Mientras en Uruguay los defensores de los derechos humanos intensifican la campaña para anular la ley de amnistía a los militares de la dictadura, el cerco se cierra en el extranjero en  torno a algunos de los represores más emblemáticos.

El miércoles 7 la Suprema Corte de Justicia de Argentina confirmó la extradición hacia  Montevideo de un ex integrante del Escuadrón de la Muerte uruguayo, responsabilizado de desapariciones y asesinatos y hasta ahora nunca juzgado. Nelson Bardesio, ex agente policial, es acusado de dos delitos de desaparición forzada y otros dos de homicidio muy especialmente agravado, por hechos que remontan a 1971 y 1972.

Bardesio fue detenido en Argentina en julio de 2008, luego que dos periodistas del semanario uruguayo “Brecha” ubicaran el lugar donde residía clandestinamente y lo comunicaran a la justicia. La jueza uruguaya Graciela Eustachio había librado un pedido de captura internacional en su contra por su pertenencia a los escuadrones de la muerte, que en los años setenta secuestraron y asesinaron a varios militantes sospechados de pertenecer al movimiento guerrillero Tupamaros.

El ex agente policial, que como máximo a fin de mes sería librado a las autoridades uruguayas, está todavía detenido en el penal de Marcos Paz, junto a otros acusados de delitos de lesa humanidad,

A esa cárcel argentina debería llegar próximamente otro ex represor uruguayo, el militar retirado Manuel Cordero, cuya extradición hacia Argentina concedió la justicia de Brasil, país donde fue detenido. Falta aún que el presidente Lula ratifique esa decisión.

Cordero fue uno de los principales operadores uruguayos en Argentina en los años setenta, en el marco de la represión ilegal coordinada por ambas dictaduras en función del llamado Plan Cóndor. Se lo acusa de detención, torturas y desaparición forzada de decenas de militantes uruguayos en Buenos Aires. La mayor parte de ellos pasaron por el centro clandestino conocido como Automotores Orletti.

Otro de los represores uruguayos que actuaron en Orletti, Antranig  Ohannessian, está detenido en Argentina en espera de su posible extradición hacia Italia, que podría ser concedida este mes de octubre. El fiscal italiano Giancarlo Capaldo, solicitó su extradición, y la de otros 32 militares y policías uruguayos que intervinieron en la detención ilegal y desaparición de 13 ciudadanos ítalo-uruguayos  que vivían en Argentina.

Capaldo investigó el Plan Cóndor cerca de una década, en función del cual desaparecieron 26 italianos. Por esos delitos, a comienzos de 2008 el fiscal acusó a unos 150 militares y civiles argentinos, uruguayos, brasileños, paraguayos, bolivianos, peruanos y chilenos.

Mientras tanto, el último domingo de octubre los uruguayos deberán decidir en un plebiscito si anulan o no la llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que en 1986 dejó sin castigo penal a los uniformados que hubieran cometido delitos de lesa humanidad bajo la dictadura. La ley presentaba de todas maneras ciertos resquicios que fueron aprovechados por el actual gobierno para remitir a la justicia a algunos de los represores más connotados. Pero muchos otros siguen aún en libertad y no podrán ser juzgados ni castigados sin la supresión de la norma.

La Coordinadora Nacional por la Nulidad de la ley de caducidad, respaldada por sindicatos, partidos de izquierda, organizaciones de la sociedad civil, personalidades de diversos ámbitos, tomó a su cargo la recolección de firmas para la convocatoria a un plebiscito “para que el pueblo decida si quiere o no seguir viviendo en una sociedad en que los violadores de los derechos humanos se paseen por las calles como si nada hubiera pasado”, según dijo el escritor Eduardo Galeano. Superada con creces el mínimo de firmas exigido, el plebiscito fue convocado para el domingo 25 de octubre, junto a las elecciones presidenciales y legislativas.

Los últimos sondeos de opinión indican que la mayoría del electorado es favorable a la anulación de la ley, pero aún faltaría un último y fuerte empujón (se requiere el 50 por ciento más uno de los votantes, y se estaría por debajo del 45) para que se pueda “declarar al territorio uruguayo libre de impunidad”, dijo el portavoz de la Coordinadora, Óscar López Goldaracena.