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El
caso Anthony Fashions
Anthony Fashions, filial de la empresa
de Metrix Computer Cutting Inc., que tiene su base en
New Jersey, Estados Unidos, inició sus actividades en
1998 en la zona de libre comercio San Bartolo. El 29
de diciembre de 2002, la empresa anunció que
suspendería la producción por falta de pedidos de las
firmas estadounidenses Liz Claiborne y Leslie Fay. La
empresa no pagó los salarios ni el aguinaldo al final
del año a los 700 trabajadores. Los sueldos anteriores
(pero no los aguinaldos) fueron pagados el 30 de
diciembre, y el 6 de enero la empresa anunció que
cerraría definitivamente. Al mismo tiempo, la empresa
se reorganizó con un nombre nuevo. Anthony Fashion
tampoco había dejado de pagar las contribuciones de
pensión y el seguro social que la ley exige desde 13
meses antes de cerrar. Los trabajadores han entregado
320 quejas a las cortes por las contribuciones no
pagadas. El Ministerio de Trabajo proveyó a los
trabajadores con la documentación de las
contribuciones de seguro social no pagado y de las
contribuciones de pensión, pero no estableció la falta
de pago de los aguinaldos ni les proporcionó la
documentación certificada correspondiente. Sin ella,
los trabajadores fracasaron en sus reclamos legales
contra la empresa.
Los inspectores laborales exhibieron
ante los trabajadores una copia de la carta de una
representante del dueño de la fábrica al Ministro de
Trabajo pidiéndole que no entregaran la documentación
a los despedidos ni al sindicato. La carta dice, en
parte:
“Es importante decirles que gente
malintencionada usa la prensa para generar propaganda
negativa contra mi representado [Anthony Fashion];
estas personas supuestamente sindicalistas no tienen
nada que ver con la empresa que represento, ni
siquiera trabajan allá. Es por esta razón que les pido
ordenar a sus asistentes usar la discreción apropiada
con respecto a la información que esta empresa da al
Ministerio, porque si dicha información cayera en
malas manos, estaría provocando que la situación de la
empresa fuera aún más complicada y llegara un punto
donde la empresa no podría sobrevivir
financieramente.”
La negativa a entregar la información a
los trabajadores sobre los aguinaldos no pagados fue
reiterada el 17 de enero por el viceministro, que
amenazaba con sancionar a los inspectores que habían
dado la información oralmente. Esto es una violación
del derecho legal de los trabajadores a tener acceso a
una copia de los resultados de la inspección.
El 19 de marzo, la Procuraduría General
de la República informó al sindicato que 298 casos
corrían el riesgo de ser declarados inadmisibles
porque el dueño de la empresa estaba fuera del país.
El sindicato explicó que no podría tomar la acción
legal para trabar un embargo contra la propiedad de la
empresa porque la denegación del Ministerio de Trabajo
para entregar la información al Procurador General lo
obstaculizaba legalmente. A pesar de que el inspector
general de Trabajo prometió proporcionar la
información, el sindicato supo que estaban vendiendo
el equipo de la planta a otras empresas en la zona
franca. El sindicato apeló a la Asamblea Legislativa
para obligar al embajador salvadoreño en Estados
Unidos a ubicar al dueño de Metrix Computer Cutting.
Según el informe de Human Rights Watch de diciembre de
2003 y la evidencia recogida por CEAL, la demanda
criminal de los trabajadores contra la empresa por
retener sus aguinaldos fue declarada inadmisible por
falta de evidencia. Hay un vínculo claro entre la
negligencia intencionada del gobierno y la impunidad
que disfrutaba Anthony Fashions.
Durante el período en que duraron sus
operaciones en la zona franca de San Bartolo, la
empresa Anthony Fashions fue conocida como una de las
que violaba más gravemente los estandartes laborales y
las condiciones básicas de trabajo. Mientras la
empresa deducía los pagos del seguro social de los
salarios de los trabajadores, desde julio de 2001 no
los trasladaba a la administración del seguro social.
Antes del cierre de diciembre 2002 fueron denunciados
ante la Procuraduría General de la República más de 50
casos de trabajadoras embarazadas que no podrían
obtener los servicios de salud en el sistema del
seguro social porque la empresa no había pagado las
contribuciones correspondientes. A pesar de los
cientos de quejas presentadas contra Anthony Fashions,
las autoridades no hicieron nada contra la empresa
mientras estaba funcionando, dejando a los
trabajadores sin opciones cuando esta cerró. Según
Human Rights Watch, “El que no lo hiciera el gobierno
-no procesar los casos con atención, no reportar la
evidencia de tales violaciones inmediatamente al ISSS
para que pudieran ser investigadas y no crear un
mecanismo que permitiera a los trabajadores afectados
obtener acceso a las clínicas – viola el derecho a
salud de los trabajadores”.
El Ministerio de Trabajo, en el caso de
Anthony Fashions, no permitió la participación de los
trabajadores en las visitas de inspección, no entregó
a los trabajadores los resultados de las inspecciones,
necesarios para probar la responsabilidad de la
empresa, no tomó decisiones en asuntos de su
jurisdicción y no reportó a las autoridades del seguro
social la evidencia de las violaciones a la ley. Este
caso demuestra que las autoridades no han enfrentado a
los peores violadores de la ley y no adoptaron las
medidas correctivas antes de que acontecieran las
violaciones más graves o la pérdida completa de la
fuente de empleo, como pasó en Anthony Fashions.
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