Decenas de organizaciones marcharon por tercera vez en San Pedro Sula para reclamar a la empresa privada el respeto al decreto presidencial que elevó el salario mínimo de un 60 por ciento y para llevar su apoyo incondicional a la lucha de los trabajadores del STIBYS. El día siguiente se reunieron en la capital Tegucigalpa para analizar el contexto actual y buscar una plataforma común frente a los comicios del próximo mes de noviembre.

Carlos Amaya

José Luis Baquedano

Frente a la ofensiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) que sigue impulsando una política de rechazo al aumento dictado por el presidente Manuel Zelaya, el Bloque Popular (BP), la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP), las principales centrales sindicales del país y otras decenas de organizaciones sociales han decidido seguir con sus movilizaciones, hasta lograr el cumplimiento del decreto y el rechazo por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de los más de 200 recursos de amparo presentados por los empresarios.

Frente a una impresionante afluencia de gente que rebasó la capacidad de los locales del edificio del STIBYS en la capital hondureña, Carlos Amaya, representante de la CNRP, analizó el contexto político y económico que vive el país.

“Hoy Honduras atraviesa un momento particularmente dramático, signado por el fin de todo un modelo de acumulación capitalista que sirvió por más de cien años: la famosa república bananera, donde todo lo que ocurría en el país estaba dictado por los intereses de las compañías bananeras y por los políticos liberales y nacionalistas que les servían a estos intereses.

La burguesía hondureña –continuó Amaya– no encuentra un nuevo modelo que permita desarrollar nuestro país y allí están las cifras: más de un millón de hondureños tuvieron que irse del país por el desastre de una política económica y social de la clase dominante. La falta de un modelo por parte de la burguesía provocó el colapso del Estado y tenemos niveles de corrupción jamás vistos antes. Los campesinos luchando por un pedazo de tierra han sido asesinados, encarcelados y perseguidos sin encontrar el respaldo de ninguna institución”.

En este contexto dramático se enmarca la lucha por el salario mínimo.

“Los empresarios en estos días están utilizando miles de mecanismos para no pagar a los trabajadores el salario mínimo, que de todas formas sería solo una mínima parte de lo que históricamente les han robado a la clase trabajadora, que está siendo amenazada con despidos masivos”, concluyó el representante de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular.

El papel de los movimientos sociales

Frente a esta realidad, los movimientos sociales que aglutinan a un sinnúmero de organizaciones populares se han venido levantando para exigir sus reivindicaciones, construyendo espacios unitarios.

Como comentó a Sirel el fiscal y asesor legal de la Confederación Unitaria de los Trabajadores de Honduras (CUTH), José Luis Baquedano, “En estos últimos meses hemos marchado tres veces para pedir el respeto al decreto presidencial 374-08 y también hemos presentado un documento a la Corte Suprema de Justicia, en el cual desvirtuamos todos los argumentos que plantea la empresa privada en cuanto a la supuesta violación de garantías constitucionales. Nos reunimos también con los magistrados de este poder del Estado para plantearles nuestro punto de vista y exigiéndoles, al mismo tiempo, que emitieran un fallo apegado a derecho respetando los derechos adquiridos por los trabajadores”, manifestó Baquedano.

Según datos de la CUTH, el 65 por ciento de las grandes empresas ya estarían pagando el nuevo salario mínimo, mientras entre las empresas medianas y pequeñas ese porcentaje baja sensiblemente, alcanzado solo el 30 por ciento.

Una maniobra que están usando los empresarios para burlar el decreto presidencial es atemorizar a los trabajadores para que acepten negociar a nivel interno el nuevo salario, lo cual es violatorio del artículo 3 del Código del Trabajo.

“Es algo que, además de ser ilegal, es también vergonzoso, ya que pese al aumento el salario no llega a cubrir ni el cien por ciento de la canasta básica y esto no permite a la gente desarrollarse dignamente. Frente a esta situación hemos logrado alcanzar una unidad granítica entre todos los sectores y organizaciones populares y ese derecho no lo vamos a perder y lo vamos a defender tanto por la vía jurídica como en las calles”, aseveró Baquedano.

Pese a las dificultades, el Ministerio de Trabajo comenzó ya una serie de inspecciones para averiguar si las empresas están pagando el nuevo salario y se está esperando que la CSJ se pronuncie de manera definitiva sobre los recursos que presentaron los empresarios.

Salomón Batres, subdirector general de Trabajo,  aseguró a Sirel que “lamentablemente la Inspectoría del Trabajo no cuenta con el personal suficiente para monitorear el cumplimento del decreto presidencial por parte de las empresas. Hacemos lo que podemos –continuó Batres– aunque el gobierno de Honduras tiene como objetivo aumentar el número de inspectores, para poder ampliar la cobertura sobre todo en las regiones menos pobladas. Ya este año el presidente Zelaya hizo una asignación presupuestaria extraordinaria a la Secretaría de Trabajo, dedicada a las inspecciones para mejorar los salarios y extender nuestras labores a nivel nacional”.

Según Batres ya se detectaron varias empresas que han violado el decreto y si no rectifican su actitud van a ser sancionadas. Sin embargo, los movimientos sociales piden que las multas sean elevadas, ya que hasta el momento se trata de cantidades que rondan los 50 dólares, lo cual resulta insignificante para las empresas y al mismo tiempo, una burla para los trabajadores.

“La empresa privada está tratando de romper el orden legal y ha caído en desacato y esta situación es el reflejo de la actitud de una clase empresarial que está acostumbrada a pisotear los derechos de los trabajadores. El caso de SABMiller es un claro ejemplo de ello.  Esa empresa –aclaró el líder sindical de la CUTH– ha venido violentando sistemáticamente el convenio colectivo y los derechos de los trabajadores, utilizando también el mecanismo de la tercerización para no asumir las responsabilidades que tiene en cuanto a la seguridad social y las prestaciones. En los días pasados el STIBYS lo que hizo fue simplemente tomar acciones a fin de garantizar que los derechos no se siguieran violentando. Juntos con otras organizaciones sindicales y populares, la CUTH ha apoyado al STIBYS y lo vamos a seguir haciendo hasta que la empresa deponga sus actitudes antiobreras”, concluyó Baquedano.