“La
injustificable e ilegítima orden de
detención contra la dirigente indígena
Teresita Antazú, presidenta de la
organización de la Unión de
Nacionalidades Ashaninkas y Yanesha -al
igual que las que pesan sobre otros
líderes indígenas, acusados de haber
alentando la violencia en Bagua el
pasado 5 de junio- es arbitraria”,
afirmó Ivonne Macassi, coordinadora del
Programa de Derechos Humanos del Centro
de la Mujer Peruana Flora Tristán.
“Los argumentos dados por la jueza de la causa, no se ajustan
a ley, toda vez que Teresita Antazú
no ha cometido delito alguno, y además
acudió cuando fue citada por la
Fiscalía, por lo que no había peligro de
fuga o de entorpecer la investigación.
No es justo para esta líder, ni tampoco
para aquellas personas que ella
representa, que se encuentre perseguida
y en la clandestinidad”, dijo Macassi
a Sirel.
La dirigente indígena fue citada por la 44ª Fiscalía
Provincial Penal de Lima, por los cargos
de “sedición” y “rebelión”, luego de
estar presente en la conferencia de
prensa que el pasado 15 de mayo diera el
ex presidente de la Asociación
Interétnica de Desarrollo de la Selva
Peruana (AIDESEP), Alberto
Pizango.
“En ningún momento se escondió, ella dio la cara; al igual
que los otros dirigentes fue a dar su
testimonio a la 44ª Fiscalía. Entonces,
consideramos que la orden impartida por
la jueza del 37º Juzgado Penal es
arbitraria”, explicó Macassi.
El pasado 7 de julio el Centro de la Mujer Peruana Flora
Tristán interpuso una apelación contra
la orden de detención sin conocer el
texto de la resolución que la ordenaba,
pues sólo se tenía información por las
versiones difundidas en los medios de
comunicación masiva. El 23 de julio
Ivonne Macassi acudió a la 6ª Sala
Penal, presidida por Carlos Escobar
Antezano, para presentar un recurso.
“Hemos presentado un recurso ante la Sala reiterando nuestro
pedido de concedernos el uso de la
palabra para dar nuestro Informe Oral.
De acuerdo a las diligencias que la Sala
tiene que realizar, notificaciones a las
y los interesados, nos deben conceder el
uso de la palabra entre el 6 y el 15 de
agosto próximos”, explicó Macassi.
Entre las diligencias pendientes de acuerdo a la orden de la
Juez del 37º Juzgado Penal se encuentra
la declaración de Teresita Antazú,
señalada para el 7 de agosto a las 8:30
de la mañana bajo apercibimiento de ser
declarada “rea ausente en caso de
inconcurrencia”.
Antazú
fue la primera dirigenta mujer en
AIDESEP, pero ya no tiene cargo
alguno, y como lo ha manifestado en
distintos medios, desea continuar
trabajando en su comunidad, sin verse
obligada al exilio, pues es inocente,
sólo estuvo presente en la conferencia
de prensa junto a dirigentes de la
organización.
Macassi
indicó que no se debe criminalizar la
protesta porque se estaría atentando
contra la libertad de expresión, y
apelará internacionalmente el proceso
judicial en contra de Antazú,
junto a otros organismos de Derechos
Humanos.
“Hay un mal entendimiento de lo que significa el reclamo de
la ciudadanía. Nosotros no estamos de
acuerdo con ningún tipo de violencia,
pero tampoco podemos estar de acuerdo
con que cada de protesta sea
criminalizada”, señaló.
Relator
de Naciones Unidas en Perú
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de
los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los indígenas, S.
James Anaya, luego de su visita al
Perú expresó en su informe final
su preocupación porque, continúan
haciéndose imputaciones penales contra
dirigentes indígenas por supuestos
delitos vinculados a su participación en
los actos de protesta de los pueblos
indígenas, tal como lo evidencian las
mencionadas órdenes de detención.
James Anaya
indicó también en su informe que estas
órdenes ponen en peligro el proceso de
diálogo iniciado en torno al acuerdo del
22 de junio de 2009.
El Relator reiteró su recomendación de revisar las
imputaciones penales contra personas y
dirigentes indígenas, e instó al Estado
a justificar cuidadosamente imputaciones
futuras, en vista de las circunstancias
especiales en las que surgen los delitos
alegados y la necesidad de crear las
condiciones adecuadas para el diálogo.
En general, el Relator Especial observó que la falta de un
mecanismo para reivindicar los derechos
legítimos de los pueblos indígenas a ser
consultados o a proteger sus derechos de
tierras y territorios, podría contribuir
a que los pueblos indígenas se sientan
sin opciones adecuadas para la defensa
de sus derechos y, por ende, opten por
la protesta social, que en algunos
casos, podría resultar en la comisión de
actos contrarios a la ley.
Asimismo, señaló que uno de los efectos colaterales de la
criminalización de la protesta, en casos
no justificados, es la creación de una
dinámica que podría generar una falta de
confianza entre los pueblos indígenas y
las autoridades estatales, con efectos
negativos sobre la convivencia y
legitimidad democrática.
Como una medida encaminada a generar confianza entre las
partes para avanzar en el proceso de
diálogo, el Relator recomendó que las
autoridades competentes revisen las
imputaciones y procesos judiciales
contra dirigentes y autoridades
indígenas, cuya participación en el
diálogo es indispensable.
Para el Relator Especial se requiere un claro compromiso
estratégico, que incluya dispositivos
permanentes de diálogo y resolución de
conflictos, en los que se incluyan,
entre otros, mecanismos relativos a los
derechos territoriales y a otras
reivindicaciones pendientes, para así
prevenir actos de violencia y evitar que
se repitan los lamentables sucesos
acaecidos en Bagua.
En Lima,
Julia Vicuña Yacarine
Rel-UITA
27 de julio de 2009
