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La
criminalización de los movimientos sociales y la
falta de respeto a los derechos humanos de los
integrantes de esos movimientos, denunciados en
todos los países de América Latina, está
agravándose entre los costarriqueños con la
preocupación y el interés del pueblo en torno del
Tratado de Libre Comercio (TLC), y la
cercanía del Referendo sobre este tema el día 7 de
octubre. El Ministerio Público, el Organismo de
Investigación Judicial y Defensoría de los
Habitantes deben investigar esas violaciones de los
derechos humanos y exigir de los órganos competentes
y al Gobierno que se castiguen a los culpables.
El último día 18, el presidente Oscar
Arias participaba de una reunión con
trabajadores de una fábrica de ropas en la ciudad de
San Ramón, en Alajuela, cuando vecinos de la empresa
Casino se reunieron frente al lugar para, en forma
pacífica, expresar su inconformidad con el TLC.
Después de la protesta, dos jóvenes que estuvieron
presentes en la manifestación, Adrián
Carranza Rojas de 24 años - periodista
del sitio
www.notlc.com
- y su hermano Sebastián de 16 años fueron
agredidos por varios policías de la Unidad de
Intervención Policial (UIP). A los dos
hermanos les fueron tomadas sus pertenencias, y
Adrián fue agredido en el rostro, además de
habérsele retorcidos un brazo y una pierna.
Según la Asociación Costarriqueña de Derechos
Humanos (ACDH), en los últimos tiempos hubo
un aumento de la represión policial contra
ciudadanos, estudiantes y dirigentes sociales que se
posicionan por el No al Tratado de Libre Comercio de
Estados Unidos con América
Central y la República Dominicana.
En otras ocasiones, la Asociación recibió denuncias
de otros ciudadanos que, después de haber concluido
las manifestaciones, fueron seguidos por efectivos
de la policía, amenazados y denunciados en los
Tribunales de Justicia, por el simple hecho de
expresar públicamente su opinión contra el TLC.
La Asociación dijo también que los dos hermanos sólo
fueron agredidos por causa de ese posicionamiento
político contrario al TLC. El periodista
Adrián fue detenido y en uno de los vehículos de
la policía fue llevado a una Delegación, siendo
soltado después de dos horas. La liberación fue
conseguida a través de un habeas corpus. Al dejar la
delegación, el periodista fue llevado al hospital
Dr. Carlos Luis Valverde, de la
localidad de San Ramón.
Las agresiones y los abusos de autoridad por parte
de la policía contra los dos hermanos deben ser
investigados y los culpables responsabilizados para
que las discusiones sobre el TLC y el
Referendo tengan lugar en un clima de confianza y
respeto de la integridad física de los ciudadanos.
"Pedimos al Gobierno de Costa Rica y
al presidente de la República, para que realicen
esfuerzos que garanticen el respeto de los Derechos
Humanos, de los habitantes de este país; los
derechos civiles y políticos consagrados en la Carta
Magna y en todos los instrumentos internacionales.
Estamos convencidos de que el ejercicio de la
libertad de expresión y el derecho a las
manifestaciones públicas de los pueblos, son
garantía de las libertades democráticas del Estado
de Derecho, como el que fue forjado en la sociedad
costarriqueña", dijo la ACDH en un
comunicado.
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ADITAL
Noticias de América
Latina y Caribe
31
de agosto de 2007 |
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