"Negros de m..., se van de acá o les voy a pegar un tiro a los dos". Parece que habláramos de un mensú o un peón de la jangada, enfrentado a un capataz irascible, pero no, el episodio se desarrolló hace muy pocos días en una chacra citrícola ubicada en la periferia salteña. Un encargado de cuadrilla de cosechadores, subcontratado por la empresa Coraler SA, del poderoso grupo Caputto Hnos, quien acostumbra a exhibir armas de fuego, intenta con sus amenazas y despidos amedrentar a un delegado sindical del SUDORA y a su compañero. El intento es claro: desarticular cualquier organización de tipo sindical que reclame por los derechos de los trabajadores descabezando en las cuadrillas a sus representantes y voceros.

Conversando con Juan Ricardo Machado, el delegado sindical del SUDORA en la cuadrilla, y con Felipe Carballo, integrante de la UNATRA, se puede conocer el alcance de una actitud empresarial que desconoce los derechos de los trabajadores consagrados por la Constitución de la República, por la normativa vigente y también amparados, inclusive, por los propios acuerdos firmados con la empresa ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La modalidad de tener un delegado sindical en cada cuadrilla debió ser adoptada por el SUDORA, (Sindicato Unico de Obreros Rurales y Agroindustriales) ante la forma en que la empresa del grupo Caputto Hnos realiza la tarea de cosecha. En esta actividad se involucra a más de un millar de cosechadores. Antiguamente la subsidiaria del grupo Caputto Hnos, Coraler SA, era la que contrataba a los trabajadores zafrales para la cosecha y allí el sindicato dialogaba directamente con la patronal. Desde hace seis años la recolección fue tercerizada, realizándola a través de empresarios unipersonales, subcontratistas de Coraler SA. Desde ese entonces el SUDORA debió constituir la modalidad del delegado por cuadrilla como forma de evitar la dispersión de sus afiliados y siempre se ha encontrado con la dura oposición de los subcontratistas, gente de confianza de Coraler SA, quienes se niegan a reconocer al sindicato. Ello generó, inclusive, desde muchos años atrás la confección de "listas negras" en las cuales se ubicaba a los activistas sindicales y no se los volvía a contratar en ninguna cuadrilla.

Ser dirigente sindical dentro de ese contexto no es sencillo. Se corre el riesgo permanente de ir a la "lista negra" y que nadie más le dé trabajo. Pero hay gente que se anima y uno de ellos es Juan Ricardo Machado, quien el pasado lunes 4 de abril le fue a reclamar al encargado de la cuadrilla, Luis Martínez Vital, por cuatro compañeros que habían sido desdeñados por este a la hora de convocar a los "peludos" al trabajo. "Recientemente -explicó Machado- se organizó el Sindicato, siendo yo uno de los delegados del mismo, todo lo cual fue oportunamente notificado al Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social, siguiéndose los trámites pertinentes. Lo que ocurre es que están tratando de dejar afuera a todos los que hicieron el paro los días 23 y 24 de marzo. Se deja gente vieja en el oficio y se contrata a otros nuevos. Cuando fui a reclamarle a Martínez Vital, el subcontratista, por la situación, comenzaron los insultos, desde decirme que no reconocía al SUDORA, ni a mi como representante sindical, hasta meterse con el color de mi piel y llamarme ''negro de m....'. Lo peor de todo es que nos amenazó con 'pegarnos un tiro' a mi y a otro compañero que se acercó a hablar con él. El acostumbra a portar arma de fuego y la exhibió en más de una oportunidad".

Asegura el dirigente del SUDORA que "obviamente el tema generó nerviosismo y preocupación tanto a mi como a mi compañero, temiendo por su parte la situación pase a mayores de no tomarse las medidas del caso en tiempo. Martínez Vital mantuvo en todo momento una actitud de llamativa y preocupante agresividad, debiéndose tener especialmente en cuenta que en forma permanente se encuentra armado. Nosotros optamos por retirarnos y después presentamos la denuncia ante la Seccional Quinta de Policía y fuimos a declarar ante la Justicia acerca de lo ocurrido".

Actualmente Juan Ricardo Machado Machado y Angel Curbelo se encuentran cesados y se les hizo la liquidación por su despido, pero según explicó Carballo, representante en Salto de la UNATRA (Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines), "estamos trabajando por la reincorporación del delegado sindical y su compañero, además del pago de los jornales que no pudieron obtener por estar despedidos".

Carballo señaló que "hay una clara intención de la empresa de provocar un nuevo conflicto. Lo que hizo Martínez en su cuadrilla no es un hecho aislado, cosas similares ha ocurrido en otras cuadrillas. Se ha intentado dejar fuera a cosechadores con muchos años, pero que participaron en el paro del mes pasado y ponen a otros nuevos, buscando enfrentar a los trabajadores entre sí. No se respeta ni siquera el acuerdo firmado el pasado 28 de marzo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En ese convenio, en primer lugar se reconocía la presencia de un delegado sindical del SUDORA en las cuadrillas y se había acordado que se les pagaba 120 pesos fijos por jornal y que a partir del cajón número 20 que cosechara cada trabajador se le debía abonar 5,30 pesos más por cajón. Luego de firmado el acuerdo se les dijo, desconociéndolo, que se les iba a pagar 5,30 pesos el cajón y nada más. Eso no fue lo acordado en el Ministerio, y lo que representantes de Coraler SA y de los subcontratistas firmaron con el SUDORA y el PIT CNT".

"Creemos que existe claramente -agregó el representante en Salto de la UNATRA- la intención de amedrentar a cualquiera que pretenda reclamar sus derechos a través del sindicato. En ello hay una gran responsabilidad de la empresa matríz, que es Coraler SA, que utiliza a los subcontratistas para desconocer el acuerdo firmado. Además desconocen que ya fue al Parlamento una iniciativa del Poder Ejecutivo, mediante la cual se responsabiliza a la empresa principal por las irregularidades que cometan los subcontratistas. Todo esto es parte de una política planificada desde la empresa para desconocer los derechos del trabajador, sus reivindicaciones salariales y para destruir de plano cualquier intento de organización sindical"

En este momento la denuncia penal contra Martínez Vital está en el ámbito de la justicia y se espera que la magistrada actuante, doctora Beatríz Larrieux, emita un fallo ejemplarizante para disuadir a aquellos que con violencia pretendan desconocer los derechos sindicales garantizados por la Constitución de la República. Asimismo se espera una rápida accción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que los empresarios entiendan que los vientos de cambios también se deben producir en el ámbito de la relaciones obrero-patronales, no como una concesión bondadosa, sino como un derecho de que gozan los asalariados rurales.

 Diego Fernández

© Rel-UITA

13 de abril de 2005