El pasado 2 de Junio
de 2006, el país se despertó con la noticia que difundieron
los medios de comunicación colombianos sobre el acuerdo
tripartito que gobiernos, empresarios y trabajadores
suscribieron dentro del marco de la 95 Conferencia de la
OIT, oficializando una representación permanente de la OIT
en Colombia.
Con la presencia de 164 países de los 178 estados miembros de
la OIT, representados por 2.812 delegados -1.310 de
gobiernos, 754 de empleadores y 748 de trabajadores,
incluida la delegación de Colombia- la plenaria de la
Conferencia aplaudió de pie el trascendental acuerdo.
Además se ha creado, mediante un compromiso con la comisión
de alto nivel de la OIT, un grupo especial de la fiscalía
para el esclarecimiento y castigo de delitos contra la vida
y la libertad de los dirigentes sindicales y trabajadores, y
de esta manera derrotar la impunidad que ha sido la
constante en estos casos.
Representados en la Conferencia de OIT por las centrales
sindicales, la lucha de los trabajadores colombianos por el
respeto a la vida y a la plena aplicación de los convenios
87 y 98, tuvo inicio con la creación de la Central Unitaria
de Trabajadores en 1985, la cual registra desgraciadamente
la cifra mayor de líderes y sindicalistas asesinados. Desde
esa época el movimiento sindical internacional, que incluye
a las federaciones sindicales internacionales como la UITA,
acogió como suya la demanda del sindicalismo colombiano, y
a través de la Comisión de Normas de la OIT, libró la gran
batalla para incluir a Colombia entre los llamados “países
de párrafo especial” y merecedores del nombramiento de una
comisión de encuesta, lo que implicaría una seria dificultad
para los gobiernos nacionales que deberían desarrollar su
política de comercio internacional explicando su
participación en la violación de los derechos humanos y
sindicales o en su actitud omisa de proteger su plena
vigencia.
La UITA
siempre ha acompañado el proceso de solidaridad, con
campañas internacionales, como la que se libró para que
cesara el asesinato selectivo y las masacres de
sindicalistas, trabajadoras y trabajadores en el sector
bananero de la región de Urabá. Asimismo, la oficina de la
Secretaría Regional Latinoamericana de la UITA en Montevideo
sirvió por varios meses de refugio durante el exilio
obligatorio del compañero Jorge Ortega, vicepresidente de la
CUT, quien al regresar al país fue víctima de los asesinos
que no olvidan. Así también, nuestra Internacional colaboró
decididamente en las medidas de protección a la vida del
compañero Angelino Garzón, secretario general de la CUT y
hoy gobernador del Departamento del Valle.
De los cuatro literales que conforman el acuerdo suscrito en
estos días, subrayamos el a) según el cual “El gobierno
colombiano acordará con la oficina de la OIT y con el apoyo
de trabajadores y empresarios, una renovada presencia de
esta organización internacional en el país, a través de una
representación permanente de dicha organización, que tenga
a su cargo como aspectos prioritarios la cooperación
técnica que promueve el trabajo decente y que incluya la
promoción y defensa de los derechos fundamentales de los
trabajadores, de sus dirigentes sindicales y de sus
organizaciones, especialmente en lo que concierne a la vida,
la libertad sindical, de asociación y expresión, la
negociación colectiva, así como a la libre empresa para los
empleadores. Las partes instan al Consejo de Administración
a que materialice este acuerdo, así como la logística y la
estructura de su operación”.
Más adelante, en el literal d) se anuncia la reactivación de
la Comisión Nacional de la Concertación de políticas
laborales y salariales con una “agenda permanente”, y “se
invitará a la OIT a que acompañe el proceso de las
reuniones”. Se espera entonces que cese la necesidad de
constituir un sindicato en la clandestinidad para sorprender
a los empresarios que siempre despiden a trabajadores y
directivos, con la anuencia sospechosa de funcionarios
corruptos del Ministerio de la Protección Social y la Salud.
Se espera también que se pueda reiniciar el trabajo de
organización sindical en las bases laborales de
transnacionales como
Coca Cola - FEMSA,
Nestlé,
y SAB Miller,
ésta última donde se ha impuesto un tenaz proceso de
tercerización y se ha ajustado el Pacto Colectivo a los
intereses de la transnacional. Se espera también que la
disminución de asesinatos de sindicalistas no sea sinónimo
de solución, pues el asesinato de un solo sindicalista debe
ser lo suficientemente grave como para continuar en la tarea
nacional e internacional por lograr la plenitud de los
derechos derivados de los convenios de la OIT adoptados por
el Estado colombiano, destacándose como primer derecho
inalienable y fundamental, el de la vida.
La tarea que nos queda es en constituirnos en lo nacional e
internacional, en veedores permanentes del cumplimiento del
acuerdo suscrito al interior de la OIT y reclamar del
Consejo de Administración de este organismo tripartito,
prontas decisiones de reglamentación y funcionamiento, que
en la práctica hagan realidad la presencia de la oficina
permanente en Colombia.
Al sindicalismo colombiano le compete profundizar el trabajo
por la unidad en una central sindical única, e ir haciendo
el seguimiento de los resultados del acuerdo para llevarlos
a estudio y debate de la conferencia de 2007.
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En Bogotá, Luís
Alejandro Pedraza
©
Rel-UITA
14
de junio de 2006 |
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