El encuentro contó con la participación de representantes de varios países latinoamericanos y se dividió en dos mesas: una referida a las experiencias de las privatizaciones de los servicios de agua potable y saneamiento en países de la región, y otra cuyo eje central fueron las particularidades geoestratégicas y sociopolíticas del acuífero Guaraní, que involucra a todos los países integrantes del Mercosur.

Sudamérica: apetecible bocado para las multinacionales del agua

Expositores de la mesa en la que se abordó la temática del acuífero Guaraní dieron algunas pistas por las cuales el primer mundo tiene gran interés por los recursos acuíferos en particular y por los naturales en general de esta región. El geólogo argentino Alfredo Serra, del Foro Ecologista de Paraná, indicó que las partes más habitadas del planeta están afectadas por un “estrés hídrico severo” que alcanza actualmente a Estados Unidos y el sur de Canadá, Europa, Asia, Australia, África y algunas partes de América del Sur, fundamentalmente Argentina.

Serra advirtió que si Washington ”agredió a Irak por el petróleo –una sustancia reemplazable– qué no haría por el agua”, y citó datos del Geological Service norteamericano, según el cual en 1980 Estados Unidos tenía escasez de agua en el suroeste y a partir de 2000 la escasez abarca todo el territorio. ”En los próximos años esa escasez se va a acentuar además por el fenómeno del cambio climático. Su principal acuífero, el Ogallala, tiene fecha de defunción; en 15 o 20 años más se les termina y reconocen que no pueden hacer nada por revertir esta situación”, indicó.

En un libro del investigador uruguayo Bernardo Quagliotti de Bellis* se señala a su vez que el 95 por ciento del agua potable de Estados Unidos es subterránea. Las fuentes de agua se están secando debido a que los cultivadores bombean el líquido más rápido de lo que la lluvia las rellena. El Ogallala, por ejemplo, se está empobreciendo a una tasa de 12.000 millones de metros cúbicos al año.

A nivel mundial, se estima que en 2025 la demanda de agua superará en un 56 por ciento a la oferta.

Otra de las pistas que explican el interés por los recursos del Cono Sur las dio Elsa Bruzzone, profesora de Historia y secretaria del Centro de Estudios Militares para la Democracia (CEMIDA), quien afirmó que si bien hasta ahora se pensaba que el Guaraní era el tercer acuífero más grande del mundo, este año la Organización de Estados Americanos (OEA) ha comenzado a decir que en realidad es el primero. El Guaraní, destacó, “contiene un agua de excelentísima calidad y de altísimas propiedades minerales. Un agua según la cual los estudios realizados por la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) es rica en isótopos, fundamentales para todo lo que es aeronaútica, industria espacial y también industria militar. En Sudamérica tenemos el 47 por ciento del agua potable superficial y subterránea del mundo”.

Bruzzone indicó también que "todos los recursos naturales y estratégicos no están en los países del primer mundo sino en los del tercer mundo. Se ha elaborado un proyecto que, bajo el supuesto de que es para investigar explosiones subterráneas de armas atómicas ilegales se van a desplegar 321 bases en 89 países, 8 de las cuales están en Argentina. Y qué casualidad que están situadas cerca de sitios donde tenemos recursos naturales estratégicos por un lado y minerales por otro. Se vienen para apropiarse de nuestros recursos y esto está implementado a través de lo que se conoce con el nombre de Sistema Interamericano de Defensa, instrumentado a partir de 1995. Este sistema tiene 3 patas: le dice sí a la democracia representativa y no a la participativa porque es fácil comprar un representante pero muy difícil comprar a un pueblo que controla la gestión, que exige que se rindan cuentas, que se manifiesta por consultas populares; una pata económica, el ALCA, cuyos capítulos más peligrosos son los de inversión y solución de controversias, propiedad intelectual y competencia, que establece que un estado nacional debe abrir la puerta a todas las empresas privadas multinacionales en todas las áreas incluidas las materias primas y el agua es una de ellas; y la última pata es que los laboratorios se pueden apoderar de los conocimientos de los pueblos originarios del continente.

El fracaso social de Aguas Argentinas

En marzo de este año, Rel-UITA dio cuenta de los testimonios aportados por un grupo de representantes de organizaciones que están coordinando acciones en defensa del agua en el ámbito internacional. Integrantes de esas redes realizaron en Uruguay varias charlas y conferencias sobre la privatización del agua, en las que dos canadienses, un boliviano y una estadounidense se refirieron a los pésimos resultados para las poblaciones –no así para las empresas– de las experiencias de privatizaciones de ese recurso en sus respectivos países.

Tanto en esos casos como en el argentino y el chileno, dados a conocer en el Foro Social, el denominador común ha sido la pérdida de calidad de los servicios y el aumento desmedido de las tarifas, exactamente lo mismo que ha pasado con la gestión de Uragua y Aguas de la Costa en el departamento uruguayo de Maldonado y que –junto con nuevas privatizaciones– podría extenderse a otros puntos de este país si el próximo 31 de octubre no se aprueba la reforma constitucional promovida por la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida.

El argentino Martín Schorr, magister en Sociología Económica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), relató la experiencia de la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, siendo este último el sistema más grande del mundo: 10 millones de personas (ver informe).

El mito del modelo chileno

María Paz Haedo, encargada de programas y Proyectos del Programa Chile Sustentable, sentenció que la experiencia de su país “es dramática por las consecuencias que ha tenido y por el marco legal que ha favorecido este proceso de privatización y mercantilización del agua instalado por la dictadura y mantenido por el gobierno de la Concertación para la Democracia, especialmente por el gobierno de izquierda".

Explicó que el Estado chileno "dividió la administración de las aguas en 12 subempresas que corresponden a las 12 subregiones del país. En la medida que el Estado perdía el control central en el manejo de aguas, las empresas asumieron que podían hacer lo que quisieran. Lo que hizo el gobierno de la transición fue concesionar la gestión de las empresas sanitarias a empresas como la Suez que actualmente concentra el 80 por ciento de la gestión del agua en Chile. El gobierno dice que el alza de tarifas entre 1999 y 2000 –el año de las privatizaciones– fue de entre 24 y 30 por ciento. Pero la Organización de Consumidores la calcula en el orden de entre 100 a 200 por ciento. Hoy estamos en una situación cercana a 400 por ciento más de lo que costaba el agua cuando era administrada por el Estado. Esto se ha traducido en una notable reducción del consumo porque la gente simplemente ya no puede pagar. El costo del servicio representa el 7 por ciento del ingreso de una familia pobre y el 0,1 por ciento de los ingresos de las familias más ricas”.

Según cifras de la CEPAL, el servicio de agua en Chile es uno de los más caros de Latinoamérica. Al igual que pasó en el caso argentino, a los dos meses de entrar en funcionamiento las plantas de tratamiento colapsaron, inundando todo con aguas servidas.

Todo esto fue avalado por el Código de Aguas, que dividió las formas de uso de agua en consuntivo y no consuntivo, correspondiendo el primero al consumo directo (agua potable, agricultura y labores productivas donde el agua se agota y no vuelve al cauce original) y el segundo a la producción de energía eléctrica y otras actividades que devuelven el agua al cauce. Junto con esto, se incorporó en la Constitución un artículo que establece que el agua ya no es solamente un bien de uso público sino también un bien económico, lo que permite su enajenación a cualquier privado que demande el derecho del uso consuntivo o no consuntivo. Esto significó la autorización de la privatización del agua concediendo los derechos de uso gratuitamente y a perpetuidad. Ahora, cualquier privado puede pedirle al Estado chileno la concesión de afluentes y ríos sin pagar nada, sin ser fiscalizado y sin ni siquiera deber informar sobre para qué la quiere. Ha pasado, por ejemplo, que una empresa se apropie del agua de un curso quitándosela a una comunidad indígena y no hacer absolutamente nada con ella.

En Chile, el agua potable para consumo representa el 4 por ciento del uso consuntivo, mientras la agricultura de exportación concentra el 82 por ciento de los derechos de agua para uso consuntivo. “Es decir –agregó Haedo– que exportamos más del 80 por ciento del agua, que se podría destinar al consumo humano. También se ha producido una concentración de la propiedad en el uso no consuntivo de aguas que básicamente se refiere a generación de electricidad. Por todo esto, lo que ocurre en Chile es un gran engaño, puesto que se le está diciendo a todo el resto de los países latinoamericanos que nuestro modelo funciona y es perfecto, pero ésta es la realidad”.

Virginia Matos

© Rel-UITA

29 de setiembre de 2004

* “Guerras del objetivo El Oro Azul”, revista Geosur, Asociación Latinoamericana de Estudios Geopolíticos e Internacionales, Nº 273-274, enero-febrero 2003.