Colombia

ALCA y TLC   Caras de una misma moneda

Las consecuencias económicas, sociales, culturales y políticas derivadas de la globalización dependerán de las relaciones de fuerza entre los intereses representados en la nueva sociedad global. Se trata de un proceso que depende de la voluntad y la capacidad de respuesta de los actores sociales.

Conforme a lo decidido en una reunión realizada en Miami en 1995 por los gobiernos del continente, bajo las pautas de la Iniciativa para las Américas formulada por el presidente George Bush padre, los pueblos americanos, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, están abocados a la consolidación de un modelo de acuerdo comercial que responde fundamentalmente a los intereses de Estados Unidos y las transnacionales de capital norteamericano. Este fenómeno está ocurriendo a nivel global, pero es particularmente brutal en las Américas, dado que Washington busca profundizar su hegemonía en este hemisferio para contar con ventajas competitivas en su guerra comercial con sus competidores europeos y asiáticos.

En efecto, Estados Unidos ha buscado por todos los medios abrir los mercados latinoamericanos, a los que ha sometido a una presión permanente para que eliminen todo tipo de barreras a las empresas y productos extranjeros.

Desde la década de los 80, las presiones se han ejercido a través del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y luego por medio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las negociaciones de acuerdos regionales, a saber el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá, y ahora el ALCA, además de acuerdos bilaterales con cada uno de los países del sur del continente americano.

Los resultados hasta ahora han sido devastadores, sobre todo para México. Desde 1994, cuando el TLCAN entró en vigor, el porcentaje de la población mexicana que vive en la miseria ha aumentado de forma exorbitante, y se produjo una bancarrota general de la pequeña y mediana empresa nacionales, resultando en la pérdida masiva de empleos. Como si esto fuera poco, el campo mexicano ha sido inundado con maíz transgénico importado a precios subsidiados por el gobierno estadounidense, de tal manera que centenares de miles de campesinos del país latinoamericano ya no pueden competir en el mercado del maíz, lo que los ha obligado a abandonar sus tierras.

El ALCA busca asimismo garantizar que los países latinoamericanos liquiden o privaticen sus empresas estatales, calificadas como monopolios, y concedan a las transnacionales el derecho de ingreso, es decir, destruir las empresas nacionales y establecer un nuevo monopolio privado que debe ser protegido por la legislación interna. Las políticas de “flexibilización laboral” reducirán aún más los derechos laborales, particularmente la organización y la negociación colectivas.

Así las cosas, varios países de Latinoamérica han expresado sus reservas con respecto al ALCA, y abierto la discusión de reglas alternativas para la integración regional. Y es que tanto las negociaciones del ALCA como las de los acuerdos bilaterales soslayan los temas relacionados con los estándares sociolaborales y las migraciones, debido a las asimetrías o diferencias existentes entre los países desarrollados del norte y los países pobres del sur. Mientras los pobladores de Estados Unidos y Canadá cuentan con un ingreso per cápita superior a 30.000 dólares anuales, los del sur de América y del Caribe escasamente alcanzan un promedio de 2.500 dólares anuales. De esta manera, los países latinoamericanos constituyen un vasto territorio para la sobreexplotación del trabajo por parte de las transnacionales que, a través de las maquilas, contarán con fuerza de trabajo baratísima y con escasa capacidad de resistencia, además del uso y abuso de los recursos naturales de estos países.

En 2001, 214 millones de personas, casi el 43 por ciento de la población latinoamericana, vivía en la pobreza. De ellas, el 18,6 por ciento (92,8 millones) se encontraban en la indigencia. Las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para 2002 pronosticaban un aumento de la pobreza en alrededor de 7 millones de personas, 6 de millones de las cuales serían indigentes. Cualquier proyecto de integración tendría que responder a esta realidad social, pero los postulados propuestos por el ALCA pretenden enraizar en el continente reglas que limitan las posibilidades de que las políticas y prácticas de comercio e inversión puedan contribuir a la reducción de la pobreza, y profundizarían aún más el cuadro de desigualdad y exclusión en la región.

En síntesis, el ALCA no sería una zona de libre comercio, es decir un espacio que contempla la libre circulación de capitales, bienes y personas. Tampoco una unión aduanera, que adiciona a lo anterior la vigencia de un arancel externo común. Ni un mercado común, que cuenta con políticas macroeconómicas conjuntas. El término que mejor resumiría la relación que Estados Unidos mantendría con los países latinoamericanos en el marco del ALCA sería el de “anexionismo”.

El escenario mundial para esta subordinación a los intereses de las grandes empresas transnacionales estadounidenses y europeas es la OMC, un organismo en el que los propios funcionarios de los gobiernos, los presidentes, ministros y asesores se convierten en agentes de las transnacionales, que a su vez devienen en estados privados sin fronteras que no rinden cuentas de nada a ningún estado y mucho menos a la ciudadanía, pero sí exigen que el estado nación les rinda cuentas de los sacrificios realizados, a través del Banco Mundial y el FMI.

TLC: ¿LIBRE EXPRESIÓN DE VOLUNTAD O CHANTAJE?

Ante el estancamiento del ALCA como estaba inicialmente diseñado y el fracaso de la reunión de la OMC en Cancún, Estados Unidos se ha volcado hacia un modelo de negociación bilateral con el fin de cumplir con su agenda de política exterior. El gobierno cuenta con la autorización del Congreso para negociar tratados de libre comercio (TLC) con Colombia, Perú y Ecuador, y con la posibilidad de incluir posteriormente a Bolivia.

Tres argumentos respaldan las negociaciones entre Bogotá y Washington. En primer lugar se abriría de manera importante el gran mercado estadounidense a los productos colombianos; en segundo lugar, dado que Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones del país sudamericano, una liberalización del comercio bilateral jalonaría fuertemente el sector exportador colombiano; por último, la consolidación de un acuerdo de estas características brinda un marco jurídico seguro, que estimula la inversión extranjera.

Pero recordemos el pasado reciente. La apertura económica que impulsó el gobierno de César Gaviria desde los primeros años del decenio anterior bajo el lema de "bienvenidos al futuro", también se presentó como la gran panacea. Se decía que el ajuste estructural de la economía y del aparato estatal conduciría a la inserción de las exportaciones en los mercados internacionales, al crecimiento nacional, la reducción del desempleo y el mejoramiento salarial. Sin embargo, luego de más de una década de implementación de estas políticas aperturistas, el fiasco es monumental. Todo lo que se anticipó sucedió al revés. El Contralor General de la República lo advirtió en un artículo publicado en el número 299 de la revista Economía colombiana: “Sería deplorable que esta segunda fase de la apertura, para darle algún nombre, cerrara sus puertas de discusión a la consideración de los impactos de las nuevas desgravaciones arancelarias -que surjan de esos acuerdos- sobre la producción, la productividad y el empleo remunerativo de los colombianos y que no buscará, en aras del culto al mercado libre, una ruta selectiva y gradual que les permita a nuestros productores y trabajadores prepararse adecuadamente. (...) Hoy pienso, en especial, en las improvidentes decisiones que afectaron tan duramente a nuestra agricultura y a nuestros campesinos, en particular de la Costa Caribe, y que no fueron capaces de orientar las decisiones para garantizar que se superaran los atrasos y rezagos en materia de bajo crecimiento económico, alta pobreza y baja cobertura y calidad en educación, salud y servicios públicos básicos.”

El esquema de preferencias unilaterales denominado ATPA, creado en 1991 y prorrogado hasta 2006 bajo el nombre de ATPDEA, deja una lección importante. Salvo la floricultura, durante el primer período (1991-2002), y las confecciones, en el nuevo período de prórroga, ningún otro sector ha aprovechado de manera eficiente las preferencias otorgadas por estos acuerdos. Se estima que tan sólo el 14 por ciento de las exportaciones colombianas se canalizan vía ATPDEA.

En 2002, Colombia exportó a Estados Unidos por 5.150 millones de dólares, 45 por ciento del total de sus ventas al exterior. El 70 por ciento de ese monto está constituido por petróleo y sus derivados, 7 por ciento por productos de química básica y 6 por confecciones. Más del 80 por ciento de las exportaciones colombianas a Estados Unidos son productos básicos o primarios, frente a apenas 17 por ciento de productos industriales o con algún valor agregado (Mincomex, 2003).

Para acceder al ATPDEA, el Congreso estadounidense estableció a los países andinos, entre otras, las siguientes condiciones: a) participar de forma satisfactoria en la lucha contra el narcotráfico; b) colaborar en la lucha contra el terrorismo internacional; c) cumplir los compromisos adquiridos en la OMC; d) hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual, marcas y patentes, respetando los intereses de empresas y ciudadanos norteamericanos; e) cumplir las decisiones de tribunales arbitrales internacionales en favor de ciudadanos estadounidenses; f) facilitar la libre circulación de capitales; g) que las empresas colombianas que exportan a Estados Unidos no realicen triangulación de productos; h) respetar las normas ambientales y laborales vigentes; i) demostrar que el país ha cooperado en las negociaciones del ALCA.

La estrategia de los negociadores colombianos se ha orientado a lograr que en un eventual TLC con Estados Unidos estas preferencias se consoliden y se vuelvan permanentes. Esta posición ha significado ceder, como ocurrió con la negociación del ATPDEA, en terrenos tan delicados como el de la propiedad intelectual. Los costos derivados de estas concesiones están aún por evaluar, pero sin duda alguna serán mayores a los beneficios obtenidos.

Por otra parte, Colombia no representa un mercado significativo para Estados Unidos (menos del 0,4 por ciento de sus exportaciones totales); a la inversa, el mercado estadounidense es esencial para Colombia. Por lo tanto, si Bogotá pretende un acuerdo bilateral con Washington deberá someterse a las condiciones de Estados Unidos.

La posición de Estados Unidos en la negociación del TLC se caracteriza por la imposición de políticas neoliberales, mediante la apertura sin condicionamientos a las inversiones extranjeras con libre movilidad de capitales, el control de las compras e inversiones del Estado y sobre la propiedad intelectual. Por otra parte, soslaya temas vitales como la eliminación de sus medidas proteccionistas (subsidios a la agricultura), las migraciones laborales, la seguridad social, la deuda externa.

En este marco, los gobiernos de los países andinos que han aceptado iniciar negociaciones bilaterales con Estados Unidos prácticamente renuncian a la posibilidad de impulsar procesos de integración latinoamericana, sometiéndose a políticas de desintegración que violan los pactos y acuerdos suscritos dentro de la Comunidad Andina de las Naciones (CAN), como el aprobado en marzo de 2003 para intensificar negociaciones con terceros países desde una posición comunitaria, concomitante a la integración física de América del Sur. Es más, en la cumbre realizada recientemente en Quito, los gobiernos andinos plantearon su disposición de armonizar tributos y metas económicas en función del TLC, entre las cuales figura la adopción de un plan de tratamiento común al Impuesto de Valor Agregado (IVA), incrementándolo al 19 por ciento para compensar la pérdida de los ingresos emanados de los aranceles que serán suprimidos.

El gobierno colombiano se muestra como el más obsecuente. Además de aceptar que las negociaciones se desarrollen a puerta cerrada, y que en el "cuarto de al lado" sólo participen los empresarios, reprime las movilizaciones y acalla las voces de oposición, tildándolas de cavernícolas. Frente a situaciones graves como la suerte del sector agrario por efecto de la política proteccionista de Estados Unidos, sostiene que esta realidad beneficia al país, porque permitirá "comer subsidios" al comprar productos agrícolas provenientes del gigante norteamericano, o que brindará a Colombia la posibilidad de sustituir cultivos tradicionales por productos tropicales (uchuvas, pitahayas, borojós, mamoncillos, chontaduros, guamas).

Recordemos que al respecto el Plan de Desarrollo establece que "Todos los productos agrícolas procedentes del exterior que hayan sido objeto de ayudas internas a la producción o subsidios a la exportación o políticas monetarias o económicas, con impacto de distorsión en los precios, generan competencia desleal a la producción nacional al ingresar al país. Por estas razones, Colombia establecerá un tratamiento especial según el caso, incluyendo políticas arancelarias para aquellos productos en los cuales las distorsiones externas perjudiquen a los productores nacionales en detrimento de su ingreso y del empleo nacional"

Mientras la pobreza, la desigualdad y la concentración de la riqueza siguen siendo constantes en América Latina y el Caribe, se vienen promoviendo acuerdos comerciales y de inversión que limitan seriamente las posibilidades de desarrollo y erradicación de la pobreza en los países de la región. Tanto el ALCA como los diversos TLC privilegian los intereses de las grandes corporaciones por encima de los derechos de las poblaciones.

Es justo reconocer que el comercio y las inversiones pueden ser fundamentales para lograr un desarrollo sostenible, reducir la pobreza y satisfacer los derechos básicos de los ciudadanos. Sin embargo, tal como están orientados actualmente no conducen a ninguna de esas metas. Esta contradicción es producto de las reglas injustas que rigen el comercio y la inversión internacional, pues los países ricos y sus grandes empresas definen sus propios términos de integración con la economía global, en detrimento de los más pobres.

Lo anterior determina la necesidad de desarrollar una campaña en procura de un comercio con justicia, que contribuya a cambiar el marco negativo de las reglas internacionales, especialmente aquellas en discusión en el seno de la OMC, como es el caso de las que rigen las inversiones y la propiedad intelectual. Pero, por el contrario, en las Américas gana terreno la pretensión de integrar a América Latina y el Caribe en un sistema de reglas bajo el ALCA, cuyos contenidos pretenden ir mucho más allá de los aspectos más preocupantes de la propia OMC.

Por otra parte, es preciso que los acuerdos de libre comercio contemplen el respeto de las normas contenidas en la Declaración de la Organización internacional del Trabajo (OIT) de1998 relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. A saber: libertad sindical, derecho de negociación colectiva, derecho de trabajar libre de toda discriminación, abolición del trabajo forzado, prohibición del trabajo infantil.

Finalmente, la eliminación de la pobreza y la promoción del desarrollo requieren de cambios radicales en materias como agricultura, inversiones y propiedad intelectual. Estos cambios deben permitir: que se tome en cuenta las necesidades de soberanía alimentaria y la producción de los pequeños productores; poner fin al dumping de alimentos baratos que destruyen medios de vida de millones de personas al establecer una competencia injusta en los mercados internos; el acceso a mercados para los países en desarrollo; equidad de poder en el mercado, para que los países puedan disponer medidas de apoyo a los pequeños productores y regular el comportamiento monopólico de las corporaciones agrícolas transnacionales; regular la inversión extranjera y ponerla en función de los intereses de desarrollo nacional; medidas que contribuyan a asegurar el desarrollo de la capacidad productiva local; impedir que los inversores lesionen derechos laborales y ambientales; controles para limitar los flujos de inversión especulativa indirecta y de corto plazo; reglas de propiedad intelectual que garanticen el bienestar público; facilitar el acceso a medicamentos esenciales de bajo precio; la prohibición de patentes sobre recursos genéticos de plantas para la alimentación y la agricultura.

Jorge Luis Villada

© Rel-UITA

20 de julio de 2004