En la madrugada de hoy,
al límite de iniciarse la huelga, se firmó un nuevo
convenio colectivo entre el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO)
y el gremio de los productores bananeros. La negociación
se instaló en un momento delicado -hasta crucial- para
el sindicalismo colombiano, y en medio de la
consolidación de un modelo agropecuario autoritario y
excluyente, ahora favorecido por el Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos
La Convención Colectiva:
un derecho en vías de
extinción
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“El
gobierno trata de mostrar resultados
en materia de seguridad nacional,
pero con referencia al respeto a los
derechos laborales, a las libertades
sindicales, su política es pésima”.
Hernán Correa, vicepresidente de la
CUT |
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En 2004 las convenciones colectivas cobijaron
a 70 mil trabajadores, de los cuales 16 mil (23 por ciento)
son afiliados a SINTRAINAGRO. En 2005,
62 mil trabajadores se beneficiaron de la convención
colectiva. “Para la comunidad
internacional es incomprensible que el
instrumento de la negociación colectiva, mecanismo legal de
regulación de las relaciones laborales, se haya ido
debilitando, dejando a millones de trabajadores/as librados
a negociar de modo individual frente a los patronos”,
denunció el movimiento sindical ante la
Misión de la OIT.
“Mientras el gobierno argumenta que ha
avanzado en el tema de los DDHH, y exhibe estadísticas
económicas de inversión en la seguridad sindical, en
protección de dirigentes, vehículos y disminución de
asesinatos de dirigentes, no ha podido probar, sin embargo,
que Colombia haya avanzado en lo referido a la organización
sindical y negociación colectiva porque las cifras que
muestra el movimiento sindical son contundentes: cada vez
son menos los convenios y menos los trabajadores favorecidos
por ellos” (Luis Alejandro Pedraza, 2005).
Jorge
Villada,
en diálogo con la Rel-UITA, anticipa que la
situación será más nefasta: “De hoy a 2010 la negociación
colectiva en las antiguas empresas prácticamente va a
desaparecer por una razón simple: esos trabajadores tienen
incorporados en sus convenciones colectivas normas
especiales para la pensión de jubilación que lograron en
años anteriores. Pero el acto legislativo que impulsó este
gobierno, y que fuera aprobado el año pasado con el cuento
de reformar la seguridad social, incluye una norma que
prácticamente acaba con los regímenes especiales de pensión
de jubilación. Y establece en un artículo en concreto que a
futuro no se podrá negociar en las convenciones colectivas
de trabajo ningún punto referido a pensiones de jubilación.
Y que las que sí están en las convenciones regirán hasta
julio de 2010. Pero con un agravante, pues se establece que
esos puntos se mantendrán hasta que estén vigentes esas
convenciones. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si en un momento
dado denuncio la convención colectiva para negociar una
nueva, estaré dando por terminada su vigencia. El empleador
aprovechará para presentar un contra-pliego pidiendo se
quite el punto de las pensiones. Entonces la gente va a
preferir más bien prorrogar su convención, para que no
quiten esa conquista, máxime teniendo en cuenta el
‘envejecimiento’ de nuestra dirigencia sindical”.
Consultado
sobre la negociación de SINTRAINAGRO, Villada
respondió que “poder negociar colectivamente es un
privilegio en Colombia. El sindicato bananero sin embargo
negocia sectorialmente –si fuera empresarial debería
negociar 300 pliegos– que es lo que busca la CUT
ahora con los sindicatos por rama de industria. Y hoy
solamente SINTRAINAGRO negocia de esta forma, porque
ya incluso los trabajadores del sector eléctrico perdieron
la negociación sectorial”, explicó el asesor de la CUT.
Mucha tierra y poca
soberanía alimentaria
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“No
hay almuerzo gratis. Si no
tenemos capacidad para producir
nuestros alimentos, bienes y
servicios, más adelante tendremos
que comprarlos al precio que los
quiera vender el mercado”.
Ángel María Caballero |
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La Asamblea Nacional Constituyente de 1991
definió la seguridad alimentaria como “el grado de garantía
que debe tener toda población, de poder disponer y tener
acceso oportuno y permanente a los alimentos que cubran sus
requerimientos nutricionales, tratando de reducir la
dependencia externa y tomando en consideración la
conservación y equilibrio del ecosistema para beneficio de
las generaciones futuras”. Sin embargo, la adopción de la
apertura comercial en los años 90 marcó el rumbo en un
sentido contrario, provocando múltiples efectos negativos
que impactan en los ámbitos económico, social y político.
A partir de
entonces se genera un proceso de sustitución de los
productos locales por alimentos importados. Ángel María
Caballero, de la Asociación Nacional por la Salvación
Agropecuaria, señala que la lógica neoliberal es que “el
país debe importar alimentos baratos para bajar la
inflación, vengan de donde vengan. Para ellos, seguridad
alimentaria es ‘llenar las góndolas de los supermercados con
alimentos importados’. En nuestra organización afirmamos lo
contrario: lo más caro para un país es no producir,
porque las importaciones, por baratas que sean, destruyen el
empleo contrayendo la demanda y el desarrollo económico de
nuestra nación”.1
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En los
últimos 14 años la situación del agro colombiano
ha sido de crisis endémica. Las importaciones de
alimentos se triplicaron en este periodo. Según
cifras del Ministerio de Agricultura, en 1997
se sembraron 3,1 millones de hectáreas frente a
los 3,8 millones sembradas de 1990. Los
cultivos semestrales pasaron de 2,4 millones de
hectáreas en
1990 a
1,6 millones en 1997, reducción que produjo la
pérdida de 119.600 empleos. Las
importaciones en este período crecieron a un
ritmo anual de 26,8 por ciento, pasando del 15,5
por ciento del PIB
en 1990 al 46,9 por ciento en 1997, en tanto las
exportaciones solamente crecieron al 7,4 por
ciento anual. Estas cifras muestran un descenso
drástico de la producción que puede ilustrarse
con un ejemplo: de las 130 mil toneladas de
algodón que Colombia exportó en 1975 se
descendió a 4.707 en 1996 y a 427 en 1997.
Según
la Contraloría General
de
la República,
en 2000 el país se encontraba importando 6
millones de toneladas de alimentos, ocho veces
más que en la década anterior.
(Ángel Libardo Herreño. TLC con
Estados Unidos: El mito del eterno retorno. Año
2005.
Instituto Latinoamericano de
Servicios Legales Alternativos, ILSA) |
Como bien analiza Caballero, el modelo
emergente implicó una transformación en el sistema
agroalimentario nacional, donde mientras los grandes
conglomerados transnacionales tienden a ejercer un creciente
control sobre sectores clave de la cadena, “la sustitución
de campesinos por tecnología” expulsó en términos absolutos
la fuerza de trabajo, empujando al desempleo a miles de
productores familiares y trabajadores rurales en general.
Justamente “un rasgo característico de los noventa es el
crecimiento de la tasa de desempleo rural, que pasó del 4,76
por ciento en 1991 al 10,4 por ciento en 2000”.
Si bien este
fenómeno se ha manifestado con similar fuerza en todos los
continentes, al desplazamiento de los campesinos acorralados
por la pobreza –“los marginados del nuevo orden, sin derecho
ciudadano y sin trabajo”– se le sumó en Colombia el
producido por el conflicto armado y las fumigaciones aéreas
del “Plan Colombia”, ocasionando una profunda
contrarreforma agraria. A partir de la década de los noventa
se aprecia “un aumento evidente en la superficie para
predios de más de 2.000 hectáreas, a costa de una
disminución en la mediana propiedad”.2
Se estima en la actualidad que esta concentración ha llegado
al punto donde el
53,7 por ciento de la tierra se encuentra en poder del 1 por
ciento de los propietarios.3
Gerardo
Iglesias y Luis A. Pedraza
© Rel-UITA
25 de mayo de 2006
1
Agricultura Tropical. Ponencia Angel María Caballero. Bogotá,2006.
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