El Coronel uruguayo Manuel Cordero, preso en Porto Alegre, intentó entorpecer su extradición a Argentina. Arguyó estar indultado por el Decreto Nº 1003 otorgado por el ex presidente argentino Carlos Menem. El líder del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, Jair Krischke, aclaró a la Justicia que aquel indulto fue declarado inconstitucional en 2005.

 

La defensa del coronel retirado Manuel Cordero, preso en Porto Alegre a la espera de su extradición a la Argentina, intentó una nueva "chicana jurídica" esta semana cuando alegó que el militar uruguayo había sido indultado por un decreto del gobierno del presidente Carlos Menem.

 

El intento dilatorio tuvo una inmediata respuesta del líder del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos (MJDH), Jair Krischke, quien presentó una nota al ministro Marco Aurelio de Mello del Supremo Tribunal Federal en la que explicó que aquel indulto fue luego declarado inconstitucional.

 

Marco Aurelio de Mello, ministro del máximo órgano de justicia de Brasil, está a cargo de la extradición Nº 974 por la que el torturador es requerido por el juez federal argentino Guillermo Montenegro, quien lo acusa de crímenes de lesa humanidad durante la represión conocida como Plan Cóndor.

 

Krischke es el activista de derechos humanos que descubrió a Cordero en la ciudad de Santana do Livramento en 2005, luego de que el represor se fugara de Uruguay para evitar un juicio de "desacato por ofensa" iniciado por un juez penal al que Cordero había recusado en una causa por apología de la tortura.

 

El alegato de Cordero

 

Cordero, quien había sido internado en un centro de rehabilitación cardíaca luego de sufrir una descompensación durante su detención en la sede de la Policía Federal de Rio Grande do Sul, presentó documentación sobre el Decreto 1003 con el que Menem le había indultado el 6 de octubre de 1989. Sin embargo, su defensa tuvo el obvio olvido de aclarar que aquel indulto fue anulado por una resolución de la Corte Suprema de Justicia argentina, en el mismo marco en el que se declararon inconstitucionales y se derogaron las llamadas leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

 

El indulto de Menem, que incluía a otros represores como a miembros de organizaciones guerrilleras argentinas, sólo incorporaba a los militares uruguayos Cordero, José Nino Gavazzo, Jorge Silveira y al policía Hugo Campos Hermida, para evitar su condena en la causa federal Nº 42.335.

 

Los tres militares y el policía uruguayos habían sido procesados en ausencia por su participación en los secuestros, torturas y desapariciones ocurridos en el centro clandestino de torturas Automotores Orletti en 1976, denunciados por el sobreviviente Enrique Rodríguez Larreta Piera.

 

El escrito de Krischke

 

En su nota al ministro Marco Aurelio de Mello, Jair Krischke incluyó la sentencia judicial de la Corte de Justicia argentina por la que se anuló el decreto para permitir que el juez Guillermo Montenegro continuara su actuación en la Causa Nº 13.445/1999 por la que pidió la extradición.

 

La declaración de inconstitucionalidad de los indultos que Menem otorgó a los torturadores uruguayos, fue iniciada por la Sala 1 de la Cámara Federal de Justicia argentina el 1º de abril de 2005, con el argumento de que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e inamnistiables .

 

En la sentencia del 25 de julio de 2006 se subrayó que el indulto era contrario a la Constitución argentina y al derecho internacional, y que con el decreto de Menem se pretendía renunciar a la búsqueda de la verdad y el derecho a una investigación judicial imparcial y exhaustiva.

 

El pronunciamiento judicial concluía que el indulto Nº 1003 "constituye uno más de los engranajes tendientes a consagrar el mecanismo de impunidad", y sentenciaba la nulidad del acto de gobierno para retrotraer la situación procesal de los militares uruguayos al momento anterior al decreto.

Roger Rodríguez*

12 de abril de 2007

 

 

* Tomado del diario La República, 11 de abril de 2007, Montevideo, Uruguay