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A un año de promulgada
la Ley de Igualdad de Oportunidades, el gobierno de Alan García incumple con
informar cómo ha asumido su responsabilidad frente a la Ley. Ante esta situación
las organizaciones de mujeres presentarán una Acción de Cumplimiento ante el
Tribunal Constitucional del Perú (TC).
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Beatriz Ramírez |
“La presentación de una
Acción de Cumplimiento es hacerle juicio al gobierno para que el TC le
obligue a presentar el informe”, explicó a Sirel Beatriz Ramírez,
integrante del Programa de Derechos Humanos del Centro de la Mujer Peruana
Flora Tristán.
El TC es un organismo
constitucional e independiente del Estado peruano, cuya función es la defensa
del principio de supremacía constitucional contra leyes o actos de los órganos
del Estado que pretendiesen socavarlo; interviene para restablecer el respeto a
la Constitución en general y a los derechos constitucionales en particular.
La Ley de Igualdad de
Oportunidades, en su artículo noveno, inciso b, señala que la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM) debe sustentar anualmente ante el Pleno del
Congreso los avances en su cumplimiento.
Para Ramírez, esta
omisión responde a “una falta notoria de voluntad política. Si no se ha hecho
este informe a la fecha es porque, lamentablemente, pese a haberla promulgado,
el gobierno actual no la considera como una herramienta relevante para la
defensa de los derechos de las mujeres”, señaló.
Al hacer un balance del
primer año de aplicación de la Ley, la integrante del Centro de la Mujer
Peruana Flora Tristán afirmó que en el ámbito de políticas públicas no hubo
avances, y en algunos casos hasta se han producido retrocesos.
“Ni siquiera se usa el
lenguaje inclusivo; lo podemos constatar al ingresar a la página Web del
Ministerio de Trabajo o de cualquier ministerio. En sus documentos el lenguaje
inclusivo no existe, pese a ser un mandato de la Ley”, agregó.
La Ley de Igualdad de
Oportunidades, aprobada el 8 de marzo de 2007 y publicada el 16 del mismo mes,
señala derechos y políticas públicas en los ámbitos nacional, regional y local
para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio pleno de sus derechos.
Según Ramírez,
existen campos en los cuales es urgente implementar políticas públicas eficaces
que garanticen la vigencia de los derechos de todas y todos, como el acceso al
trabajo, a servicios de calidad en salud y educación, a la seguridad social,
entre otros.
Otro aspecto sobre el cual
la Presidencia del Consejo de Ministros deberá informar, es cómo el Poder
Judicial ha facilitado el acceso al sistema de justicia ante la vulneración de
los derechos de las mujeres, en la medida en que la Ley de Igualdad de
Oportunidades distingue el acceso a la justicia como un tema central.
Asimismo, debe informar
sobre el grado de cumplimiento de las leyes y políticas diseñadas para el logro
de la igualdad de las mujeres; como la ley que promueve la educación de la niña
rural, la ley de protección contra la violencia familiar, la ley contra el
hostigamiento sexual, la ley contra la discriminación, entre otras.
También deberá dar cuenta de
las iniciativas legislativas a desarrollar para garantizar los derechos sexuales
y los derechos reproductivos de las mujeres, tales como el derecho a no ser
discriminada por la orientación sexual e identidad de género, a la educación
sexual y a la salud sexual y reproductiva.
Balance negativo
Por otro lado, Ramírez
destacó el Primer Reporte presentado por la Defensoría del Pueblo sobre el
cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.
“La Defensoría ha adelantado
un balance y ha tomado dos aspectos centrales: el acceso a la salud y el tema de
violencia contra la mujer. De acuerdo a su comprobación, la vigencia de los
derechos de las mujeres no está adecuadamente garantizada por el Estado”,
señaló.
En su reporte, la Defensoría
del Pueblo considera que la aprobación de un protocolo para la atención del
aborto terapéutico en los establecimientos públicos de salud es, a la fecha,
“una tarea pendiente del Ministerio de Salud que debe ser atendida de manera
inmediata, de conformidad con los instrumentos internacionales, la legislación
interna y, en especial, con la Ley de Igualdad de Oportunidades”.
En lo referido a la
prevención de la violencia hacia la mujer, ha encontrado algunas dificultades en
el tema, como que hasta la fecha, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
(MIMDES) no ha presentado un balance de los resultados del Plan Nacional
contra la violencia hacia la mujer 2002-2007 y cuya vigencia concluyó en
diciembre pasado.
También preocupa a la
Defensoría que aún no se ha aprobado el nuevo Plan Nacional para el período
siguiente. A ello se suma la desactivación del Programa Nacional contra la
Violencia Familiar y Sexual del MIMDES y la asignación de sus funciones a
la Dirección General de Protección Social, junto con programas no vinculados
específicamente con la temática de la violencia hacia la mujer. Decisión que
afecta el criterio de especificidad a partir del cual se debe abordar la
problemática de la mujer víctima de la violencia familiar y sexual.
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