Guatemala

Las diputadas guatemaltecas se unen
para legislar contra la violencia de género

  

Las diputadas del Parlamento de Guatemala libran una titánica lucha contra sus propios compañeros legisladores para aprobar una ley que castigue con duras sanciones el asesinato de mujeres y cualquier tipo de violencia de género. La iniciativa prevé penas de 25 a 50 años de prisión para los hombres que asesinen a mujeres sólo por el hecho de serlo.

 

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Femicidio en Guatemala

En Guatemala más de 3.000 mujeres han sido asesinadas en los últimos 8 años

El 97% de los casos nunca han sido resueltos

 

Las parlamentarias de los diferentes bloques legislativos, que juntas apenas suman 20 -de los 158 escaños del Parlamento unicameral de este país-, buscan aprobar la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer.

 

La iniciativa, que según las diputadas podría ser aprobada el próximo miércoles, prevé penas de 25 a 50 años de prisión para los hombres que asesinen a mujeres sólo por el hecho de serlo.

 

La impunidad que reina en Guatemala y la falta de una ley que tipifique la violencia de género ha colocado a este país centroamericano como uno de los más violentos contra sus mujeres a nivel mundial.

 

Según cifras oficiales, en lo que va de este año han sido asesinadas unas 108 mujeres; en 2003 se registraron 383 asesinatos; en 2004 fueron 497; en 2005 llegaron a 517; en 2006 se cometieron 603, y el año pasado, 590.

 

La diputada Rosa María de Frade, del conservador partido ex gobernante Gran Alianza Nacional (GANA 2004-2008), una de las principales promotoras de la ley, asegura que la iniciativa 'no es una ley feminista, ni una ley que busque el enfrentamiento entre hombres y mujeres', como han argumentado algunos de sus compañeros de bloque.

 

'Lo que buscamos es crear una ley que sirva para visibilizar el fenómeno social de la violencia contra las mujeres, y para que el Estado reaccione para poner fin a esta conducta misógina', precisó De Frade.

 

La iniciativa también tipifica como delitos los diferentes actos de violencia contra la mujer en sus categorías de violencia sexual, física, psicológica y económica, para los cuales fija penas de entre cinco y ocho años de prisión, según la gravedad.

 

'Será una herramienta para garantizar la vida, libertad, integridad, dignidad y protección para las mujeres', agregó De Frade.

 

Pese a la importancia de la normativa, varios diputados se han opuesto a la misma porque la consideran 'ambigua' y contraria a los patrones culturales que caracterizan a la sociedad guatemalteca, en la que se ve como algo 'tolerable' que los hombres ejerzan dominio sobre las mujeres, incluso por medio de la violencia.

 

El diputado Jorge Méndez, de GANA, quien presidió el Parlamento el año pasado, ha manifestado su rechazo a la ley, bajo el argumento de que 'no se podrá objetivamente determinar una conducta misógina' en contra de un hombre que sea procesado bajo esta normativa.

 

Además, alega que la ley violaría el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, suscrito por Guatemala y que reconoce las expresiones culturales de las poblaciones indígenas.

 

Esa posición, criticó la diputada Nineth Montenegro, del izquierdista partido Encuentro por Guatemala, es 'un argumento inconcebible' porque justifica con argumentos culturales falaces la permanente violencia de que son víctimas las mujeres guatemaltecas.

 

Pablo Duarte, diputado del derechista Partido Unionista, también se ha manifestado en contra de las disposiciones de la ley, porque considera que provocará enfrentamientos entre hombres y mujeres.

 

'Ya no se podrá decir nada a una mujer, porque entonces se dirá que se les agredió', declaró al calificar como 'subjetivos' los conceptos que se contemplan en la tipificación de los delitos.

 

Sin embargo, Blanca Staling, directora del Instituto Nacional de Defensa Pública, del Poder Judicial, considera que la aprobación de esa ley 'es urgente para detener los miles de actos de violencia' que a diario se registran en el país en contra las mujeres.

 

El instituto que dirige Staling atendió el año pasado a 22.737 mujeres que sufrieron algún tipo de agresión por parte de hombres, en su mayoría sus parejas o familiares.

 

Por la falta de una ley de esta naturaleza, lamentó Staling, sólo el 1,8 por ciento de esos casos fue tipificado como conducta delictiva por los tribunales.

 

Las diputadas esperan convencer a sus colegas masculinos para que cambien de actitud y apoyen esta propuesta.

 

La batalla final se dará el próximo miércoles, cuando el pleno del Parlamento debata la iniciativa en tercera y última lectura.

 

 

Tomado de www.albedrio.org

7 de abril de 2008

  

 

Fuente: www.terra.es

NdE: destacados nos pertenecen

 

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