|
Sirel dialogó con el vicepresidente de la Federación de Trabajadores en la
Agricultura de Rondônia (FETAGRO), Fábio Menezes, quien comentó acerca de la
actual situación del presidente del Sindicato de Trabajadores Rurales de Vilhena,
Udo
Wahlbrink y de la inminente necesidad de que el gobierno de su país intervenga
para poner fin a los atropellos y a la violencia en el campo.
-¿Cuál es la
situación del presidente del Sindicato de Trabajadores Rurales de Vilhena?
-El
pasado día 5 de agosto se cumplieron 5 meses de la injusta prisión del
presidente del Sindicato. Y la situación de Udo no se resuelve, a pesar
de todas las denuncias que hemos realizado junto a la CUT, a la CONTAG,
a los medios nacionales e internacionales y al Congreso Nacional.
Udo
continúa preso al igual que otros tres líderes agrarios, y no ha importado los
múltiples indicios de que hubo un abuso de poder por parte de las autoridades
policiales y judiciales de la localidad de Vilhena.
Para
graficar la situación, la Policía local emitió una nota donde dice que después
de apresar al líder agrario, los conflictos por la tierra en la zona se
terminaron. Está claro que la detención de Udo, es una decisión política
que responde a los intereses del agronegocio.
|
La
falta de una política de distribución de la tierra en esta región,
es el origen de que los trabajadores rurales estemos actualmente en
esta situación de vulnerabilidad frente al poder del agronegocio que
ha copado la zona. |
-¿Qué otras
acciones está llevando adelante FETAGRO?
-El pasado 2 de
agosto mantuvimos una reunión con el Defensor del Pueblo y el presidente de la
Comisión Nacional de Combate a la Violencia en el Campo, Gercino José da
Silva Filho.
En esta reunión
la Federación protocoló ante el ombudsman, el informe de la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara de Diputados y todos los documentos donde denunciamos el
conflicto agrario y las amenazas que recibiera Udo.
Nuestro objetivo es que este informe se derive al Consejo Nacional de
Justicia (CNJ).
Partiendo de la base que
para la Comisión de Derechos Humanos, como para nuestra Federación y varias
organizaciones sociales, la prisión de Udo se debe a un acto de criminalización
de la lucha por la tierra.
Por
otra parte, durante esta semana se estarán realizando una serie de medidas, que
tienen la finalidad de sensibilizar al Supremo Tribunal de Justicia (STJ)
para que juzgue el pedido de habeas corpus de Udo, que hace varios días
está a consideración de las autoridades judiciales.
Esperamos que debido a la
amplia repercusión del caso tanto en Brasil como en el exterior, el compañero
sea prontamente liberado.
-¿Este tipo de abusos es
común en Brasil?
-Lamentablemente este tipo de acciones abusivas por parte de la Policía no es
exclusividad de Vilhena.
Las
denuncias de los trabajadores rurales de diversas localidades del estado, no son
tomadas en cuenta ni investigadas a pesar de las incontables denuncias que hemos
realizado a la Secretaría de Seguridad Pública del estado y al Supremo Tribunal
de Justicia. Hace mucho que los trabajadores estamos pidiendo socorro y no
somos escuchados.
La falta de una
política de distribución de la tierra en esta región, es el origen de que los
trabajadores rurales estemos actualmente en esta situación de vulnerabilidad
frente al poder del agronegocio que ha copado la zona.
|
Es
fundamental que el gobierno brasileño retome las tierras y apueste a
un modelo de desarrollo basado en la agricultura familiar, porque no
hay forma de producir alimentos y superar la pobreza en el campo,
sin reforma agraria. |
Todas las tierras
donde actualmente hay conflicto agrario, son tierras públicas, de la Unión
(gobierno federal), que fueron destinadas de forma irregular o no fueron
destinadas y permanecen en manos de grandes latifundios. Y al mismo tiempo,
existen casos de parcelas que están esperando hace más de seis años ser
legalizadas para la reforma agraria.
Entonces
considero que la única forma de que se termine con este tipo de conflictos es
que el gobierno federal, de una buena vez, retome las tierras públicas que están
en manos de privados y las destine a la Reforma Agraria.
Sólo en el
estado de Rondônia, hay más de 4.000 familias que están asentadas, esperando por
una parcela de tierra para trabajar y más de 200 mil personas en todo el país.
Es sumamente
necesario denunciar esta situación y en este punto aprovecho para agradecer a la
Rel-UITA, que ha dado y continúa dando una difusión internacional al tema del
conflicto agrario y la violencia en el campo.
Es fundamental
que el gobierno brasileño retome las tierras y apueste a un modelo de desarrollo
basado en la agricultura familiar, porque no hay forma de producir alimentos y
superar la pobreza en el campo, sin reforma agraria.
El pasado
censo realizado en Brasil, demostró que el 70 por ciento de los alimentos que
llegan a la mesa de los brasileños provienen de la agricultura familiar,
entonces el gobierno tiene que definir en qué modelo de producción quiere
apostar, si en la producción de alimentos o commodities para el
agronegocio. Si opta por esto último, será muy difícil erradicar la violencia en
el campo.
|
