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El conflicto que se ha
desatado entre el Estado nicaragüense y la transnacional española Grupo Barceló,
acerca del complejo turístico Montelimar, ha entrado en una etapa que podría
llevar las dos partes a un enfrentamiento judicial a nivel internacional y que
podría concluir con la recuperación del prestigioso inmueble por parte del
Estado de Nicaragua, por incumplimiento del contrato de compraventa por parte de
la empresa española.
Para conocer más en detalle lo que está ocurriendo, el
procurador general de la República de Nicaragua, Hernán Estrada,
accedió a una entrevista en exclusiva con Sirel.
-¿Cuál es el contexto
socio-político del país al momento de darse, en 1993, la privatización y la
venta del complejo turístico Montelimar a la empresa Auxiliar SA - Grupo
Barceló?
-Cuando dejamos el gobierno en 1990 entregamos 356 empresas
estatales. Estábamos en un contexto de economía centralizada o de Estado y
entregamos todo lo que estaba en la Corporación Industrial del Pueblo (COIP),
en la que se agrupaban diferentes segmentos o conglomerados de todos los bienes
que eran del Estado. Dentro de uno de estos grandes conglomerados estaba la
Corporación de Turismo (COTUR) y como es bien sabido, en la primera etapa
del gobierno revolucionario el turismo fue una de las grandes fuentes de ingreso
para el país. No es cierto, como dicen algunos, que Nicaragua no tenía
turismo en los años 80, y fue por esto que, en medio de las enormes adversidades
que atravesaba el país, se hizo un gran esfuerzo para dotarlo de
infraestructuras turísticas, entre ellas el complejo Montelimar. Me
acuerdo perfectamente que, frente al embargo impuesto a Nicaragua, todo
lo que era el equipamiento de las 202 habitaciones existentes se tuvo que
importarlo de Panamá. Salían los aviones de la Fuerza Aérea y regresaban
con camas, refrigeradores, televisores para dotar los cuartos. El complejo
Montelimar tiene además un significado emblemático para el país. Allí, por
ejemplo, se firmaron los últimos acuerdos para la entrega de las armas de los
desmovilizados en julio del 1992.
Al momento de la venta de Montelimar la tierra valía
menos que ahora, pero fue adquiriendo un valor de mercado internacional. Tengo
recortes de periódico que señalan que el valor oscilaba entre 5 y 36 dólares la
vara cuadrada (0,9 metros), lo cual no es muy lejos del precio actual. Es en
este contexto que se decide vender el complejo Montelimar de casi 300
manzanas (209 hectáreas) a un precio totalmente fuera de lugar de 3,03 millones
de dólares y con amplias facilidades de pago para la empresa que lo adquirió,
como por ejemplo tres años de gracia y el pago de diez cuotas anuales, cuyo
plazo vencía el 19 de junio del 2006.
-¿Por qué cree que el Estado
aceptó una cantidad que la Procuraduría General de la República considera muy
baja para la venta del complejo turístico?
-Estábamos en un momento de total desorganización, o si
queremos, de reorganización del Estado y comenzaba el impulso neoliberal en el
país, con la presencia de los organismos internacionales que presionaban para la
privatización de los bienes estatales. El concepto de privatización del Estado
estaba entrando con toda su fuerza en el continente y en ese contexto el
gobierno recibe la fuerza privatizadora que viene del exterior y de ello se
aprovechan, como en un gran banquete, los políticos que estaban en ese momento.
No es extraño, entonces, que quienes actuaron en la venta de Montelimar
por parte del Estado fuesen en ese momento el director de Asuntos Legales de la
Presidencia, Tomás Delaney y el secretario de Corporaciones Nacionales
del Sector Público (CORNAP), Noel Vidaurre, quienes actualmente
resultan ser la contraparte en cuanto representantes legales de Hotel
Montelimar SA, Grupo Barceló.
Creo que esto tiene que ver con la codicia que tuvo el
Grupo Barceló, porque ni siquiera quisieron pagar lo poco que debían con las
cuotas anuales, lo cual demuestra que no había el más mínimo interés de honrar
el compromiso adquirido. Nosotros no íbamos a poder hacer nada legalmente si
hubiesen pagado esa cantidad que estaba pendiente, y lo que para nosotros es
importante es que ni siquiera honraron ese compromiso, aduciendo argumentos muy
débiles, como el hecho de no haber alcanzado los porcentajes de ocupación
previstos en el contrato de compraventa. Eso es muy extraño porque,
contrariamente a lo que dijeron la Cámara de Turismo, el gobierno de Enrique
Bolaños y todo el sector turístico del país, que en Nicaragua hubo un
gran desarrollo turístico, parece que solamente el Hotel Barceló Montelimar
no tuvo ni ocupación, ni ganancias. Es por eso que decidimos asumir el caso
legalmente. Una cosa es la venta lesiva que hubo, en la cual no tuvimos nada que
ver y por la cual no podemos hacer nada, y otra cosa es el cumplimiento de la
obligación con el Estado. Como no se cumplió esa obligación y no se finiquitó,
nosotros tenemos el espacio legal para reclamar, ya no solamente las cuotas
anuales que deben, sino también profundizar en el tema.
-Con respecto a los términos
del pago al Estado, el contrato de compraventa estipula que el pago de las
cuotas anuales dependía del nivel de ocupación de las habitaciones y el Grupo
Barceló aduce que la empresa auditora Price Waterhouse certificó que nunca lo
alcanzó y que, por lo tanto, no le debe al Estado. ¿Por qué la PGR dice lo
contrario?
-Price Waterhouse fue contratada por el comprador, es decir
por el Grupo Barceló. Lo menos que podemos pensar es que el procedimiento
fue correcto, pero no hay una confirmación de parte de la junta directiva de
CORNAP, que es la institución del Estado a la que le correspondía haber
aceptado esa estimación hecha por Price Waterhouse. Nunca la aceptó, o sea, no
existe una afirmación oficial de parte del Estado nicaragüense que diga eso por
escrito. Existen correspondencias, cartas que se cruzaron diferentes
funcionarios con miembros de la empresa; en algunas dijeron que estaban de
acuerdo con estas estimaciones, en otras dijeron que no lo estaban y la empresa
está enseñando sólo las primeras. Lo que sí es legalmente claro es que la junta
directiva nunca aprobó estas auditorias y esto nos da el espacio para actuar
legalmente.
-Pero el contrato prevé que el
saldo se va a pagar en diez cuotas anuales dependiendo del porcentaje de
ocupación. ¿Qué pasaría, si efectivamente no se hubiese alcanzado ese
porcentaje?
-Esto es otro aspecto. El contrato no dice que si no se
alcanzó el porcentaje requerido no se va a pagar. Tampoco dice que si no se
alcanzó se va a exonerar a la empresa. Pero otro punto muy importante es la
cláusula séptima, que dice que si se incumple una de las obligaciones se puede
rescindir el contrato, y es lo que estoy haciendo a favor del Estado. Esos
supuestos grandes inversionistas desmantelaron el Estado, lo dejaron con las
manos arriba y atadas, pero por lo menos me dejaron un espacio donde yo puedo
pelear.
-¿No es raro que a la empresa
que tiene que demostrar los niveles de ocupación se le dé la autoridad de elegir
la empresa auditora?
-Eso es parte de todas las irregularidades que ocurrieron y
de las debilidades del momento histórico. Esto evidencia la falta de tutela del
interés del Estado, la falta de diligencia y el vacío total de velar por ese
interés. Los funcionarios que estuvieron al frente y que son hoy los
representantes legales del Grupo Barceló no protegieron el mejor interés
del país. Podrá discutirse si pagaron o no, si tienen o no la razón, pero yo
tengo que dejar en evidencia como actuó ese supuesto gobierno demócrata de
Violeta Barrios de Chamorro.
-Parece además que en los
últimos doce años el complejo turístico Barceló Montelimar tuvo una ocupación
promedio del 50 por ciento, frente a millones de dólares que tuvieron que pagar
en impuestos, inversiones y salarios para empleados. ¿No es extraño que sigan en
Nicaragua si el negocio no le funciona? Hasta están construyendo otro hotel…
-Efectivamente aprovecho de la oportunidad para decirles que
si no han tenido ganancia o si han tenido perdidas, que no las sigan teniendo.
Yo les regreso los 3 millones de dólares y también el valor de las inversiones
que han hecho y que no sigan perdiendo, para que terminemos con esta situación
rápidamente.
-La PGR inició una demanda en
los tribunales nacionales y ahora decidieron recurrir a un arbitraje
internacional en el CIADI. ¿A qué se debe ese cambio de estrategia?
-Nosotros pedimos un embargo preventivo en los tribunales
locales, pero como el Grupo Barceló quiso internacionalizar el conflicto,
como muchas veces ocurre con estas empresas que se dicen inversionistas, tuvimos
que salirle al paso. Estas empresas dejaron tan débil al Estado nicaragüense,
que le hicieron creer que nunca iba a tener la posibilidad de defenderse, porque
de todas maneras iba a perder. Nos hicieron creer que defenderse era malo y que
si vienen a robar y usurpar en nuestro país no podemos ni siquiera resarcir el
daño. Este gobierno tiene una grande y brillante experiencia en defensas
internacionales y nunca ha perdido un caso. Por eso vamos a un juicio
internacional en las mismas instancias que pide el Grupo Barceló.
-¿Ir a un arbitraje
internacional va a tener un costo económico?
-Claro que va a tener un costo económico, pero tenemos que
luchar para la recuperación de Montelimar, porque vamos a demostrar que
tenemos la razón y no podemos huir solamente porque nos muestran los dientes.
Tenemos que defendernos del capital global y saber pelear en este campo cuando
hay casos como este que son notoriamente burdos.
-¿La posible recuperación de
Montelimar tiene que ver también con la idea de un nuevo papel que va a jugar el
Estado en la sociedad nicaragüense?
-El nuevo Plan de Desarrollo Humano que el gobierno acaba de
presentar tiene un enfoque muy diferente de los planes impulsados por los
gobiernos precedentes. Cuando en el 1990 dejamos el gobierno, Nicaragua estaba
en el número 96 del Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. Ahora
estamos en el 116, lo que implica que todos los índices fueron bajando en el
país y que actualmente tenemos el reto de levantar al país, pero con un enfoque
de desarrollo integral.
El caso de Montelimar es emblemático y va a
servir para moralizar a nuestra población y a nuestro país y a dignificar y
aumentar la autoestima del ciudadano nicaragüense. Esto es lo más valioso para
que los nicaragüenses no se sientan como ciudadanos de segunda o tercera
categoría, frente a estos inversionistas que dicen traer el desarrollo y lo que
hacen es agarrar lo que ya hicimos nosotros.
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