M  onsanto ya había ganado juicios en tribunales de menor grado con el argumento de que los Schmeiser habían cultivado en sus campos colza genéticamente modificada de su propiedad sin el pago de la correspondiente licencia.

El fallo, modificando una sentencia anterior, establece que los Schmeiser no tienen que pagar ni un centavo a Monsanto, lo cual no impedirá que el matrimonio vea comprometido su futuro, dado que en el año 2002 ya llevaban invertidos en el juicio 120 mil dólares estadounidenses, extraídos de sus respectivos fondos de pensión. Por otra parte, esta decisión no perjudica a Monsanto, a quien no le interesa el cobro de una multa, pues su estrategia es que se reconozcan sus patentes y la desaparición -por contaminación- de todas aquellas variedades que no sean transgénicas. Como veremos a continuación, esta estrategia está siendo exitosa desde el momento en que en el oeste de Canadá prácticamente ya no existe una sola plantación de colza que no se encuentre contaminada con la variedad Roundup Ready de Monsanto.

Todo comenzó con el clásico estilo Monsanto. En 1998, un vecino de los Schmeiser los denunció ante la compañía de tener colza transgénica en sus tierras. Este hombre, que había trabajado para Monsanto como vendedor, el año anterior había plantado colza transgénica en algunas tierras de los Schmeiser, precisamente las mismas que luego fueron denunciadas. Lo curioso es que ningún tribunal tomó en cuenta las evidencias de que el denunciante, debido a sus conexiones con la compañía, habría cometido el delito de cultivar colza transgénica antes de que ésta fuera autorizada en 1966. Una vez más nos encontramos con la estrategia de Monsanto de crear, como en el caso de Brasil, “hechos consumados” ¹.

Percy es un mejorador de semillas, que cultiva colza desde hace mucho tiempo y desarrolló semillas de la oleaginosa durante 53 años. Sus variedades fueron contaminadas por la colza transgénica de Monsanto y no puede utilizarlas más desde el momento en que un juez de primera instancia dictaminó que todos los ingresos de su cosecha de 1998 vayan a Monsanto. Incluso lo producido en dos parcelas donde se demostró que no había colza transgénica y en otra que ni siquiera fue analizada. La decisión del juez se basó en que “había alguna probabilidad” de que en ellas existiera alguna semilla transgénica de la compañía.

Con el criterio de las probabilidades de aquel juez, es posible argumentar que existieron otras más creíbles que no fueron tomadas en cuenta, a saber:

a)   Que el año anterior, el vecino había sembrado colza transgénica en una propiedad de los Schmeiser y es posible que algunas semillas hayan permanecido -y multiplicado- en el predio.

b)   Que la propiedad de los Schmeiser es atravesada, a lo largo de tres kilómetros, por una carretera que lleva a la planta de tratamiento de colza, por lo que no es de descartar que la presencia de las plantas denunciadas obedezca a semillas que cayeron de los camiones que las transportan. Un agricultor testificó durante el juicio que él había perdido una cantidad de colza transgénica suficiente para sembrar 2.000 acres (809,4 hectáreas).

c)   Que la colza, a diferencia del maíz o la soja, se poliniza de forma abierta y puede extenderse rápidamente. Además, luego de cortada, debe ponerse a secar y una vez seca puede ser trasladada a grandes distancias por el viento.

d)   Que algunas semillas de colza pueden permanecer inactivas en la tierra entre cinco y diez años y cuando germinan, crece una planta que producirá 10 mil semillas en un año.

Un razonamiento honesto nos lleva a no descartar que algunas de las hipótesis anteriormente señaladas pueden haber sido las responsables de la contaminación con colza transgénica en los campos de los Schmeiser. Máxime si tenemos en cuenta que, como señalamos, Percy desarrolló, luego de 53 años de labor,  una variedad de colza resistente a las dos enfermedades más comunes que afectan a esta oleaginosa en Canadá. Variedad que ahora se ha perdido como consecuencia de la contaminación con la colza transgénica de Monsanto. Pero hay más. Monsanto recomienda que los cultivos de su colza transgénica deben rotarse -por ahora- cada cuatro años, para que no sufran los efectos de las enfermedades. Por su parte, Percy llegó a sembrar su variedad colza durante 10 años seguidos en la misma parcela, sin ninguna consecuencia negativa. Actualmente nueve de cada diez agricultores de colza en Canadá usan Roundup Ready de Monsanto u otras variedades del grano que tolera los herbicidas.

La decisión de la Corte Suprema de Canadá es un nuevo paso en el intento de convertir al Planeta en una especie de Monsantolandia, ya que en su opinión una patente sobre un gen o una célula es violada cuando un agricultor usa una planta o semilla que haya incorporado inadvertidamente el material genético patentado. Ensoberbecida, Monsanto está publicando en los periódicos de Chiapas (México) advertencias destinadas a los campesinos, donde se les advierte que si se les descubre usando ilegalmente semillas transgénicas, corren el riesgo de ser multados e incluso ir a la cárcel. De esta forma, Monsanto ha logrado revertir la lógica y la administración de justicia, imponiendo el aberrante principio de que “el contaminado paga”.

Que esto ocurra casi simultáneamente a la denuncia de que el maíz transgénico -incluyendo el Bt de Monsanto y el Starlink de Aventis- ha contaminado al tradicional en 154 comunidades campesinas e indígenas de nueve estados mexicanos, parece no importar. Tampoco parecen importar las denuncias de organizaciones indígenas y de campesinos de que algunas compañías transnacionales, entre ellas Monsanto, están prácticamente robando la biodiversidad y el conocimiento milenario existente en Chiapas.

Sin embargo, en estos aparentes triunfos que le sirven a Monsanto para hinchar sus arcas y satisfacer a los accionistas, se encuentra el germen de su ruina. Más temprano que tarde la ciudadanía del mundo, antes que dudosos tribunales, se pronunciará. “Esta sentencia de la Suprema Corte unirá a los agricultores y a todos los que nos negamos al control corporativo de la alimentación y la vida, y promoverá que la sociedad civil saque el asunto de los juzgados y lo devuelva a la calle y a las políticas públicas”, afirmó Pat Mooney, director ejecutivo del Grupo ETC.

De todos y todas depende que esta reacción no ocurra cuando ya sea demasiado tarde.

   Enildo Iglesias

© Rel-UITA

25 de mayo de 2004