Uruguay - Argentina

 

Profundizan la guerra de la celulosa

Duelo criollo

Hace poco menos de un año, cuando asumía la presidencia de Uruguay el socialista Tabaré Vázquez, los analistas pronosticaban una larga luna de miel política entre los dos países del Río de la Plata, vistas las “afinidades ideológicas” entre Vázquez y su par argentino Néstor Kirchner. Nadie hubiera imaginado entonces que un conflicto medioambiental provocara el más duro y prolongado enfrentamiento diplomático entre ambas naciones en mucho tiempo.

 

La instalación de dos plantas de celulosa del lado uruguayo de las márgenes del fronterizo río Uruguay fue el motivo de la disputa. Los dos emprendimientos, a cargo de la empresa española Ence y de la finlandesa Botnia, fueron acordados por el predecesor de Vázquez, el conservador Jorge Batlle, pero comenzaron a concretarse bajo el actual gobierno, que tras unos meses iniciales de duda se decidió a impulsarlos con determinación.

 

El gobierno federal argentino, al igual que el provincial de Entre Ríos, frente a cuyas costas se construirán las plantas -y organizaciones ecologistas de ambos países-, rechazan la concreción de los proyectos, al estimar que contaminarán un río compartido, afectando la fauna, la salud humana y la economía del área.

 

Por su lado, Uruguay responde que las empresas se han comprometido a minimizar los riesgos ambientales y a respetar la normativa europea, las más avanzada en la materia, y esgrime a su favor el informe de una consultora contratada por una agencia del Banco Mundial que descarta cualquier peligro grave de contaminación de las aguas.

 

Buenos Aires acusa igualmente a Montevideo de no brindarle información adecuada y oportunamente solicitada sobre los proyectos y de boicotear reuniones de una comisión binacional universitaria constituida para evaluar los posibles efectos de los emprendimientos. Uruguay niega ambas afirmaciones.

 

El conflicto fue en un in crescendo continuo de declaraciones cruzadas, amenazas de retorsiones comerciales o juicios internacionales y solicitud de intervención de organismos multilaterales, suavizados por momentos de negociación y de cierto “perfil bajo”, hasta que hace apenas unos días volvió a “calentarse”.

 

Tras anuncios reiterados de que procederían a acciones de envergadura, vecinos de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú reunidos en una Asamblea Ciudadana Ambiental cortaron a comienzos de este año, durante varias horas un fin de semana, el puente que une a esa localidad con la uruguaya de Fray Bentos. Lo hicieron luego una segunda vez y lo reiterarán el viernes 13, en esta ocasión, según dicen, “por tiempo indeterminado, vista la escasa reacción de las autoridades uruguayas”.

 

La medida ha afectado severamente la llegada a Uruguay de turistas argentinos, en especial de clase media, que utilizan ese puente para trasladarse a playas del litoral oeste o de la costa atlántica oriental de este país en plena temporada estival

 

El gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, anunció por su lado que denunciará penalmente ante la justicia de su provincia a las empresas Ence y Botnia por “tentativa de contaminación”, al tiempo que el gobierno federal argentino continúa sin descartar denunciar al estado uruguayo ante la Corte Internacional de La Haya.

 

La tecnología libre de cloro elemental que Botnia -el mayor de los emprendimientos previstos- con una producción futura estimada de un millón de toneladas anuales de celulosa (el doble que Ence), no es limpia: para serlo debería estar totalmente privada de cloro.

El director de Asuntos Ambientales de la Cancillería argentina, Raúl Estrada Oyuela, fue aun más lejos: “Si no se puede negociar, vamos a tocar todo el sistema financiero y el sistema comercial y a preparar un amplio boicot a la producción de plantas que contaminen”, dijo al semanario de su país “Perfil”. “Vamos a ponernos en contacto con los ambientalistas de Europa y les vamos a hacer notar a los accionistas y a las entidades financieras las responsabilidades patrimoniales que pueden caberles”, agregó. Casi una declaración de guerra comercial que luego autoridades argentinas de mayor nivel relativizaron.

 

Una propuesta del gobierno de Kirchner de trasladar las dos plantas algunos kilómetros más abajo, a un área del territorio uruguayo aparentemente más “neutra” para las costas argentinas, fue rechazada de plano por Montevideo. “Es una idea incongruente, y además las empresas ya llevan invertido mucho dinero en estos emprendimientos”, adujeron esta semana en los ministerios de Relaciones Exteriores y de Industrias.

 

A decir verdad, salvo contadas excepciones, la dirigencia política uruguaya, de derecha, centro o izquierda, ha hecho causa común en este caso, defendiendo la instalación de las plantas de celulosa en nombre del “derecho a definir autónomamente las condiciones de desarrollo del país sin intervenciones de terceros”, tal como resumió un integrante del gobernante Frente Amplio. Hubo incluso quienes, sobre todo en los partidos de derecha, prefirieron un tono francamente guerrerista y llegaron a evocar épicas batallas de comienzos del siglo XIX.

 

Quienes han puesto más cordura y menos fervor nacionalista han sido algunas organizaciones ambientalistas de los dos países, que han optado por defender “otra óptica del desarrollo” absolutamente separada de la “razón de Estado”.

 

Julio César Villalonga, director político de la sede del grupo ecologista internacional Greenpeace en Argentina, encargado también de Uruguay y Paraguay, elevó la semana pasada al gobierno uruguayo y lo hará la próxima al argentino, un plan de gestión limpia de la industria de la celulosa.

 

Según una crónica publicada el viernes 6 en el semanario Brecha, Villalonga sostuvo que "la situación no debe verse como una disputa binacional, ya que ambos países comparten un problema común. Si no lo enfrentan juntos, las dificultades de hoy se reiterarán, porque a escala global hay una expansión papelera, que busca nuevos territorios para instalarse y tanto Uruguay como Argentina son candidatos para la instalación de estas plantas”. Ambos, señaló, "deberían acordar criterios comunes, estándares claros sobre cómo desarrollar esta industria”.

 

En Argentina, recordó, ya están en funcionamiento once empresas de celulosa que se manejan con tecnologías más atrasadas, y por ende más contaminantes, que las que se proyectan en Uruguay, y el gobierno de ese país debería comenzar a reconvertirlas hacia procedimientos más “limpios”.

 

Villalonga rechazó la propuesta de la administración de Kirchner de trasladar las plantas de Botnia y Ence a otra zona del territorio uruguayo, porque de esa manera “se estaría evitando problemas a los argentinos pero los uruguayos se verían tan afectados como se lo denuncia en la actualidad, es decir que no se resolvería nada”.

 

En cuanto a las características de las plantas que instalarían en Uruguay las firmas española y finlandesa, Greenpeace estima que si bien es cierto que se ceñirán a la normativa vigente hoy en Europa, ésta no tiene por qué “brindar garantías de limpieza”.

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Uruguay  

5-01-2006 

 

Plantas de Celulosa

 

Consultora del Banco Mundial esconde emisiones de dioxinas y furanos

 

RAP-AL Uruguay

 

La tecnología libre de cloro elemental que Botnia, el mayor de los emprendimientos previstos, con una producción futura estimada de un millón de toneladas anuales de celulosa (el doble que Ence), “no es limpia: para serlo debería estar totalmente privada de cloro”, agregó el dirigente.

 

De opinión similar en este punto son el grupo Guayubira y RAP-AL de Uruguay. Esta última, en un comunicado difundido el miércoles 4, critica muy duramente un informe sobre el impacto acumulado de las dos plantas efectuado por la consultora Pacific Consultants International para la Corporación Financiera Internacional (CFI, dependiente del Banco Mundial).

 

El informe en cuestión concluye que el sistema libre de cloro elemental previsto para estas plantas “reduce a niveles no detectables las emisiones de dioxinas y furanos”, por lo cual no afectarían gravemente el ambiente ni la salud animal o humana.

 

RAP-AL sostiene por su lado que las fuentes en que se basa la consultora son tendenciosas: sólo cita tres investigaciones, en las que además el nombre de un especialista se repite, tratándose de un científico vinculado a la Asociación Brasilera Técnica de Celulosa y Papel.

 

Una de las investigaciones citadas por Pacific Consultants fue además hecha en laboratorio. “Resulta totalmente falto de seriedad basarse -como lo hacen- en algunos análisis de laboratorio para afirmar que allí las dioxinas y furanos no son detectables”, descartando los muy considerables volúmenes de producción manejados por Ence y Botnia, de 1,5 millones de toneladas anuales de celulosa globalmente, indica la Red.

 

A su vez, la consultora que trabaja para la CFI no maneja otros informes que sí han probado los altos niveles de contaminación generados por la tecnología libre de cloro elemental, por ejemplo en las propias España y Finlandia, así como en Chile y Estados Unidos. Y tampoco considera de recibo recordar que en Chile una fábrica de celulosa en las que se aplicaban sistemas de control de emisiones similares a los previstos en Uruguay conoció “accidentes” que determinaron su clausura reiterada por el gobierno luego de haber provocado graves daños ambientales.

 

A todo esto, otro conflicto ambiental se perfila entre Argentina y Uruguay.

 

De acuerdo al senador del Frente Amplio Enrique Saravia, la decisión del gobierno de Kirchner de reanudar la generación nuclear de energía eléctrica en la central de Atucha II, en la provincia de Buenos Aires, cercana a las costas uruguayas, podría “provocar un nuevo Chernobyl” en esta región del mundo.

 

La planta, cuya construcción se frenó diez años atrás pero sería retomada, con una inversión de casi 500 millones de dólares, en previsión de una eventual crisis energética, utilizaría tecnología de los años ochenta, dijo Saravia al diario “La República”, de Montevideo.

 

“Podría llegar a producirse un accidente similar a la catástrofe nuclear provocada en Rusia por la central de Chernobyl, hace unos veinte años, y los uruguayos nos veríamos muy seriamente afectados”, alertó el legislador. Algunos en Montevideo ya habrían sugerido que en caso de que Argentina decida proseguir el proyecto se denuncie a ese país ante la justicia por “tentativa de contaminación”...

 

Daniel Gatti

© Rel-UITA

12 de enero de 2006

Imágen Satelital: Google Earth

 

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