante esta empresa para que termine con este tipo de prácticas que contravienen el rol del Estado que es velar por el bien común, el respeto a los derechos humanos y el cuidado del medioambiente”.

Fuerte oposición de las comunidades

En 2006 los pescadores y la comunidad de Mehuín y Queule, enfrentaron las barcazas pagadas por Celco -y custodiadas por la Armada- que intentaban tomar muestras para el estudio de impacto ambiental. La Armada, a través de transmisiones de radio, amenazó a los pescadores con “actuar por la fuerza si impedían las faenas”. Y eso hizo, disparando contra pequeños botes de pescadores que sólo se defendían con palos y piedras. Dos días estuvo tomado el camino que une San José de la Mariquina con Mehuín. Las barricadas se extendieron también al propio Mehuín y a Queule. La comunidad se defendió, mientras lanchas y botes custodiaban la costa. Desde los cerros los lafkenche vigilaban día y noche. De esta forma, los pescadores y mapuche impidieron que los remolcadores se acercaran.

 Pescadores de Puerto Saavedra y otras caletas apoyan a los pescadores que luchan contra Celco. Jimmy Becerra, líder de la oposición al ducto en 1996, y secretario del Sindicato Nº1, encabezó la quema del convenio de Celco en la plaza de Valdivia. Jimmy Becerra, acompañado por pescadores del Sindicato Nº1, refutaron que el sindicato haya firmado alguna negociación con Celco: “Es falso. Somos los reales pescadores de ese sindicato y jamás hemos transado con la empresa”. Agrega que “Celco hizo un negocio con personas que hace más de cinco años no viven acá y no trabajan en el mar.

Supuestos pescadores como Marcos Aguirre y Carlos Salazar trabajan en empresas forestales. Quienes realmente trabajamos en Mehuín no vamos a transar. Han convencido a nueve pescadores de nuestro sindicato, pero son gente analfabeta que se les trajo a firmar algo que no conocían. Lo mismo quiso hacer en la notaría Carmen Podlech con nosotros. A los pescadores de Mehuín que firmaron el convenio les sacamos sus botes del río y los tenemos varados en la calle para expulsarlos de la caleta. No vamos a vender el mar por muy tentadores que sean seis mil dólares para alguien que está mal económicamente y no ha visto ingresos en casi cuatro meses”, dice.

Patricio Olivares, presidente del Sindicato de Pescadores de Queule, denuncia que los organismos gubernamentales han mostrado su parcialidad en el conflicto: “En la fiscalía de San José de la Mariquina hay más de 100 denuncias contra la empresa. Sólo se han acogido las que favorecen a Celco”. Boris Hualme, dirigente lafkenche de Mehuín, agrega: “Mantenemos esta lucha hace unos doce años. Los problemas del último tiempo son resultado de una estrategia de Celco para enemistar a las comunidades, pero no tranzaremos ni un centímetro de mar. Los habitantes del borde costero que sientan su territorio amenazado y quienes solidaricen con esta lucha nos reuniremos en Mehuín”.

La criminalización de la resistencia cívica

Los ánimos continúan encendidos. Durante el Encuentro Empresarial del Sur, desarrollado en el Hotel Villa del Río de Valdivia, la ministra del Medioambiente, Ana Lya Uriarte, fue increpada por las agrupaciones Acción por los Cisnes, juntas de vecinos de Valdivia, jóvenes tehuelches y profesores de las universidades Austral y San Sebastián, y debió retirarse de la reunión. En caleta Queule, pescadores quemaron una embarcación de Carlos Salazar, presidente del Sindicato Nº 1 de Mehuín, que firmó el acuerdo junto a los dirigentes Omar Aburto Muñoz y Virginio Isla Lovera.

El Comité de Defensa del Mar de Mehuín denuncia la actuación de matones y sicarios supuestamente pagados por Celco. “El 21 de octubre tres opositores al ducto fueron arrollados y golpeados por desconocidos. Jorge Rodríguez debió ser trasladado grave hasta el Hospital Regional de Valdivia. El vehículo que los arrolló transportaba a personas residentes en Temuco que habrían llegado a la zona para firmar el convenio con Celco. La camioneta se dio a la fuga pero Carabineros de San José de la Mariquina detuvo al conductor”, dice Eliab Viguera. “A pesar de esto -denuncian-, opositores al ducto han sido puestos en prisión preventiva y domiciliaria. Están siendo procesados y la fiscal de San José de la Mariquina, Paola Varela, sólo ha escuchado las declaraciones de una de las partes, demostrando su total parcialidad. Hay más de 100 denuncias en contra de Celco de quienes han resultado dañados por esta industria, pero la fiscalía no ha acogido ninguna, no ha iniciado procesos”.

La comunidad de Tralcao -junta de vecinos, asociación indígena, grupo de ecoturismo, antropólogos y el equipo de desarrollo local-, ha manifestado su apoyo a los pescadores de Mehuín, “que valerosa e históricamente están defendiendo su territorio ancestral, el mar, ante la descarada arremetida financista de Celco, en lamentable y silenciosa complicidad con algunas autoridades gubernamentales”, dicen en un comunicado. Tralcao, comunidad rural en San José de la Mariquina, sufre los efectos de Celco desde hace años: “La prueba más clara es la destrucción irrecuperable del río Pichoy y toda su flora y avifauna. Hemos perdido un hermoso lugar de recreación y peligra día a día nuestra salud, principalmente de nuestros niños y ancianos, así como un importante patrimonio y recurso productivo ecoturístico, además del agua para riego”. Según la comunidad de Tralcao también han visto afectadas las siembras de habas, papas y otras hortalizas. “¿Será acaso la lluvia ácida que arrastra todas las partículas en suspensión que arroja diariamente y por toneladas la mega industria instalada en la comuna?

Los ofrecimientos de dinero de Celco también pretenden llegar hasta Tralcao a dividirnos como comunidad. Lo rechazamos totalmente. Como habitantes conscientes y en defensa de nuestro territorio, mantenemos firme la demanda contra los responsables de la contaminación ambiental del Pichoy que presentamos en 2004 en el Juzgado de Policía Local de San José de la Mariquina. Esperamos que tras los últimos hechos se agilice la investigación”, concluyen.