El presidente de la Junta Directiva del Sindicato de la Industria de las Bebidas y Afines (STIBYS) de Honduras, Carlos Reyes, denunció ante el Comisionado de Derechos Humanos de ese país, hechos graves que implican una amenaza clara contra su integridad y su vida. Sirel dialogó con él para conocer la versión de primera mano.

-¿Cómo ocurrieron los hechos?

-El pasado sábado 21, al abandonar el local del STIBYS, fui abordado por un taxista que dijo querer hablar de manera urgente conmigo, ya que su cuñado había sido testigo de algo que me incumbía y no quería quedarse callado. Al encontrarnos, esa persona me relató que el lunes 16 de marzo a las 7:15 de la mañana, mientras esperaba un bus en una estación ubicada cerca de mi casa, en el momento en que yo pasaba por la acera de enfrente, un hombre que se encontraba muy cerca de él increpaba a otro diciéndole: “Para qué te quitaste del semáforo. Si te hubieras quedado ahí lo habríamos agarrado. Míralo, que ahí viene”. El testigo dice que eran personas bien vestidas, uno de 30 años y el otro de unos 40, que además, para llevar un justificativo de que habían estado en el lugar de los hechos, uno de ellos me tomó una foto con su celular. El testigo agregó que en su opinión era gente que llevaba malas intenciones.

-¿De dónde provienen estas acciones y amenazas?

-Durante la década de los 80, Estados Unidos promovió una guerra de baja intensidad en Centroamérica para contrarrestar las insurrecciones populares de la época, Para eso instauró la Doctrina de la Seguridad Nacional cuya aplicación en Honduras dejó miles de cadáveres, desaparecidos y torturados. Los “equipos de tareas” que se montaron entonces han seguido funcionando, con fluidas relaciones con la embajada de Estados Unidos y a menudo integrados por funcionarios de los organismos de seguridad del Estado. Así fue que asesinaron el año pasado a la compañera Altagracia Fuentes, dirigente obrera, cuya muerte no ha sido esclarecida.

-¿Qué acciones han tomado?

-Hemos denunciado este hecho al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, quien nos aseguró que la trasladaría a los organismos internacionales, y agradecemos la preocupación de la UITA para que esta denuncia tenga también carácter internacional. Nuestra situación aquí para todos los militantes sociales y políticos es de mucha fragilidad, ya que no podemos confiar en los servicios oficiales de seguridad. Cómo será el asunto que hasta el presidente de la República, Manuel Zelaya, tiene un servicio propio de seguridad porque no confía en el de la Presidencia. Esta denuncia la presentamos también junto a Bertha Oliva, presidenta de la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos, quien también sufrió amenazas recientemente.

-¿De dónde piensas que provienen estas amenazas?

-De la ultraderecha de este país que sigue utilizando a estos grupos de manera totalmente impune. Si hasta mataron al edecán del Presidente, y nadie ha investigado realmente el crimen. Hay que tener en cuenta que recientemente hemos tenido un fuerte conflicto en SabMiller, y hemos participado con el Bloque Popular y la Coordinadora de Resistencia Popular en varias movilizaciones multitudinarias contra el Fondo Monetario que quiere trasladarnos la crisis de Estados Unidos para acá. Aquí se matan dirigentes y activistas y nadie investiga. Hasta inventan causas por las que dicen ellos que te mataron, pero nunca dicen que son en realidad crímenes políticos, para intimidar al movimiento social y popular, para evitar que estos países se democraticen. Estas y otras actividades son las que venimos realizando, y seguiremos en ellas sin tener en cuenta las amenazas e intimidaciones.