La
criminalización de la protesta por parte
del gobierno se está consolidando con el
hostigamiento contra los dirigentes de
los pueblos indígenas, en especial de
Teresita Antazú, presidenta cornesha de
la Unión de Nacionalidades Ashaninkas-Yanesha
y miembro la Asociación Regional de
Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI),
sobre quien pende una orden de
detención. Su defensa la viene
realizando el Centro de la Mujer Peruana
Flora Tristán, organización feminista
convencida de su inocencia.
Ante la 6ta. Sala Penal de la Corte Superior de Lima
presidida por el doctor Carlos
Escobar Antezano, la coordinadora
del Programa de Derechos Humanos del
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán,
Ivonne Macassi León, argumentó la
inocencia de Teresita Antaza,
presidenta cornesha de la Unión de
Nacionalidades Ashaninkas-Yanesha y
miembro la Asociación Regional de
Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI).
Macassi
sostuvo que “la Sala Superior tiene
elementos suficientes para modificar la
orden de detención contra la líder
indígena por la de comparecencia; toda
vez que ha quedado demostrado que no hay
sustento alguno que haga presumir que
ella ha cometido delito ni que pretenda
eludir la acción de la justicia o
perturbar la acción probatoria”.
Antazú
fue denunciada junto con los dirigentes
de la Asociación Interétnica de
Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
Marcial Mudarra, Alberto
Pizango, Servando y Saúl
Puertas por el Procurador Público
del Consejo de Ministros, y luego por el
Procurador Público del Ministerio del
Interior, por atentar presuntamente
contra los poderes del Estado y el orden
constitucional, en la modalidad de
rebelión, sedición, conspiración y
motín; y, por el delito contra la
tranquilidad y la paz públicas, en la
modalidad de apología.
La denuncia se realizó en el marco de la protesta amazónica
en la que se reclamaba la derogatoria de
los decretos legislativos que vulneran
los derechos de los pueblos indígenas. A
raíz de esto, Antazú participó en
una conferencia de prensa el pasado 15
de mayo, en la ciudad de Lima.
Sin embargo, la Procuraduría no ha podido sustentar la
responsabilidad de Antazú, “en
esa medida, confiamos en una resolución
favorable a nuestra defendida”, afirmó
Macassi.
En los próximos días, la 6ta. Sala Penal de Lima determinará
si procede o no el pedido de la defensa
de Teresita Antazú.
Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH),
sostiene la inocencia de todo cargo de
Teresita Antazú y ha señalado
que el hecho de estar presente en una
conferencia de prensa no puede ser
considerado un acto delictivo.
Llamado
urgente
El Observatorio para la Protección de los Defensores de
Derechos Humanos, programa conjunto de
la Federación Internacional de Derechos
Humanos (FIDH) y de la
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
han lanzado un llamado de urgencia para
solicitar que las autoridades peruanas
cesen el hostigamiento judicial en
contra de Antazú y de los demás
dirigentes indígenas y, de forma general
contra todos los defensores de derechos
humanos en el Perú.
Asimismo, el Observatorio llama a la Corte Superior de
Justicia del Perú, examine la
apelación del mandato de detención y que
lo sustituya por una orden de
comparecencia y garantice el respeto por
los derechos humanos y las libertades
fundamentales en todo el país de
conformidad con las normas
internacionales de derechos humanos
ratificadas por el Perú.
El Observatorio solicita escribir a:
-
S.E. Alan García Pérez, Presidente
de la República, Plaza mayor s/n –
Cercado de Lima - Lima Perú. Fax. +
51.1.311.39.17 / + 51.1.426.67.70,
E-mail:
oginf@presidencia.gob.pe
-
·Misión Permanente del Perú ante las
Naciones Unidas en Ginebra. 71,
Avenue Louis Casaï, 1216 Ginebra.
TEL.: + 41 22 791 77 21; FAX: +41 22
7917728 y +41 22 791 77 29 FAX : +
41 22 791 77 28; FAX: + 41 22 791
77 29, E-mail :
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