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La sed, ¿necesidad o
lujo?
El agua, ¿bien público
o mercadería? |
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La realidad es dramática: sólo un pequeño 2,5 %
del total del agua existente en el planeta es
dulce y por lo tanto de uso humano. Las
previsiones, catastróficas: en veinte años
(hacia el 2025) más de 3 mil millones de seres
humanos –el 80 % en los países “periféricos”–
sufrirán la falta de ese vital líquido. Ya hoy,
mil cuatrocientos millones de personas –uno de
cuatro habitantes del planeta– carecen de agua,
entre ellos 80 millones de latinoamericanos. Las
diferencias y tensiones no dejan de aumentar.
Mientras un habitante de un país del Sur consume
en promedio 20 litros por día, un italiano llega
a 213 y un estadounidense puede superar los 600. |
El manifiesto del agua
En
tanto que “fuente de vida” fundamental y no
reemplazable del eco-sistema, el agua es un bien vital
que pertenece a los habitantes del planeta en común.
Ninguno de ellos, individualmente o en grupo, debería
tener el derecho de apropiárselo en forma privada.
Tal
aparece como principio básico del Manifiesto del Agua,
elaborado en 1998 por un grupo de 23 personalidades de
primer nivel mundial encabezadas por Mario Soares,
ex-mandatario de Portugal, y Riccardo Petrella,
euro-diputado y presidente del Grupo de Lisboa.
Con
una simpleza máxima y rico en su capacidad didáctica,
el citado documento subraya que «el agua es un bien
patrimonial común de la humanidad”, del cual dependen
la salud individual y colectiva así como la
agricultura, la industria y la vida doméstica.
«El
agua pertenece más a la economía de bienes comunes y
de la riqueza compartida que a la economía de la
acumulación privada e individual...” Por tal razón “el
acceso al agua es un derecho fundamental, inalienable,
individual y colectivo...y hace parte de la ética de
base de una “buena” sociedad humana y de una “buena”
economía».
Enunciado que sin embargo contrasta con la realidad
cotidiana convertida en estadística. Seis mil niños de
menos de cinco años mueren cada día como consecuencia
del consumo de agua insalubre. 80 % de todas las
enfermedades en los países del Sur tienen como origen
la utilización de agua insana. Tres mil millones de
seres humanos no cuentan hoy con instalaciones
sanitarias adecuadas.
Dicho
Manifiesto, que propugna por un “Contrato Mundial del
Agua”, anticipaba seis años atrás, uno de los combates
más encarnizados en el plano de las ideas; en el
terreno de la lógica económica; y de la dinámica
diaria que protagonizan muchas naciones periféricas.
Activos movimientos sociales del planeta han
incorporado la consigna de la no-privatización del
agua como un punto de no retroceso de su disputa
callejera. La pueblada de Cochabamba, –“la guerra del
agua”– en Bolivia, en abril del 2000, ha sido tal vez
la protesta más emblemática del último lustro, por su
dimensión y por haber obligado a la transnacional
norteamericana Bechtel Enterprises y al gobierno
sudamericano a retroceder en su plan privatizador.
Lucha andina que no opaca otras tantas movilizaciones
locales anti-privatizadoras en Argentina, Honduras,
Perú, El Salvador, Nicaragua, Brasil, por citar sólo
algunos de los casos más conocidos en el continente.
La “prehistoria” de un derecho esencial
De la
propuesta de Contrato Mundial a la de una Convención
Internacional existe sólo un pequeño paso adelante y
una visión estratégica consolidada. Organizaciones
no-gubernamentales a nivel mundial, entre las cuales
la Comunidad de Trabajo helvética, proponen avanzar
hacia “una convención obligatoria de derecho público
internacional sobre el agua”, tal como lo formula la
ecologista suiza Rosmarie Bär, una de las
especialistas en la materia. La propuesta busca
definir una política duradera sobre el tema, fundada
en la idea que el derecho al agua es parte integrante
de los derechos humanos básicos.
Para
la ecologista helvética “cuando se habla de agua hay
que hablar de política... La política del agua va de
la mano de la política del suelo y de la agricultura,
de la política comercial y económica, la de medio
ambiente, social y sanitaria, así como de la política
de la igualdad... y sobre todo de la política de los
derechos del hombre y de la paz».
Es
necesario, fundamentalmente, agrega Bär, una voluntad
política para incidir en todos los niveles de la
comunidad internacional. “Cada año Europa y Estados
Unidos gastan más dinero para alimentar sus perros y
gatos domésticos que el que se necesitaría para
permitir a todos los seres humanos a acceder al agua
potable”.
Ejemplo dramático que muestra que la lucha por el agua
es un combate que implica modificaciones sociales a
favor del desarrollo económico y de la justicia
social”, puntualiza.
Valores todos que exigen tiempos y procesos históricos
largos para su materialización. Mar del Plata,
Argentina, 1977, fue la sede de la primera gran
conferencia sobre el agua y el punto de partida de
reflexión de una política global sobre el tema. Allí
la comunidad internacional constataba por primera vez
que “todo hombre tiene igual derecho al acceso al agua
potable, en cantidad y calidad suficientes como para
cubrir sus necesidades”.
Quince años más tarde, la Agenda 21, resultante de la
Cumbre Mundial de la Tierra de Río de Janeiro, Brasil,
subrayaba y concretizaba esa exigencia. Fue la
asamblea general extraordinaria de las Naciones Unidas
del 2000 la que fijó un nuevo desafío clave: reducir
hasta el 2015 a la mitad el número de personas que no
tienen acceso al agua potable. Objetivo reconfirmado
dos años más tarde en la conferencia de Río+10 de
Johannesburgo, África del Sur.
“Un
largo camino hasta que sea considerado
(explícitamente) como derecho de la persona humana”
enfatiza Rosmarie Bär. Quien recuerda que en la
Declaración de los Derechos del Hombre de 1948, se
establece que “toda persona tiene derecho a un nivel
de vida suficiente como para asegurar su salud, su
bienestar y el de su familia, especialmente a través
de la alimentación, vestido, vivienda...” Formulación
que incluye, tácitamente, el derecho al agua.
En la
actualidad esa prerrogativa se deriva de normas
obligatorias del Pacto Internacional relativo a los
derechos económicos, sociales y culturales. En ese
sentido, el derecho al agua aparece como condición
previa a la realización del derecho a la vida, comida,
salud y vivienda. La Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación (FAO), para su jornada
mundial del 2002 lanzó como consigna: “Sin agua no hay
alimentos”.
La
mayoría de esos documentos y enunciados onusianos han
quedado, sin embargo, reducidos a simples
declaraciones de buena voluntad sin cumplimiento
alguno. Muy especialmente en la nueva era de
globalización económica extrema donde el ritmo lo
marcan las instituciones financieras internacionales
tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional y sus subsidiarias regionales. Y la
presión por privatizar el servicio de agua –entre
otros tantos rubros y servicios– se convirtió casi en
receta universal de las transnacionales del norte para
los países del Sur.
En
una nueva arremetida todavía en proceso, la
Organización Mundial del Comercio (OMC) empuja la
privatización de los más diversos sectores públicos
–desde la educación a la salud, pasando por el agua.
Marco en el cual la Unión Europea exige a 72 países
“en desarrollo o en transición” la apertura de sus
servicios de agua a empresas extranjeras, aceptando de
hecho la intensa presión de sus multinacionales del
rubro que intentan seguir extendiendo el radio de
acción y beneficios.
Las guerras –militares o privatizadoras– por el agua
En
una entrevista de hace algún tiempo, el profesor
italiano Riccardo Petrella, uno de los principales
especialistas y militantes de la causa del agua,
anticipaba que “las guerras futuras serán por el
agua”, refiriéndose abiertamente a potenciales
conflictos bélicos.
Funda
su hipótesis, no sólo en la escasez, el derroche y la
mala distribución del vital líquido, sino también en
un marco planetario estratégico alarmante. 60% de las
fuentes de agua están localizadas en sólo 9 países
(entre ellos Estados Unidos, Rusia, Canadá, Brasil,
China e Indonesia). En tanto 80 naciones que reúnen el
40 % de la población mundial están confrontadas a una
verdadera penuria hídrica.
De
guerras armadas futuras a batallas económicas actuales
no hay más que una diferencia de matices. Y la
tendencia a privatizar el agua, convirtiéndola en una
mercancía cada vez más inaccesible para importantes
sectores de la población del Sur, anticipa explosiones
sociales imprevisibles.
Atrás
de esta tensión dos posiciones antagónicas que
quedaron de manifiesto en abril del 2003 durante la
realización paralela del Foro Mundial del Agua de
Kyoto, Japón, y la convocatoria alternativa de
Florencia, Italia.
Para
las transnacionales y las instituciones financieras
internacionales el agua es un bien
económico-comercial, como el petróleo, un auto o un
televisor. Por lo tanto puede ser vendido, comprado o
intercambiado. El acceso al agua es una necesidad
vital pero no un derecho humano esencial. Y los seres
humanos son consumidores/clientes de un bien/servicio
al que se puede acceder a través de los mecanismos de
mercado.
Según
la misma óptica, se impone la liberalización de los
servicios hídricos. Esta liberalización –desregulación
y privatización– se debe aplicar según el principio de
condicionalidad impuesto por el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional. Es decir, un país puede
obtener créditos a condición que liberalice y
privatice los sectores de actividad para los cuales ha
solicitado ese apoyo externo. Concepto en el cual la
prioridad está dada a la inversión privada.
Tal
como lo señala la Declaración del Foro Alternativo
«...esta prioridad ha sido consagrada por el Informe
elaborado por Michel Camdessus, antiguo director del
FMI, presentado a Kyoto. Según la Declaración final de
la Cumbre de Monterrey, México, sobre el
financiamiento al desarrollo mundial y el Informe
Camdessus, sólo el sector privado puede asegurar de
manera eficaz el financiamiento suplementario... que
sería necesario en la próxima decenia para reducir a
la mitad las personas que no tienen acceso al agua y a
servicios sanitarios».
La
visión opuesta, expresada por la sociedad civil
internacional en el Foro Alternativo de Florencia, e
inspirada en el Manifiesto del Agua así como en las
reflexiones del Foro Social Mundial de Porto Alegre,
pregona a favor de “otra política mundial y local del
agua” y busca asegurar “el derecho al agua a las 8 mil
millones de personas que habitarán la tierra en el
2020”.
Basándose en cuatro principios fundadores. El acceso
al agua en cantidad (40 litros por día para uso
doméstico) y calidad suficientes debe ser reconocido
como un derecho constitucional humano y social,
universal, indivisible e imprescindible. El agua debe
ser considerada como un bien común que pertenece a
todos los seres humanos y a todas las especies
vivientes del planeta. Es a la colectividad pública de
asegurar el financiamiento de las inversiones
necesarias para concretizar el lema de “agua potable
para todos”. Y, por último, los ciudadanos deben
participar, sobre bases representativas y directas, a
la definición y realización de la política del agua,
desde el nivel local al mundial.
Banco
Mundial-FMI-transnacionales versus sociedad civil
planetaria. Dos visiones diferentes, dos concepciones
antagónicas, muchas más tensiones en puerta y la
historia de un conflicto anticipado: entre los que
beben y los sedientos...
En
marzo del 2003, el Banco Mundial, las multinacionales
de agua –entre ellas Vivendi Environnement, Suez, RWE,
Thames Water, Souther Water, Danone, Coca-Cola, Nestlé,
Aguas de Barcelona, Saur Bouygues, Bechtel– e
instituciones afines creadas por ellas, tal como el
Consejo Mundial del Agua, realizaron un Foro Mundial
en Kyoto, Japón. Contaban, además, con el apoyo de
numerosas instituciones ligadas a las Naciones Unidas.
Ante la falta de voluntad política para un intercambio
conceptual de fondo en los trabajos preparatorios,
numerosas organizaciones de la sociedad civil
internacional decidieron reunirse, al mismo tiempo, en
Florencia, Italia entre el 21 y el 23 de marzo, en el
Primer Foro Alternativo del Agua.
Participaron entre otros el Comité Internacional por
el Contrato Mundial del Agua (Bruselas); ATTAC de
varios países europeos; la Coordinadora para la
defensa del agua y de la vida de Cochabamba (Bolivia);
el Foro Social del Agua de Brasil; numerosas
organizaciones italianas entre las cuales el Foro
Social de Florencia; Public Citizen (USA); Pipal Tree
(india); Oxfam Bélgica; la Fundación Francia Libertad
(Francia) etc. A la base de la reflexión en este Foro
Alternativo –que produjo un importante documento
referencial– se manejaron una serie de cifras que
expresan el dramatismo extremo de la problemática a
nivel mundial.
·
2 mil
400 millones de personas no tienen hoy acceso a
servicios sanitarios.
El Segundo Foro Alternativo mundial se realizará en el primer
semestre del 2005 en Ginebra, Suiza. Una asociación
amplia –integrada por numerosas ONG y movimientos
sociales– así como un Comité de Organización, con sede
en esa ciudad helvética, acaban de ser constituidos
para asegurar la realización de dicho encuentro
planetario.
Tal como lo fundamentan los defensores-promotores de la
propuesta, entre ellas las principales ONG y
movimientos sociales internacionales que trabajan en
la materia, la Convención del Agua que debería
elaborarse y votarse a nivel internacional permitiría:
Sergio Ferrari
Publicación: REBELIÓN
8 de
junio del 2004
