Uruguay

Unos 80 mil rurales dan pelea

en la gran ciudad

 

Los consejos de salarios convocaron a una primera delegación de hombres de campo. Plantean reclamos y preparan marcha. Quieren trabajar ocho horas.

 

Pertenecen a una categoría especial con un estatuto legal propio, se manifiestan como históricamente discriminados y en su sector no hay tradición de sindicalización. Es una de las ramas de actividad en la que se registran más accidentes y en la que más empleados mueren. Con su trabajo producen alimentos, pero en algunos casos son padres de hijos desnutridos.

 

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Uruguay

30-03-2005

 

 

 

Son cientos los que viven con su familia en casa de sus patrones, con quienes conviven, y prácticamente forman parte de la familia propietaria. Alguno ha llegado a heredar propiedades. Bucólico.

 

Otros son peones zafrales que trabajan en condiciones infrahumanas, asumiendo riesgos como el contacto con agrotóxicos o la poda en altura, cobrando a través de contratistas que no entregan recibo de sueldo y hacen descuentos que no transforman en aportes a la seguridad social. Siniestro.

 

Son los trabajadores rurales, que el martes 29 de marzo mantuvieron la primera reunión preparatoria con empresarios y representantes del gobierno de cara a la creación de un Consejo de Salarios específico para el sector. Algo que ocurrirá por primera vez, ya que no estaba previsto en la Ley 10.449 del 12 de noviembre de 1943, que creó los Consejos de Salarios.

 

"¿Sabés lo que habíamos tenido que hacer para sentar a una mesa de negociación a la patronal citrícola en Salto? Un paro de tres días", cuenta Felipe Carballo, dirigente del Sindicato Único de Obreros Rurales y Agroindustriales (SUDORA), con sede en Salto. Tiempo atrás, en la empresa Mi Granja de San José ocurrió algo similar.

 

"Este es un ámbito para trabajar mano a mano y frente a frente", evaluó Carballo, que en 2004 fue diputado del FA por una semana. Actualmente está desocupado.

 

Una nueva "central sindical" de los asalariados del campo busca consolidar su representatividad, nucleando a los pocos sindicatos que hoy existen (siete) y promoviendo la afiliación directa.

 

Es la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA), fundada el 5 de diciembre pasado.

 

En sus conversaciones con el PIT-CNT se maneja un proyecto para salir al campo a informar sobre UNATRA y promover la afiliación. De los 80.000 trabajadores rurales, los delegados sindicales afirman que unos 15.000 se encuentran representados en UNATRA.

 

El acto fundacional de esta Unión estuvo bañado de simbolismo: se realizó en las afueras de Bella Unión, en la chacra del sindicato decano de tierra adentro: la Unión de Trabajadores del Azúcar de Artigas (UTAA). A instancias de Raúl Sendic, el movimiento de los cañeros alumbró el sindicato el 3 de setiembre de 1961.

 

Derechos

 

La principal aspiración que llevarán los trabajadores rurales al Consejo de Salarios es la obtención de los mismos derechos que el resto de los asalariados. Y enumeran: jornada de ocho horas, un seguro de desempleo que funcione y contemplaciones de género. Además, "los rurales son los únicos trabajadores que pueden ser desalojados por la Policía en caso de ocupación", especificó Germán González, dirigente del Sindicato de Obreros de Mi Granja (SIOMI). Como ejemplo de discriminación señalaron que "los salarios mínimos de los trabajadores rurales se incrementaron entre 4% y 9% el 1 de enero de 2005, según las diversas categorías; al mismo tiempo el salario mínimo nacional se incrementó 50%". También, que hay mujeres que desempeñan tareas rurales pero cobran como domésticas.

 

"Contrariamente a lo que se piensa a veces, el trabajador rural tiene una situación buena, aunque con excepciones", afirmó el presidente de la Federación Rural, Roberto Uriarte. A Uriarte no le parece que las tareas de campo, por lo menos las de la ganadería extensiva, sean "una actividad adecuada para reglamentar un horario".

 

Dijo a El País que se trabaja con animales –que no tienen horarios–, y que hay actividades que deben hacerse de noche. También señaló que el hecho de que los empleados vivan en los establecimientos en los que trabajan le confiere características intransferibles a la labor y al estatus del trabajador. Sin embargo, ante la nueva y ancha instancia de negociación que se abre con el consejo de salarios, mostró cautela y apertura: "Todo es cuestión de hablar; es un tema muy delicado, todos estamos tanteando en un campo nuevo y tratamos de mejorar y no de empeorar".

 

El presidente de la Federación Rural mencionó la necesidad de "traer más gente a trabajar en el campo" y destacó que "una de las condiciones es dar seguridades para patrones y trabajadores".

 

Otro dirigente sindical, Juan Balbi, de la Unión de Trabajadores Rurales Industria Azucitrus (UTRIA) de Paysandú, dijo que "hay mucho para mejorar", aunque señaló que la empresa ha ido cumpliendo con compromisos asumidos con los trabajadores y que hay buen diálogo entre ambas partes. Durante la zafra, en Azucitrus, trabajan unas 2.000 personas. Unas 800 en plantación y el resto en tareas de empaque. En Azucitrus, un peón cosechador gana $ 19,77 la hora, un tractorista $ 26,97 la hora y un capataz $ 33,95.

 

"Nos parece totalmente justo y razonable que aspiren a que se les reconozcan los mismos derechos que al resto de los trabajadores", afirmó Gustavo Pardo, el coordinador ejecutivo de la Comisión Nacional de Fomento Rural.

 

Esta organización representará a 20.000 productores de todos los departamentos en el consejo de salarios. "La mayoría de nuestros representados (el 80%) son empresas familiares –granjeros, lecheros–; en nuestro sector, por la especialización de las tareas, se paga por encima de los laudos", explicó Pardo.

 

La Comisión Nacional de Fomento Rural no representa los mismos intereses que la Asociación Rural y la Federación Rural, básicamente ganaderas. Por eso, dice Pardo, en la representación patronal hay matices notorios: "no es lo mismo el sector de la ganadería extensiva que la producción más intensiva, tenemos algunas diferencias y entre las expectativas que tenemos está la de armonizar al sector de los empresarios agropecuarios y dignificar las condiciones de vida".

 

"Son trabajadores históricamente postergados aunque sean los que generan mayor riqueza y los productores de la mayoría del alimento del país: el sector agropecuario es el que peor distribuye", indicó Leonardo De León, miembro del departamento de Agroecología de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y la Agricultura (Rel-UITA).

 

De León mencionó que el crecimiento del agro y del país agroexportador es una realidad, "pero desde el punto de la redistribución es un desastre".

 

Por la casa, la comida y algo más

 

"Hay gente que trabaja por la casa y la comida", afirmó Felipe Carballo, uno de los representantes sindicales de los trabajadores rurales.

 

"A mí no me consta, pero puedo creer que pase y puedo creer que pasen cosas peores. Como casa y comida, y que sean malas las dos cosas", dijo, por su parte, Roberto Uriarte, presidente de la Federación Rural.

 

Gustavo Pardo, el coordinador ejecutivo de la Comisión Nacional de Fomento Rural, otra de las instituciones que intervienen en el consejo de salarios, dijo que "no podría garantizar que hay gente que trabaje por la casa y la comida, son esas cosas que escuchamos, de las que tenemos versiones, así como que sabemos de condiciones infrahumanas de trabajo en sectores forestales".

 

Estas son situaciones que a nivel de consejo de salarios se plantean transparentar y resolver.

 

Definiciones necesarias para avanzar

 

La Mesa de Reforma Agraria y Soberanía Alimentaria, instalada el 23 de febrero de este año, está integrada por 22 organizaciones. En su documento fundacional se especifica que en 30 años desaparecieron 20 mil establecimientos rurales y 128 mil personas "han sido obligadas a abandonar el campo".

 

De acuerdo a este documento, existen unos 55 mil trabajadores asalariados que carecen de sindicato y derechos laborales: su jornal promedio es de 80 pesos. Por otro lado, los propios representantes sindicales de los rurales afirman que hay 80.000 asalariados en el campo, de los cuales 15.000 están afiliados a sindicatos. De aquí se desprende que son 65.000 los que no están representados por algún gremio. Más aun: el presidente de la Federación Rural, Roberto Uriarte, dijo a El País que la cifra de 15 mil trabajadores rurales sindicalizados le parece "exagerada".

 

Estas contradicciones son la punta del iceberg de un sector en el que la informalidad y la desregulación, la falta de tradición sindical y de experiencia negociadora, son algunos asuntos que se necesita superar para avanzar en los hechos. La indefinición en cuanto a la categoría laboral de trabajadores forestales (si son rurales o empleados industriales) es otro tema. Clave para el Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera del Norte del País (SOIMANORPA).

 

El asalariado rural hace trabajos diversos: cuatro meses en la zafra de la naranja o la manzana, dos meses alambrando, y tres o cuatro meses tropeando.

 

Hay pequeños productores que son propietarios y arrendatarios pero también completan su subsistencia como empleados: son productores y asalariados.

 

Eliminar a los contratistas

 

Los trabajadores rurales se proponen eliminar la tercerización de los contratos laborales. Es muy frecuente (especialmente en trabajos zafrales que exigen mano de obra numerosa: citricultura, forestación y horticultura) que los trabajadores respondan a contratistas y no directamente a las empresas, que "se deslindan de las responsabilidades laborales". Estos contratistas "cobran una comisión a los trabajadores".

 

Riesgos

 

Según el Banco de Seguros del Estado, en 14 de los 19 departamentos del país los trabajadores rurales son el grupo de mayor riesgo en cuanto a accidentes laborales.

 

En los años 2000 y 2001 se registraron 10.268 accidentes de trabajo en la rama de actividad que incluye "agricultura, caza, silvicultura y pesca": el 19,14% de los accidentes laborales.

 

El sector más afectado fue la industria manufacturera: 12.241 accidentes, el 22,82% de todos los ocurridos en el país.

 

En la mayoría de los departamentos, la actividad agropecuaria fue abiertamente la de mayor riesgo. En Artigas registró el 72,98% de los accidentes, en Río Negro el 58,39%, en Cerro Largo 53,32%, en Paysandú 52,52% y en Salto 48,75%. En otros nueve departamentos, los accidentes en el sector van del 32% al 47% del total.

 

La inmensa mayoría de los accidentados –el 82,5%– eran peones. Casi la mitad, 44% de los accidentados, hacía menos de seis meses que se desempeñaba en su lugar de trabajo.

 

La estadística más concluyente es la más luctuosa. El 31% de los 90 trabajadores muertos en 2000 y 2001 corresponde a la categoría de trabajadores rurales. Más del doble que en el sector manufacturero.

 

 

Javier Lyonnet

Diario El País

31 de marzo de 2005

 

 

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