Los
exrepresores uruguayos no dejan de
operar. Son un puñado, ya no asustan a
nadie, pero continúan conspirando,
recopilando información, efectuando
“seguimientos” a militantes políticos y
magistrados, y -un colmo tratándose de
quienes se trata- recurriendo a la
justicia para intentar acallar a
periodistas.
La última “acción” de este tipo fue la
denuncia que efectuó el mayor retirado
Enrique Mangini contra Roger
Rodríguez, periodista colaborador
del Sirel, a quien denunció por
difamación e injurias.
Basándose en declaraciones de testigos
presenciales, Rodríguez había
acusado a Mangini de intervenir
en el asesinato nunca aclarado de un
estudiante en 1972.
Las investigaciones del periodista
comenzaron luego de que varios medios de
prensa publicaran, en noviembre último,
la foto de una persona portando sin
disimulo alguno un arma al ingresar a un
juzgado en compañía de uno de los más
connotados represores uruguayos, el
general retirado Iván Paulós.
Rodríguez
quiso saber quién era ese individuo que
hacía ostentación de un revólver y que
aparecía tan cercano a un violador de
los derechos humanos como Paulós.
Un
asesino en la memoria
A partir de entonces comenzó a reunir
datos que volcó en cuatro artículos
publicados por el matutino “La
República”. Mangini fue
identificado por al menos tres personas,
entre ellas la viuda, como quien 36 años
atrás baleó por la espalda al estudiante
Santiago Rodríguez Muela en un
centro de educación secundaria.
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Al disparar su arma sobre el
joven militante maoísta,
Mangini dijo: “Lástima
malgastar una bala en esto” |
En 1972, el año previo al golpe de
Estado que condujo a una dictadura
concluida en 1985, el hoy mayor retirado
militaba en filas de la ultraderechista
Juventud Uruguaya de Pie (JUP), y
al disparar su arma sobre el joven
militante maoísta dijo: “Lástima
malgastar una bala en esto”.
Roger Rodríguez es un viejo “conocido” de los represores. Sus investigaciones fueron
fundamentales para aclarar varios
episodios relacionados con violaciones a
los derechos humanos bajo la dictadura.
Entre ellas una que llevó a la
identificación y recuperación de
Simón Riquelo, que en julio de 1976,
siendo un bebé de apenas 20 días, fuera
arrebatado a su madre, la uruguaya
Sara Méndez, secuestrada pocos días
antes en Buenos Aires por militares y
paramilitares argentinos y uruguayos, y
entregado a una familia argentina de
policías.
En
2002, Roger fue galardonado con el XIX
Premio Derechos Humanos en el
Periodismo, concedido conjuntamente por
el Movimiento Justicia y Derechos
Humanos de Brasil y la UITA, por su
trabajo “El Plan Cóndor, Orletti y Simón
Riquelo”.
Dieciocho años antes, en 1984, bajo la
ya agonizante dictadura, Rodríguez
y su colega Alexis Jano fueron
los últimos civiles condenados por la
justicia militar uruguaya, por haber
publicado en un semanario una nota sobre
las condiciones de detención de las
presas políticas.
Espantapájaros animados
El “original” juicio de Mangini
contra Roger Rodríguez no es el
único entablado recientemente por
represores o familiares directos de
éstos contra periodistas.
A fines del año pasado, Celeste
Álvarez, hija de Artigas Álvarez,
un militar que fuera ejecutado por la
guerrilla en 1972, enjuició a Ana
María Mizrahi, periodista del canal
de televisión estatal que entrevistó a
uno de los autores de ese atentado.
Semanas antes, en Buenos Aires, civiles
no identificados amenazaron a Fabián
Kovacic, corresponsal en
Argentina del semanario uruguayo
“Brecha”. Lo conminaron a que dejara de
investigar lo sucedido en “Automotores
Orletti”, una de las bases de
operaciones en Buenos Aires del Plan
Cóndor de coordinación represiva
entre las dictaduras del cono sur
latinoamericano en los años setenta.
El
amedrentamiento a periodistas forma
parte de un plan ideado por una decena
de represores detenidos desde hace algo
más de un año en una cárcel especial
construida en un cuartel en las afueras
de Montevideo.
Los mismos militares animan una página
web (www.envozalta.net) en la que, entre
otras cosas, reivindican lo actuado bajo
la dictadura y publican “prontuarios” de
“enemigos de la patria”. Entre éstos
figuran no pocos periodistas, pero
también políticos, jueces y fiscales. Un
capítulo “especial” le fue dedicado a la
fiscal Mirtha Guianze, que
intervino en el procesamiento de algunos
de los principales jerarcas de la
dictadura como los exdictadores Juan
María Bordaberry (civil) y
Gregorio Álvarez (general retirado).
A mediados de enero pasado, a una de las
hijas de Ricardo Medina, un
represor detenido en la cárcel especial,
le fueron incautados más de mil archivos
digitalizados, en buena parte secretos,
que la joven iba a entregar a su padre.
Luego la policía requisó a los militares
encarcelados cuatro computadoras, varios
discos compactos y pen drives.
La justicia está procesando actualmente
esa información, pero ya quedó en
evidencia, además de las peculiares
condiciones de detención de los
exrepresores, que aquella vieja “mano de
obra desocupada”, aun “envejecida” y
debilitada, está lejos de permanecer
inactiva.
