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La huelga de la dignidad político-sindical
Hoy, 14 de mayo, cuando escribo esta
columna, el sector laboral bananero del
Urabá antioqueño cumple ocho días de
movilización unitaria y de arduo
esfuerzo en el “sellamiento” de las
fincas productoras y oficinas
empresariales que se encuentran
dispersas en el eje bananero y en la
capital antioqueña.
Esta es la huelga de la dignidad
político-sindical, porque mientras en una negociación colectiva lo normal es
que se defiendan las propuestas
planteadas en el Pliego de Peticiones,
la ofensiva política de los empresarios
ha hecho que SINTRAINAGRO deba
proteger las conquistas adquiridas y
oponerse radicalmente a la pretendida
apertura de las cooperativas de trabajo
asociado y/o la tercerización
remunerada, en ambos casos en
condiciones por debajo de las mínimas
definidas por la OIT como Trabajo
Decente.
Las trabajadoras y trabajadores
bananeros nos encontramos frente a una
huelga instigada y preconcebida por los
empleadores y las comercializadoras, con
la falsa argumentación de que las
consecuencias en el sector de la crisis
económica global les impiden asumir las
demandas de nuestro Pliego de
Peticiones.
Sustentando semejante falacia,
dilapidaron el tiempo definido por la
ley para la negociación directa y se
negaron a una prórroga del diálogo como
lo establece la misma ley, empujando al
Sindicato hacia la etapa de prehuelga
sobre la base de cálculos errados.
Pensaron que, atemorizados por la
intensa campaña que efectuaron por los
medios de comunicación radiales y
escritos de la región, los trabajadores
y trabajadoras no votarían la huelga,
pero la respuesta fue contundente:
97,3 por ciento de los votos fueron
favorables a la huelga.
La solidez unitaria del Sindicato y de
su Dirección en la conducción del
conflicto desubicó a los voceros
empresariales en la Mesa de Negociación,
quienes terminaron ofreciendo el triste
espectáculo de su división interna,
confirmando una vez más que ellos son
los únicos responsables de la huelga y,
por lo tanto, no serán los trabajadores
y trabajadoras quienes paguen sus costos
económicos y políticos.
Escudándose tras fingidos efectos de la
crisis mundial, las empresas bananeras
pretendieron poner presión psicológica
sobre el Sindicato para justificar su
reclamado cambio en la modalidad de
contratación de trabajadores y
trabajadoras, y la exclusión de un
importante número de tareas de la
Convención Colectiva en lugar de
incorporar las que está pidiendo el
Pliego de Peticiones.
La realidad es que el sector productivo
agrícola que menos puede lamentarse y
argumentar una crisis es el bananero,
pues cuando a fines de 2008 el dólar
tuvo una desvalorización importante, el
gobierno lo subsidió en varias
oportunidades para paliar la caída en
precio del producto, junto con el dólar.
Pero cuando éste repuntó a tal extremo
que estuvo bordeando los 2.800 pesos
(1,2 dólares americanos aproximadamente), el
incremento de las utilidades por
exportación de banano fue enorme, a lo
que se agregó una ganancia aún mayor
pues mientras subía el dólar también
caía estrepitosamente el precio del
petróleo, lo que significó una rebaja
inesperada en los costos de los insumos
químicos para fumigaciones, el
combustible y otros menesteres
inherentes a la producción del banano.
Los
empresarios
bananeros organizados en
AUGURA apostó a la generación del
conflicto con el objetivo irresponsable
de destruir al Sindicato. Para eso tomó
varias acciones:
-
influenció y manipuló la oficina de
la Dirección Regional del Ministerio
de la Protección Social,
cuya funcionaria, Fanny Wilches,
emitió resoluciones y cartas
autorizando la contratación de
cooperativas y trabajadores temporales, con el
pretexto de darle mantenimiento a
las fincas, planteo rechazado por el
Sindicato y denunciado ante la
Procuraduría General por constituir
un abierto y descarado prevaricato.
Nos parece revelador del talante de las
empresas en este conflicto, detallar las
últimas horas del mismo y los hechos
inmediatamente posteriores.
La mesa de negociación que había
comenzado a sesionar a la hora 0 se
disolvió a las 4 de la mañana, y a las
7:30 la directora del Ministerio de la
Protección Social ya estaba convocando
al Sindicato para advertirle que
autorizaba el trabajo de contratistas e
informar sobre las penalidades si el
sindicato se oponía. Pero además,
supuestamente en las tres horas apenas
transcurridas ya había obtenido un
voluminoso estudio del Instituto
Colombiano Agrícola (ICA), en el
cual pretendidos técnicos definían qué
tareas debían realizarse (un 90 por
ciento de las actividades productivas)
para evitar el deterioro de las fincas
por razones de huelga.
Esto prueba de manera flagrante cómo la
mediocre funcionaria hizo equipo con los
empresarios, en su afán de romper la
huelga e intimidar al Sindicato con
imaginarias sanciones.
Esta trama y acción premeditadas y
coordinadas entre empresarios y la
oficina del Ministerio de la Protección
Social en Urabá no prosperó ni
prosperará, pues los trabajadores y
trabajadoras han asumido el control
pleno de la huelga junto con la
dirigencia.
Sabemos que uno de los asuntos claves a
tener en cuenta en la Convención que se
firmará es dejar sentado el precedente
de la defensa inquebrantable no sólo de
los derechos socioeconómicos que merecen
los trabajadores y trabajadoras por su
fuerza de trabajo, sino también de la
dignidad político-sindical, de la
vigencia de la institucionalidad
sindical y de la Convención Colectiva
como herramientas fundamentales en la
búsqueda de una relación equilibrada y
con equidad social entre capital y
trabajo.
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