La absolución del mandante del asesinato de la misionera Dorothy Stang fue repudiada por la Confederación Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), y por cerca de 20 organizaciones de defensa de los derechos humanos del país. En nota, la CNBB dijo estar indignada por el resultado del juicio del Tribunal Popular, en Belem, absolviendo por la mayoría de los votos de los jurados, al acusado, el hacendado Vitalmiro Bastos de Moura.

Para la Confederación, este hecho aumenta la preocupación por la vida de todos los amenazados de muerte en Pará -más de 300 personas, según denuncia de los obispos Don José Luiz Azcona, de Marajó; Don Flavio Giovenale, de Abaetetuba y Don Erwin Kräutler, de Xingú, también amenazados.

El pasado miércoles 07, el hacendado Vitalmiro Bastos de Moura, conocido como Bida, fue absuelto después que el ejecutor del crimen Raifran y el intermediario Amair cambiaron sus declaraciones, comprados con más de 100 mil reales. En el juzgamiento anterior, cuando quedó probado que Bida había ofrecido 50 mil reales a Raifran para que matase a la religiosa, el mandante del crimen había sido condenado a 30 años de prisión.

Según la comisión Pastoral de la Tierra (CPT), en 40 años, más de 800 trabajadores, dirigentes sindicales y sin tierra, religiosos y activistas de los derechos humanos fueron asesinados en Pará. Casi todos los crímenes fueron cometidos por pistoleros al mando de hacendados y madereros, pero apenas seis mandantes fueron juzgados y condenados y ninguno permaneció preso.

"El Poder Judicial paraense parece ser connivente hasta inclusive con el incumplimiento de las penas de los pistoleros condenados. En los últimos años, a tres pistoleros condenados por asesinato de dirigentes sindicales se les facilitaron sus fugas de las penitenciarias estatales", dijo la CPT. Entre las reivindicaciones de los movimientos sociales, se encuentra la federalización de estos crímenes, para que la influencia financiera y política de los grupos poderosos locales no perjudiquen la obtención de la justicia.

Las amenazas de muerte son consecuencia de los crímenes relacionados con la escrituración ilegal de tierra, trabajo esclavo y explotación maderera que mantienen el poder de los hacendados. Situación que se perpetúa en la inercia del Estado, que actúa, en la mayoría de los casos, contra los campesinos y en defensa de la oligarquía agraria de Pará.

De acuerdo con el monitoreo realizado por la CPT, el 73,19 por ciento de los casos de asesinatos producidos en el campo en el Estado, no son investigados, el 8,11 por ciento de las investigaciones policiales no se concluyen y solo el 18,68 por ciento de los crímenes se transforman en un proceso judicial. Sin embargo, la media de tramitación de estos procesos está por encima de los 10 años, provocando la prescripción de la mayoría de los casos.

Por esto, la CNBB estimula que se realice el seguimiento del trabajo de las comunidades de Anapu/PA, que continúan la misión de la Hermana Dorothy, denunciando los crímenes agrarios y ambientales, y anunciando la esperanza que no engaña.

Las organizaciones que firmaron la nota de repudio son: Comité Dorothy, Conferencia de Religiosos de Brasil, Instituto Universidad Popular, Forum de la Amazonia Oriental, Federación de Órganos para la Asistencia Social y Educacional, Asociación Brasilera de ONG’s, Sociedad Paranaense de Derechos Humanos, Movimiento de Mujeres Trabajadoras de Altamira, Comité de Defensa de la Vida de los Niños de Altamira.

Y también: Forum Popular de Altamira, Forum Dorothy Stang de Derechos Humanos, Mutirão por la Ciudadanía, GTA Regional Xingú, Movimiento de Mujeres del Campo y de la Ciudad del Estado de Pará, Justicia Global, Tierra de Derechos, Centro Luiz Freire, Campaña Reaja, Asociación de Familiares y Amigos de Presos y Presas de Bahía y Colectivo de Entidades Negras (CEN).