Perú 

La acusan de sedición y motín en agravio del Estado

El Centro Flora Tristán defiende

a dirigente indígena perseguida

  

“La injustificable e ilegítima orden de detención contra la dirigente indígena Teresita Antazú, presidenta de la organización de la Unión de Nacionalidades Ashaninkas y Yanesha -al igual que las que pesan sobre otros líderes indígenas, acusados de haber alentando la violencia en Bagua el pasado 5 de junio- es arbitraria”, afirmó Ivonne Macassi, coordinadora del Programa de Derechos Humanos del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.

 

“Los argumentos dados por la jueza de la causa, no se ajustan a ley, toda vez que Teresita Antazú no ha cometido delito alguno, y además acudió cuando fue citada por la Fiscalía, por lo que no había peligro de fuga o de entorpecer la investigación. No es justo para esta líder, ni tampoco para aquellas personas que ella representa, que se encuentre perseguida y en la clandestinidad”, dijo Macassi a Sirel.

 

La dirigente indígena fue citada por la 44ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, por los cargos de “sedición” y “rebelión”, luego de estar presente en la conferencia de prensa que el pasado 15 de mayo diera el ex presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Alberto Pizango.

 

“En ningún momento se escondió, ella dio la cara; al igual que los otros dirigentes fue a dar su testimonio a la 44ª Fiscalía. Entonces, consideramos que la orden impartida por la jueza del 37º Juzgado Penal es arbitraria”, explicó Macassi.

 

El pasado 7 de julio el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán interpuso una apelación contra la orden de detención sin conocer el texto de la resolución que la ordenaba, pues sólo se tenía información por las versiones difundidas en los medios de comunicación masiva. El 23 de julio Ivonne Macassi acudió a la 6ª Sala Penal, presidida por Carlos Escobar Antezano, para presentar un recurso.

 

“Hemos presentado un recurso ante la Sala reiterando nuestro pedido de concedernos el uso de la palabra para dar nuestro Informe Oral. De acuerdo a las diligencias que la Sala tiene que realizar, notificaciones a las y los interesados, nos deben conceder el uso de la palabra entre el 6 y el 15 de agosto próximos”, explicó Macassi.

 

Entre las diligencias pendientes de acuerdo a la orden de la Juez del 37º Juzgado Penal se encuentra la declaración de Teresita Antazú, señalada para el 7 de agosto a las 8:30 de la mañana bajo apercibimiento de ser declarada “rea ausente en caso de inconcurrencia”.

 

Antazú fue la primera dirigenta mujer en AIDESEP, pero ya no tiene cargo alguno, y como lo ha manifestado en distintos medios, desea continuar trabajando en su comunidad, sin verse obligada al exilio, pues es inocente, sólo estuvo presente en la conferencia de prensa junto a dirigentes de la organización.

 

Macassi indicó que no se debe criminalizar la protesta porque se estaría atentando contra la libertad de expresión, y apelará internacionalmente el proceso judicial en contra de Antazú, junto a otros organismos de Derechos Humanos.

 

“Hay un mal entendimiento de lo que significa el reclamo de la ciudadanía. Nosotros no estamos de acuerdo con ningún tipo de violencia, pero tampoco podemos estar de acuerdo con que cada de protesta sea criminalizada”,  señaló.

 

Relator de Naciones Unidas en Perú

 

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, S. James Anaya, luego de su visita al Perú expresó en su informe final su preocupación porque, continúan haciéndose imputaciones penales contra dirigentes indígenas por supuestos delitos vinculados a su participación en los actos de protesta de los pueblos indígenas, tal como lo evidencian las mencionadas órdenes de detención.

 

James Anaya indicó también en su informe que estas órdenes ponen en peligro el proceso de diálogo iniciado en torno al acuerdo del 22 de junio de 2009.

 

El Relator reiteró su recomendación de revisar las imputaciones penales contra personas y dirigentes indígenas, e instó al Estado a justificar cuidadosamente imputaciones futuras, en vista de las circunstancias especiales en las que surgen los delitos alegados y la necesidad de crear las condiciones adecuadas para el diálogo.

 

En general, el Relator Especial observó que la falta de un mecanismo para reivindicar los derechos legítimos de los pueblos indígenas a ser consultados o a proteger sus derechos de tierras y territorios, podría contribuir a que los pueblos indígenas se sientan sin opciones adecuadas para la defensa de sus derechos y, por ende, opten por la protesta social, que en algunos casos, podría resultar en la comisión de actos contrarios a la ley.

 

Asimismo, señaló que uno de los efectos colaterales de la criminalización de la protesta, en casos no justificados, es la creación de una dinámica que podría generar una falta de confianza entre los pueblos indígenas y las autoridades estatales, con efectos negativos sobre la convivencia y legitimidad democrática.

 

Como una medida encaminada a generar confianza entre las partes para avanzar en el proceso de diálogo, el Relator recomendó que las autoridades competentes revisen las imputaciones y procesos judiciales contra dirigentes y autoridades indígenas, cuya participación en el diálogo es indispensable.

 

Para el Relator Especial se requiere un claro compromiso estratégico, que incluya dispositivos permanentes de diálogo y resolución de conflictos, en los que se incluyan, entre otros, mecanismos relativos a los derechos territoriales y a otras reivindicaciones pendientes, para así prevenir actos de violencia y evitar que se repitan los lamentables sucesos acaecidos en Bagua.

 

En Lima, Julia Vicuña Yacarine

Rel-UITA

27 de julio de 2009

 

 

 

 

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