Honduras

Denuncia de SITRAINA

Nota de Rel-UITA al Presidente de la República de Honduras

 

Regional Latinoamericana
Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación,
Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (Rel-UITA)


   

Comité
Ejecutivo
Latinoamericano:


Presidente
Argentino Geneiro
UTHGRA
Argentina

Vicepresidenta
Neuza Barbosa
CNTA
Brasil

Carolina Llanos
UATRE
Argentina

Héctor Ponce
ATILRA
Argentina

Silvia Villaverde
FAOPCHPYA
Argentina

Alberto Broch
CONTAG
Brasil

Siderlei de Oliveira
CONTAC
Brasil

Luis A. Pedraza
UNAC
Colombia

Guillermo Rivera
SINTRAINAGRO
Colombia

Edwin Ranchos
FESTRAS
Guatemala

Gerardo Iglesias
Secretario Regional

 

Montevideo, 13 de junio de 2008

 

Presidente de Honduras

Señor José Zelaya Rosales

 

 

Señor Presidente:

 

Hemos sido informados por nuestra afiliada, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA), acerca del alevoso asesinato de Irene Ramírez, dirigente del Movimiento Campesino del Aguan, perpetrado en la madrugada del jueves 12 sin que hasta ahora haya ninguna acción policial o judicial conocida que apunte a investigar seriamente el crimen.

 

Esta muerte se suma a otras de dirigentes campesinos, como el asesinato hace ya tres años de Edickson Roberto Lemus, secretario general de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), regional de El Progreso Yoro; el homicidio en 2007 del dirigente de la Unión Nacional de Campesinos (UNC) Lizandro Guzmán; y en mayo pasado la muerte del dirigente de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH) Israel García.

 

Por otra parte, también hemos sabido que un grupo de 14 campesinos fueron desalojados con violencia extrema del asentamiento donde vivían en Santa Rosa de Copán, y que hasta ayer eran mantenidos en prisión sin aparente intervención judicial, acusados por un terrateniente local del muy dudoso cargo de “usurpación de tierras”.

 

Esta escalada de violencia está motivada por la actitud criminal y antidemocrática de grupos de poder locales formados por terratenientes, verdaderos “consorcios para el delito”, que sirviéndose de sicarios y de grupos armados semiclandestinos intentan defender sus privilegios ilegales. Muchos de estos latifundistas, incluso, reclaman derechos de propiedad sobre tierras fiscales que ellos han invadido y usufructuado para su propio y único beneficio.

 

Además de que estos repudiables asesinatos y persecuciones constituyen actos criminales, ellos pretenden torcer la legalidad vigente en Honduras, ya que persiguen que no se aplique el Decreto de Expropiación Forzosa aprobado recientemente por el gobierno. Este Decreto viene a regularizar los asentamientos campesinos que desde hace 40 años reclaman su legalización, y que surgen de la crítica situación económica en la que se encuentra el campesinado hondureño.

 

Los campesinos organizados vienen luchando desde hace décadas para que se les reconozca el derecho a un pedazo de tierra donde trabajar, vivir y mantener a sus familias. Ninguno de estos asentamientos reclama más de 110 hectáreas y están integrados en promedio por 15 familias, mientras que los latifundistas que siembran el terror y escandalosamente pretenden presionar al gobierno, disponen de miles de hectáreas, a menudo improductivas.

 

El reclamo de los campesinos no sólo es legal por encontrarse amparado en el Decreto mencionado, sino que también es legítimo, moral y éticamente correcto, además de económicamente conveniente, ya que estos grupos de campesinos son parte esencial del sector agrícola de base que aporta alimentos localmente producidos y vendidos a precios justos en el mercado interno.

 

En nombre de la UITA, junto a nuestras 373 organizaciones afiliadas en 121 países, expresamos la más enérgica condena a la violencia, los asesinatos y las presiones de los terratenientes antidemocráticos que están en el origen de estos crímenes, al tiempo que reiteramos nuestra decisión de mantenernos férreamente solidarizados con las luchas de los campesinos y campesinas hondureños, especialmente por aquellos que hoy son agredidos y perseguidos.

 

Por eso, junto con ellos y el SITRAINA, reclamamos la inmediata y rápida aplicación generalizada del Decreto de Expropiación Forzosa oportuna y justamente dictado por el Poder Ejecutivo, y el fin de la impunidad para los asesinos de luchadores campesinos en Honduras.

 

 

 

 

Gerardo Iglesias

Secretario regional UITA

 

 

C/c: SITRAINA / Organizaciones afiliadas en la región / UITA-Ginebra

  

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Rel-UITA

               16 de junio de 2008

 

 

 

 

  

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