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La despenalización del aborto en Uruguay se está
pareciendo a un culebrón: el parlamento siempre está
a un paso de decidirla, pero a último momento algo
sucede que la posterga. Y sobre ella planea la
amenaza suprema: el veto presidencial.
La madrugada del miércoles 5 parecía que “estaban
los votos” en la Cámara de Diputados para que la Ley
de Salud Sexual y Reproductiva, que comprende un
artículo que deja sin castigo la interrupción del
embarazo, fuera finalmente adoptada, luego que meses
atrás hubiera recibido media sanción del Senado.
Bastaba para ello que la bancada del gobernante
Frente Amplio, que tiene mayoría absoluta en
Diputados, lo respaldara de manera unánime.
Pero se anunciaban posibles disidencias debidas
sobre todo a cálculos de conveniencia política en
función de que el presidente de la república, el
socialista Tabaré Vázquez, anunció
reiteradamente que vetaría toda disposición que
legalice o despenalice el aborto. Se acercan las
elecciones de 2009, y en el oficialismo hay quienes
no quieren correr el riesgo de una disputa con
Vázquez, sobre todo en la perspectiva de que
éste se candidatee a la reelección (ha dicho varias
veces que no, pero ahora planean dudas sobre sus
reales intenciones).
Las negociaciones llegaron a buen puerto y para
despenalizar el aborto los votos estuvieron. Parecía
que el milagro se había producido.
No fue así: otro artículo del proyecto, sobre el
cual nadie preveía que hubiera discusión, resultó
rechazado luego que dos legisladores del Frente
Amplio manifestaran su desacuerdo “filosófico”. Se
trataba de una de las cláusulas de las disposiciones
generales del proyecto, referidas a los derechos
sexuales de las personas, en la que se hablaba del
“carácter placentero”, además de su
“función de procreación”, de la sexualidad
humana. “Fijar por ley que la sexualidad tiene
carácter placentero es autoritario”, dijeron los
dos legisladores díscolos. Insólito.
El rechazo de ese artículo hizo que el proyecto
fuera enviado otra vez al Senado, que deberá volver
a tratarlo la semana próxima. Si en esa cámara
sufriera una nueva modificación, pasaría a la
Asamblea General, donde las cosas se complicarían.
En el Frente Amplio ya han comenzado las
negociaciones para evitar ese trajín y aprobar en el
Senado el texto tal como salió de Diputados el
miércoles 5, es decir sin el artículo cuestionado
por los dos legisladores que no lo votaron.
Si el Frente Amplio resolviera sus disputas internas
y el proyecto se aprobara, el paso que se estaría
dando sería gigantesco: Uruguay se
convertiría en el único país del MERCOSUR en
haber despenalizado el aborto, cuya práctica
clandestina ha sido identificada como una de las
principales causales de mortalidad y morbilidad
femenina en este país. En América Latina,
sólo Cuba, Guyana, Puerto Rico,
la capital mexicana (no así el resto del país) y en
buena medida Colombia autorizan las
interrupciones voluntarias de embarazos. En el resto
del área son ilegales y penadas con cárcel, salvo
excepciones que varían según los países. Chile,
Nicaragua, El Salvador y Honduras
no las toleran en ningún caso, ni siquiera por
“razones terapéuticas” (para salvar la vida de la
madre o por malformaciones del feto).
Claro que si el Parlamento uruguayo decidiera dar el
paso y tras años de intentos frustrados
despenalizara el aborto, quedará otro escollo, que
ese sí sería infranqueable: el veto presidencial. El
Frente Amplio no cuenta con el número suficiente de
legisladores como para “levantar” un veto (se
requieren mayorías especiales, y son muy pocos los
legisladores de la oposición, apenas un par de
senadores, partidarios de acabar con la actual
legislación).
Organizaciones de mujeres, movimientos sociales de
todo pelo y señal y buena parte de los militantes de
los partidos que integran la coalición de gobierno
esperan que el presidente no anteponga sus
convicciones personales a los derechos (a la salud,
a su integridad, a decidir su vida) de la mayoría de
la población del país (las mujeres) y finalmente no
bloquee una ley que también tendría un efecto
socialmente democratizador (apenas una porción de
las 30.000 uruguayas que cada año se practican
abortos pueden pagar los 700 dólares que cobran las
clínicas que lo realizan en forma relativamente
segura).
Esperan igualmente que así como Vázquez
parece haber cambiado de opinión respecto a su
reelección, contrariando una postura histórica de la
izquierda uruguaya, la cambie igualmente respecto a
un proyecto promovido por la gran mayoría de su
propia fuerza política.
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