El conflicto entre 
							Argentina y Uruguay por la instalación de dos 
							plantas de celulosa europeas en la margen oriental 
							del río Uruguay, que lleva meses y está cada vez más 
							empantanado, aparece plagado de paradojas y 
							absurdos.
							 
							
							Uno de los mayores absurdos se produjo el fin de semana 
							pasado con un intercambio de comunicados entre las 
							dos cancillerías, que se acusaban mutuamente de 
							mentir respecto a lo que se había dicho en una 
							reunión de representantes del Mercosur.
							 
							
							Uruguay sostenía que Brasil y Paraguay habían respaldado su 
							pedido de convocar a una reunión del Consejo del 
							bloque para tratar el diferendo de las papeleras. 
							Argentina decía que nada de eso se había producido. 
							Así estuvieron durante dos días, comunicado va, 
							comunicado viene, hasta que Montevideo se decidió a 
							publicar las actas de la reunión que, en este caso, 
							le dieron la razón.
							
							 
							
							Otro absurdo se dio durante la llamada “cumbre del gas”, la 
							semana pasada en Asunción, que reunió a Paraguay, 
							Uruguay, Bolivia y Venezuela para discutir el 
							financiamiento y trazado de un ducto que lleve gas 
							boliviano desde Tarija, en Bolivia, hasta Colonia, 
							en Uruguay.
							
							 
							
							El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, insistió para que 
							se evitara a toda costa que el gasoducto atravesara 
							territorio argentino, aun si ese derrotero puede 
							llegar a encarecer los costos de la obra.
							
							 
							
							Se supone que cuando los trabajos de construcción del 
							gasoducto concluyan, si alguna vez comienzan, el 
							conflicto de las papeleras ya habrá concluido hace 
							tiempo…
							
							Las cosas, por el momento, se ven en esta región del mundo 
							por el ojo de la cerradura, y la coyuntura predomina 
							claramente sobre cualquier visión estratégica.
							
							 
							
							Cierto es que Vázquez algún motivo fundado tenía de querer 
							escapar, ahora, a la actual dependencia de su país 
							del gas de su gigantesco vecino. Jorge Busti, 
							gobernador de la provincia de Entre Ríos, fronteriza 
							con el departamento uruguayo de Río Negro, donde se 
							emplazarán las dos plantas de la discordia, habría 
							pedido al presidente argentino Néstor Kirchner que 
							corte el suministro del fluido a Uruguay como forma 
							de presión. El propio Busti había dicho meses antes 
							que siendo el acceso a la energía indispensable para 
							cualquier proyecto de desarrollo nunca se podía 
							poner en peligro, por ejemplo, el suministro de gas 
							a los países “hermanos”...
							
							 
							
							
							Las paradojas han 
							abundado, y abundan, en el conflicto
							
							 
							
							La primera, esencial, de partida: las declaraciones 
							tonitruantes de autoridades ambientales uruguayas 
							sobre que las fábricas de celulosa proyectadas en 
							Río Negro “no son contaminantes”, que de llegar a 
							serlo había “suficientes mecanismos previstos para 
							reaccionar” y limitar a tiempo los efectos 
							negativos, y que Uruguay jamás pondría en peligro su 
							“fama” de “país altamente respetuoso del medio 
							ambiente” y de “país natural”.
							
							 
							
							Bastó que una consultora avalada por todas las partes y 
							respaldada por el Banco Mundial –la canadiense 
							Hatfield– realizara una evaluación independiente 
							para que quedara demostrado que los peligros de 
							contaminación generados por el vertimiento de los 
							desechos acumulados de ambas plantas al río Uruguay 
							son reales, de que las tecnologías previstas para su 
							tratamiento no son las más adecuadas en todos los 
							casos, y que ha habido falta de previsión de parte 
							de las autoridades ambientales uruguayas al 
							autorizar los emprendimientos.
							
							 
							
							Este conflicto es puramente bilateral y no necesita de 
							mediación extranjera alguna, clama a todos los 
							vientos Néstor Kirchner para oponerse a la 
							estrategia uruguaya de al menos regionalizar el 
							diferendo.
							
							 
							
							Sin embargo, no duda en pedirle públicamente a Finlandia que 
							intervenga para lograr que la empresa finesa Botnia, 
							la mayor de las que se instalarán en Río Negro y la 
							que más ha avanzado en las obras, paralice los 
							trabajos de construcción durante noventa días para 
							que puedan establecerse negociaciones serias entre 
							las partes.
							
							 
							
							Finlandia no intervendrá, porque se trata de un diferendo 
							entre estados y una empresa privada en el cual el 
							gobierno no tiene por qué tomar cartas, respondió la 
							presidenta del país europeo, Tarja Halonen. Sin 
							embargo, pocas semanas antes autoridades finesas 
							habían sostenido que defenderían a toda costa esa 
							inversión, una de las mayores (cerca de 1.200 
							millones de dólares) de una firma de ese origen en 
							el exterior.
							
							
							 
							
							Botnia ha actuado “con generosidad” y aceptado detener las 
							obras por un tiempo suficiente para que las partes 
							intenten solucionar el conflicto, anunciaba el 
							secretario de la Presidencia de Uruguay, Gonzalo 
							Fernández, poco antes de que tuviera que desmentirse 
							porque esa promesa, hecha por los representantes de 
							la firma en Montevideo, había sido ignorada por los 
							dirigentes de la misma en Finlandia.
							
							 
							
							¿Creer que puede haber un “capitalismo benévolo” no es en 
							cierta manera paradójico?, se pregunta el secretario 
							ejecutivo del Centro Americano de Ecología Social 
							Eduardo Gudynas. Tanto como pensar que puede haber 
							transnacionales que sean “amigas y socias del país”, 
							idea que al parecer manejan las principales 
							autoridades del gobierno surgido de las filas del 
							(¿otra paradoja) izquierdista Frente Amplio 
							uruguayo, se responde el mismo investigador.
							
							 
							
							Más paradojas: mientras el gobierno de Entre Ríos se opone 
							tajantemente a la instalación de las dos celulosas 
							europeas en la margen oriental del río Uruguay, en 
							otras dos provincias argentinas, Misiones y 
							Corrientes, los gobiernos locales ven con muy buenos 
							ojos los planes de empresas del mismo sector (entre 
							ellas la mayor del mundo, la suecofinlandesa Stora 
							Enso) de instalarse en su suelo y sobre las riberas 
							del mismo río Uruguay. Las pasteras que allí se 
							construirían utilizarían una tecnología similar a la 
							que usarían en Río Negro Botnia y la española ENCE.
							
							
							 
							
							Otra: bajo la excusa de que impedían la libre circulación de 
							personas en el subterráneo de Buenos Aires, la 
							policía argentina reprimió fuertemente, y desalojó, 
							a trabajadores que habían cortado los accesos a esos 
							trenes. Nada ha hecho, en cambio, la policía 
							provincial de Entre Ríos, ni la Federal, para 
							permitir la libre circulación de mercancías y 
							personas por el puente entre Gualeguaychú (Entre 
							Ríos) y Fray Bentos (Uruguay), bloqueado desde hace 
							meses por integrantes de la Asamblea Ciudadana 
							Ambiental de esa ciudad. 
							
							 
							
							Altos miembros del gobierno argentino se quejaron de que 
							Tabaré Vázquez no pudiera obligar a Botnia a detener 
							los trabajos en su planta por noventa días (“En 
							Uruguay no manda Vázquez, manda Botnia”, llegó a 
							decir el ministro del Interior Aníbal Fernández), 
							pero recientemente el propio Kirchner debió admitir 
							que “no podía” despejar el puente entre los dos 
							países.
							
							 
							
							El corte de esa vía de comunicación (en algún momento 
							llegaron a estar cortados todos los puentes entre 
							Argentina y Uruguay) llevó a Tabaré Vázquez al 
							absurdo de considerar que “Uruguay y Cuba son 
							actualmente los únicos países bloqueados de América 
							Latina”.
							
							 
							
							Y paradoja mayor: cuando se consideraba que la llegada al 
							poder de partidos de izquierda, o “progresistas”, en 
							la mayoría de los países de la región, fortalecería 
							la integración en el Mercosur, está sucediendo 
							exactamente lo contrario, y este bloque aparece más 
							débil que nunca.
							
							 
							
							Uruguay sostiene que “apuesta” a reforzar el Mercosur, y 
							apela a su institucionalidad para dirimir el 
							diferendo con Argentina, pero paralelamente no 
							descarta buscar un acuerdo de libre comercio con 
							Estados Unidos que en los hechos perforaría 
							severamente al bloque.
							
							 
							
							Argentina sostiene a su vez que el Mercosur es su principal 
							“apuesta estratégica”, pero en los hechos dinamita 
							su credibilidad al negarse a dar trámite (Buenos 
							Aires ejerce actualmente la presidencia pro témpore 
							del bloque) al pedido uruguayo de reunir a su 
							Consejo, y desconsiderar permanentemente a los 
							países pequeños (no sólo Uruguay, también Paraguay).
							
							 
							
							Estando así las cosas en el principal acuerdo de integración 
							latinoamericano (el otro, la Comunidad Andina de 
							Naciones, ya implosionó tras el retiro de 
							Venezuela), y sin disparar un solo tiro (tremenda 
							paradoja), Estados Unidos se frota las manos.
							
							 
							
							
							Daniel Gatti
							
							© 
							Rel-UITA
							
							24 
							de abril de 2006
							
							 
							
							
							
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