El
pasado 29 de marzo se inició el proceso negociador entre el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria
Agropecuaria (SINTRAINAGRO) y el gremio de los productores
bananeros. La negociación se instala en un momento delicado
–hasta crucial– para el sindicalismo colombiano, y en medio
de la consolidación de un modelo agropecuario autoritario y
excluyente, ahora favorecido por el Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos.
Introducción
Historiar
la violencia en Colombia sin hacer referencia al pasado
reciente en Urabá, es tan impensable como lo sería el
abordaje de la lucha y los desafíos del movimiento obrero
colombiano desconsiderando la historia y la organización
sindical de las trabajadoras y trabajadores bananeros en
torno a SINTRAINAGRO.
En Urabá,
una región atribulada por la violencia –rica en
territorio y pobre en Estado– emergió un sindicato
que no sólo logró avanzar a pesar de los desgarros
infligidos por los grupos alzados en armas, sino que además,
con inteligencia y unidad, ha sabido blindar un Convenio
Colectivo para todo el sector bananero, en un país en el que
se observa un evidente “proceso de marchitamiento de la
negociación colectiva”, como lo denunciara el movimiento
sindical en ocasión de la visita de la
Misión de la OIT en octubre de 2005.
A inicio de
los noventa, cuando se galvanizó la violencia sobre todo en
Urabá –donde tuvo su expresión más radicalizada– se
efectuó en Colombia una serie de reformas económicas y
políticas con el afán de encuadrar al país bajo las órdenes
del neoliberalismo. Esto se tradujo en la instrumentación de
medidas que impactaron muy negativamente, entre otros, en el
mundo del trabajo, profundizándose un proceso sistemático de
precarización laboral y desprotección para los trabajadores,
al tiempo que el desempleo se incrementó a niveles inéditos.
El país
comenzó a transitar por una senda contraria a los principios
rectores consagrados en la Constitución de 1991, acelerando
la agudización de la exclusión y la desintegración social,
de la inequidad en la distribución del ingreso y promoviendo
una mayor concentración de la riqueza. “El país sufrió un
proceso de desindustrialización. Se reformaron
–desnaturalizándolas– las leyes laborales y se implementaron
sistemas privados de seguridad social, se promulgó la Ley
100 que le quitó a los trabajadores estabilidad y hoy, 16
años después, el país se ha empobrecido y la desigualdad ha
crecido”, comentó a Rel-UITA Hernán Correa,
vicepresidente de la CUT y secretario general de
SINTRAINAGRO.
Como
veremos más adelante, por ese camino perdió el grueso de la
sociedad y perdió Colombia como Nación en la salvaguardia de
su soberanía alimentaria.
Urabá en los 90
La esquina más violenta del mundo
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“…a Urabá se le mira casi siempre, con el
enfoque del horror de la masacre que
acaba de ocurrir y a la espera de la
siguiente…”
(1995) |
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De 1990 a
1995 se produjeron unas 170 mil muertes violentas en
Colombia. Canadá, con una población similar a la de
Colombia, registró en 1990 apenas siete homicidios por arma
de fuego contra 25 mil en Colombia. En este escenario
convulsionado y caótico, Urabá era la región más
afectada por la espiral de violencia que sacudía los
cimientos de la propia nación. Allí confluyó una
multiplicidad de actores violentos, cuya polaridad de
intereses generó un enmarañado entrecruzamiento de
conflictos sociales y bélicos.
En Urabá,
la región arrinconada contra el noreste colombiano, se
producía el mayor número de masacres, de homicidios
selectivos y de desplazamientos forzados de todo el país.
Allí se resumían, como en un microcosmos, todos los hechos y
dramas de violencia de Colombia: secuestros, torturas,
desplazamientos, asesinatos, retaliaciones y masacres. Fue
un punto de encuentro de diferentes actores de violencia:
narcotraficantes, contrabandistas, paramilitares,
guerrillas, ejército y sicarios que por 10 o 15 dólares
asesinaban a cualquiera.
En 1995 más
de 700 personas fueron asesinadas en la región, de las
cuales 111 eran dirigentes y activistas sindicales, casi en
su totalidad de SINTRAINAGRO.
En esos
años, Guillermo Rivera, hoy presidente de
SINTRAINAGRO, solía comentar: “El principal problema que
tiene Urabá es la ausencia del Estado; esto es tierra
de nadie, una tierra abandonada a los grupos violentos”.
En la
región el sindicato era (es) la sede y base de la sociedad
civil, donde la gente llegaba para plantear los más diversos
problemas originados tanto por la violencia armada, como por
la violencia que genera la pobreza. Por aquellos años, 82
por ciento de la población presentaba necesidades básicas
insatisfechas y apenas 18 de cada 100 habitantes contaba con
los servicios básicos. Por esta razón, SINTRAINAGRO
fue un blanco permanente de los ataques de los grupos
armados. En menos de 20 años, el Sindicato perdió a
varios de sus principales dirigentes y numerosos activistas.
Se calcula que el número de asesinados superó las 400
personas.
La campaña
internacional de la UITA, “Urabá somos todos”,
que tuvo un despliegue mundial con actos públicos en las
principales ciudades de América Latina y Europa, fue
decisiva para quitar de la región el manto de silencio que
la sepultaba en la más oprobiosa impunidad. No hay una
organización afiliada a nuestra Internacional que no conozca
la lucha y las dificultades por las que atravesó
SINTRAINAGRO, porque todas, de una u otra manera,
hicieron sentir su voz solidaria con los trabajadores y
trabajadoras bananeras de Urabá.
Ser sindicalista en Colombia sin morir en el
intento
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“Los sindicalistas se han convertido
en blanco principal de la violencia,
acusados por las Fuerzas Armadas o sus
aliados paramilitares de actividades
revolucionarias. Asimismo, los grupos
armados de oposición, como las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), también han sometido a abusos
contra los derechos humanos a los
sindicalistas”.
Amnistía Internacional |
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Según la
Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en los años
noventa fueron asesinados 1.500 sindicalistas. Si bien
el número de asesinatos disminuyó en los últimos años,
Colombia continúa siendo uno de los países más violentos y
ostenta el ignominioso record de tener el mayor número de
sindicalistas asesinados. De enero a diciembre de 2001
fueron asesinados en Colombia 125 sindicalistas. En 2003, 72
sindicalistas de la CUT corrieron igual suerte. Para ese
mismo año, “siete de cada diez sindicalistas asesinados
en el mundo fueron colombianos”.
En 2004 la
CUT realizó un llamado de
“SOS a las organizaciones sindicales mundiales” para
que actuaran frente a la aniquilación del sindicalismo
colombiano. Convocada para el 15 de septiembre, la acción
tuvo por finalidad frenar la barbarie que se abatía sobre el
movimiento sindical.
En 2005
fueron asesinados 70 sindicalistas y más de 260 recibieron
amenazas de muerte. Los movimientos sindicales
colombiano e internacional exigieron a la
Misión de Alto Nivel enviada
por la OIT “El pleno respeto del derecho a la vida de
todos los ciudadanos y ciudadanas, de todos los trabajadores
y trabajadoras y de los afiliados a las organizaciones
sindicales y de sus dirigentes. No es aceptable –señaló el
documento– que con el argumento de una reducción en el
número de asesinatos, se reste gravedad al hecho de que
persiste una inadmisible violencia antisindical, y lo que es
peor, una casi total impunidad de los crímenes contra
sindicalistas. De acuerdo con un informe de la Fiscalía
General (17 de julio de 2003), sobre un total de 1.210
casos de violencia antisindical investigados, la impunidad
es del 99,4%”.
Debemos
agregar a esto el incremento de las detenciones arbitrarias
a sindicalistas. Esta situación también fue denunciada ante
la Misión de la OIT, concluyendo que tanto la
violencia directa como estas prácticas intimidatorias
“han conducido a que la tasa de sindicalización haya
descendido a niveles inaceptables con respecto a la
Población Económicamente Activa”.
Por su
parte, en su reciente artículo
“El sindicalismo en el punto de mira”, Amnistía
Internacional denunció que “desde 2000 han sido víctimas de
homicidio más de 750 sindicalistas, y al menos un centenar
más ha ‘desaparecido’. Sólo en 2005 fueron muertos o
‘desaparecieron’ 73 sindicalistas, y más de 200 recibieron
amenazas de muerte”.
Amnistía Internacional
coincide con lo expuesto por el movimiento sindical ante la
OIT acerca de las detenciones arbitrarias de
sindicalistas por las fuerzas de seguridad. “Estas
detenciones se han practicado a menudo sobre la base de
datos proporcionados por informantes militares a sueldo, no
de investigaciones imparciales de las autoridades
judiciales. Muchos de estos activistas han sido puestos
posteriormente en libertad por falta de pruebas, pero a
algunos los han matado o amenazado poco después de quedar
libres”, afirma la citada organización de derechos humanos.
En tal
sentido, la Unión Nacional Agroalimentaria de Colombia (UNAC)
y la Rel-UITA se dirigieron al Presidente de la
República en virtud de la detención ilegal y arbitraria de
seis dirigentes de la Unión Agroalimentaria y Pecuaria del
Caquetá, lo cual se suma al asesinato de
Reynel Duque Ramírez, dirigente comunal e
integrante del Comité de trabajo de la mencionada Unión, que
fuera encontrado sin vida el 15 de septiembre de 2005 en el
río Orteguaza y cuya muerte continúa impune.
En su misiva del 15 de marzo de 2006,
la UNAC y la Rel-UITA manifiestan que “El
asesinato impune del compañero Reynel Duque Ramírez,
y estas últimas detenciones, son parte de una política de
tierra arrasada que está despoblando las áreas rurales,
favoreciendo la concentración de tierras y profundizando los
procesos de empobrecimiento, inequidad y exclusión social.
Estamos empeñados en forjar procesos en los cuales converjan
la democracia y el desarrollo, con una concepción de
ciudadanía con capacidad de acción para transformar
positivamente la realidad. Buscamos el empoderamiento
ciudadano a través del ejercicio participativo, germinal y
crítico como antítesis del autoritarismo. Sin embargo,
parecería que las actividades de la UITA, la UNAC
y su seccional en Caquetá son una amenaza terrorista;
que nuestras labores para alcanzar la seguridad y la
soberanía alimentaria son consideradas banderas subversivas;
que nuestros esfuerzos desplegados para lograr una mayor
densidad social en el campo nos torna funcionales a los
grupos alzados en armas”.
Los sindicatos hoy,
¿y mañana?
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“El Convenio 87 relativo a la
libertad sindical y a la protección del
derecho de sindicalización; el 98, sobre
los principios de derechos de
sindicalización colectiva; y el 154
sobre el fomento de la negociación
colectiva, todos han sido adoptados por
el Estado colombiano y constituidos en
ley de la República, pero desconocidos y
violados por este gobierno y los
empresarios”.
Boris Montes de Oca, secretario general
de la CUT |
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La
población económicamente activa en Colombia es de 20,5
millones de personas, de las cuales 3 millones están
desempleadas. La “fuerza laboral debidamente vinculada al
sector formal de la economía asciende a 8 millones de
personas, el resto (61 por ciento) está en la informalidad”,
dijo a la Rel-UITA Jorge Villada, asesor de la CUT.
En el
informe 2005 de actividades de la CUT se señala que todas
las centrales sindicales y el sector no confederado,
aglutinan a 866.238 trabajadores y trabajadoras, dando como
resultado una sindicalización que ronda el 5 por ciento. El corte sectorial de los afiliados de la mayor central colombiana, la
CUT, revela que más del 60 por ciento de sus miembros
son empleados del Estado. “La CUT cuenta en la
actualidad con 564.523 afiliados y afiliadas, cuya mayoría
pertenece al magisterio y a la salud”. Esto hace que la
situación en el sector privado sea aún más calamitosa.
El sector
agrícola, por su parte, registra una tasa de sindicalización
del 1,8 por ciento del conjunto de la población ocupada.
Villada destaca que “al sector agropecuario están
vinculadas cerca de 4 millones de personas”, concluyendo que
es “uno de los sectores con mayores posibilidades para la
expansión del sindicalismo”.
Un estudio
del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad
Social de la Universidad Externado concluye que “En los
últimos años de la década de los 80 los sindicatos perdieron
más de 200.000 afiliados que nunca pudieron recuperar”.1
Desde otro
ángulo también se observan algunas deficiencias y
diferencias que desde hace décadas cohabitan en el seno del
movimiento sindical contribuyendo a su parálisis. El
presidente de la CUT, Carlos Rodríguez Díaz,
argumenta que “la escasa capacidad de respuesta del
sindicalismo obedece a su bajo nivel de representatividad,
que es proporcional al incipiente desarrollo del país. Pero,
866.000 trabajadores organizados en más de 2.800 sindicatos,
es sencillamente absurdo”. Y resalta la importancia de
“asumir el reto de persuadir a la dirigencia sindical del
país sobre la necesidad de transformar el sindicalismo. De
un sindicalismo fragmentado y disperso en pequeños
sindicatos, hacia sindicatos por rama de actividad económica
y de servicios que tengan una mayor representatividad y por
ende capacidad de negociación e incidencia política y
social”.
Gerardo
Iglesias y Luis A. Pedraza
© Rel-UITA
24 de mayo de 2006
1
El Espectador, Negocios. Ocaso Sindical.
Leonardo Rodríguez,
18/09/2005. Bogotá.
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