Al hacer un balance de la paralización que se llevó a cabo el 18 y 19 de febrero, Antolín Huáscar Flores, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), sostiene que la movilización fue exitosa, aunque lamentó las muertes de “cuatro compañeros, tres de ellos asesinados por la Policía”.

 

En Barranca, a 194 kilómetros al norte de Lima, el lunes 18 Julio Rojas Roca murió al ser baleado en la cabeza, mientras que el martes 19, al sudeste de Lima, en Ayacucho, Rubén Pariona cayó muerto al ser alcanzado por dos balas, una le atravesó la cabeza; a pocos metros de él, con tres perforaciones en el cráneo, murió Emiliano García. Ese mismo día, en Arequipa, otro campesino murió luego de caer a un barranco de diez metros, mientras huía de la Policía.

 

El presidente de la CNA rechazó las declaraciones que vienen haciendo autoridades de gobierno,  acusándolos de revoltosos y vándalos. “El gobierno no quiere atender nuestras demandas, no quiere conversar, y cuando nos movilizamos nos reprimen y ahora hasta nos matan”, dijo a Sirel el dirigente campesino.

 

Para Huáscar, el ministro del Interior Luis Alva Castro debe responder por esas muertes y por la violencia con que fueron reprimidos los manifestantes. El dirigente sindical reclamó su renuncia por ser el responsable político de los decesos. Asimismo, desmintió las explicaciones que diera Alva Castro sobre las causas de las muertes de los comuneros.

 

“No fueron perdigones los que mataron a los campesinos, fueron balas disparadas por los policías; el Ministro ha dicho en el Congreso que fueron perdigones y sugirió que los campesinos eran los responsables. Esas muertes no deben quedar impunes y la fiscalía debe apresurar las investigaciones y sancionar a los responsables”, agregó.

 

Al igual que el dirigente campesino, las autoridades regionales, locales y organizaciones sociales de Ayacucho rechazan las afirmaciones hechas en el Congreso de la República por el titular del Interior sobre la muerte de los dos campesinos ayacuchanos, y mediante un pronunciamiento público afirman que las declaraciones son tendenciosas y dañan la imagen y la dignidad de la región de Ayacucho.

 

En el comunicado suscrito, entre otros, por el presidente Regional, Ernesto Molina Chávez, el alcalde de la Municipalidad provincial de Huamanga, Germán Martinelli Chuchón, el coordinador de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, Francisco Chamberlain, y la Madre Covadonga, reclaman además la derogación del Decreto Legislativo Nº 982 por ser anticonstitucional y solicitan una solución para las demandas de los productores agrarios de todo el país.

 

El referido Decreto Legislativo permite que los policías o militares usen libremente sus armas contra los manifestantes. Señala que la persona que marcha es un “extorsionador” que puede ir a la cárcel hasta por 25 años y que las autoridades que apoyen las huelgas también serán sancionadas por el delito de extorsión.

 

Sin bajar la guardia

 

De otro lado, Huáscar informó que se ha reunido con la Comisión de Agricultura del Congreso para insistir en la aprobación del proyecto de ley 1.235, ley del Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria (PREDA) con las modificaciones presentadas por la CNA en audiencia pública realizada en el 22 de octubre de 2007.

 

Sin embargo, se muestra escéptico debido a que esta norma atentaría contra los intereses de los banqueros. También expresó su preocupación por los efectos nefastos que tendrían para las comunidades campesinas y amazónicas si se convierten en ley los proyectos 1770/2007-PE y el 1990/2007-PE presentados por el Ejecutivo.

 

Explicó que estas iniciativas van en contra de las comunidades, el proyecto de ley 1770/2007-PE busca establecer el régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios rurales, comunidades campesinas y nativas, desconociendo los títulos de propiedad de las comunidades debidamente inscritos en los registros públicos, mientras que la 1900/2007-PE propone declarar de interés público y de prioridad nacional la titulación, registro y rectificación de predios rurales individuales, comunidades campesinas y nativas.

 

Por esta última disposición, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) estaría facultado para realizar “de oficio” la identificación, conversión y/o rectificación de linderos y medidas perimétricas de las tierras de las comunidades campesinas, emitiendo nuevos planos sobre las tierras ya registradas.

 

Huáscar recordó que la paralización fue convocada en defensa de agro peruano y que el bloqueo de carreteras es una medida utilizada por los campesinos para llamar la atención del gobierno y de la ciudadanía sobre sus demandas.

 

Para Huáscar, la última palabra aún no ha sido dicha, y anuncia una paralización para abril si el gobierno de Alan García no se pronuncia en torno a las medidas que implementará para proteger al agro después de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) y no atiende su plataforma de lucha.