Uruguay

El miércoles 8 de setiembre el Senado uruguayo aprobó por unanimidad el Convenio 184 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2001, que regula la “Seguridad y la Salud en la Agricultura”. De esta forma, este Convenio queda definitivamente ratificado en este país

 ya que previamente había sido votado favorablemente

por la Cámara de Diputados.

Uruguay se convierte así en el segundo país latinoamericano –después de Argentina– en adoptar el Convenio 184 cuyo universo de aplicación abarca “las actividades agrícolas y forestales realizadas en explotaciones agrícolas, incluidas la producción agrícola, los trabajos forestales, la cría de animales y la cría de insectos, la transformación primaria de los productos agrícolas y animales por el encargado de la explotación o por cuenta del mismo, así como la utilización y el mantenimiento de maquinaria, equipo, herramientas e instalaciones agrícolas y cualquier proceso, almacenamiento, operación o transporte que se efectúe en una explotación agrícola, que estén relacionados directamente con la producción agrícola”.

Para el senador Reinaldo Gargano, del Partido Socialista, “Es un paso adelante de gran importancia para todo nuestro país, especialmente para el medio rural y sus trabajadores que padecen un régimen de desprotección prácticamente total. Este Convenio incluye una definición bien amplia del universo que abarca, lo que permite extender sus ventajas a muchos sectores del campo. El texto que aprobamos pone en marcha una serie de cambios que son los mismos que yo aspiro que instrumente un gobierno progresista si es que nuestra coalición gana las elecciones”.

Felipe Carballo, dirigente del sindicato de cosechadores de naranja del departamento de Salto (SUDORA) y diputado por el Movimiento 26 de Marzo (Encuentro Progresista), fue quien “se puso al hombro” la tarea de seguirle la pista dentro del Parlamento al Convenio 184, y afortunadamente la ratificación fue votada por la unanimidad de los legisladores presentes en cada una de las Cámaras.

“Este Convenio –explica Carballo– trata esencialmente de dos aspectos que para los trabajadores rurales son fundamentales, como son la seguridad y la salud. Sobre todo teniendo en cuenta las condiciones laborales que tienen estos trabajadores desde hace mucho tiempo en nuestro país. Por ejemplo, aquí en nuestro departamento hemos tenido recientemente trabajadores muertos aplastados por árboles que estaban talando, hace pocos meses otros tres que viajaban en la caja de un camión que recolectaba abono murieron cuando el vehículo tuvo un accidente en la ruta y ellos carecían completamente de protección. Los accidentes en las quintas de naranjas son habituales, porque los trabajadores viajan con las escaleras y demás implementos necesarios para la tarea, los trasladan en zorras sin protección y tenemos muchos casos de aplastados por las ruedas de esas zorras que les quiebran las piernas, las caderas o la columna. Lo más grave –continúa Carballo– es que después quedan completamente desamparados porque nadie se hace cargo de ellos, y ni siquiera pueden recibir una pensión para mantener a su familia porque según nuestra legislación se necesita más de un 60 por ciento de incapacidad para recibir una pensión. Estas cosas suceden diariamente en nuestro país, por lo que este Convenio tiende a revertir esa situación con respecto a la seguridad en el trabajo. Y pienso que sucede lo mismo en relación con la salud, por ejemplo en cuanto al manejo con los agrotóxicos, porque en nuestro país hay una cantidad de trabajadores que se han contaminando, pero muchas veces estos casos quedan ocultos en las mutualistas de asistencia. Lo mismo ocurre con pequeños productores que se contaminan con los productos químicos. Otra de las reivindicaciones históricas de los trabajadores del campo –continúa Carballo– son las ocho horas de labor, porque actualmente están las 24 horas a disposición de un patrón.

Cuando este Convenio esté reglamentado y en aplicación, eso podrá ser una realidad, así como el trabajo nocturno, el cuidado de la salud reproductiva para las trabajadoras, las horas de descanso, entre otras. Para nosotros es una gran alegría que se haya aprobado este Convenio porque venimos trabajando en esto desde hace cuatro años, ya cuando ocupamos una banca en la Junta Departamental de Salto donde hicimos varias intervenciones a favor de él. Tuvimos la oportunidad de entrar en la Cámara de Diputados para hacer una suplencia y encontramos el Convenio en la Comisión de Asuntos Internacionales. Tuve la oportunidad de preparar el informe para el plenario donde se aprobó por unanimidad. Ahora sucede los mismo en el Senado, y creemos que se comienza a hacer justicia con los trabajadores rurales que han sido olvidados por quienes han gobernado al país.

Pienso que en la posibilidad de un gobierno progresista en el Uruguay debemos esperar la mejor de las reglamentaciones para los intereses de los trabajadores, ya que se fomenta la sindicalización al obligar a una concertación entre los actores sociales y ahí se nombra específicamente a los sindicatos de trabajadores rurales junto a empleadores y gobierno. Quiere decir que los trabajadores del campo deberán tener su sindicato único a nivel nacional, tarea que ya está en marcha y yo apoyo con entusiasmo. Asimismo, –finaliza Carballo– la UITA está apoyando ese proceso de acercamiento entre las organizaciones que ya existen, y personalmente creo que en un futuro no muy lejano los pequeños productores también deberían sumarse a esa organización, donde no tengo dudas de que se sentirán mejor representados que en cualquier otra agremiación rural de las que ya existen en el país, instituciones que defienden otros intereses”.

En opinión de Leonardo de León, responsable del departamento de Agroecología de la regional latinoamericana de la UITA (Rel-UITA), “Por primera vez en los convenios internacionales se les garantiza a los trabajadores rurales los mismos derechos y niveles de protección que otras categorías de trabajadores. Por otro lado, recoge aspectos que en la realidad del sector agropecuario uruguayo están en la agenda pública, no hay que olvidar que el sector rural en este país es el que tiene mayor cantidad de casos de muertes por accidentes laborales, aún más que la construcción. Este texto enfatiza sobre las medidas de prevención y protección, todo lo relativo la seguridad en las maquinarias, en la utilización y transporte de materiales y desarrolla una política preventiva en relación con la utilización de los agrotóxicos. O sea que contempla varios de los aspectos que preocupan en el sector rural uruguayo en la actualidad. Claro, la próxima fase que es la reglamentación será de vital importancia, y en este proceso deben participar los sindicatos, cosa que habitualmente no ocurre en este país cuando se instrumenta la aplicación de los Convenios. Para poner un ejemplo de este absurdo, basta ver qué se está haciendo con el Convenio de Estocolmo que regula la eliminación de muchos Contaminantes Orgánicos Persistentes, pero en esa fase de eliminación no intervienen nunca los trabajadores rurales que son los primeros afectados ya que trabajan en permanente contacto con ellos. Por tanto, creemos esencial la participación de los sindicatos en la próxima fase de aplicación del Convenio.

Asimismo, creemos que quien sea que gane las próximas elecciones, este instrumento deberá ser tenido en cuenta a la hora de elaborar las políticas agrícolas con las que se atenderá la situación catastrófica del medio rural. De nada servirían políticas que abarcaran los recursos naturales, el conocimiento, y no el trabajo.

Finalmente, esperamos que este Convenio sea un promotor más de la agremiación de los trabajadores del campo en una organización nacional que atienda ésta y todas las demás necesidades de los trabajadores rurales, como la omisión permanente de la convocatoria a los Consejos de Salarios, ya que el sueldo de los trabajadores rurales en este país se fija por decreto violando todas las normas laborales internacionales, inclusive las ratificadas por el Uruguay”.

Carlos Amorín

© Rel-UITA

13 de setiembre de 2004