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El
Procurador General de la República, Hernán Estrada, informó en rueda de prensa
que el Estado decidió recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI)1,
para dirimir la controversia con el Grupo Barceló sobre la venta del complejo
turístico Montelimar y una deuda millonaria que, según el Procurador, nunca fue
cancelada por la transnacional española que adquirió el inmueble por la ridícula
cantidad de 3 millones de dólares.
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Procurador Hernán
Estrada |
El procurador Estrada notificó esta mañana al Grupo
Barceló Montelimar de la controversia relativa a inversiones que ha
surgido entre el Estado de Nicaragua y Auxiliar SA–Hotel Montelimar,
respecto a cuestiones reguladas por el “Acuerdo para la promoción recíproca de
inversiones entre la República de Nicaragua y el Reino de España”.
La notificación contempla que “el daño patrimonial ocasionado
al Estado se fija provisionalmente en 30 millones de dólares, sin incluir lucro
cesante y otros conexos. La cantidad referida es provisional, sin perjuicio de
la determinación definitiva que pueda realizarse en cualquier momento derivado
del procedimiento de arreglo de diferencias que se inicia con el presente
escrito”, sentencia la nota.
La segunda cláusula de la notificación establece que
“el Estado de Nicaragua ratifica su mejor disposición a tratar de
arreglar de buena fe, mediante acuerdo amistoso, las referidas controversias de
inversión Auxiliar SA, Hotel Montelimar o Grupo Barceló, dentro
del término de seis meses desde la fecha de notificación del presente escrito”,
mientras que en su tercera cláusula se hace oferta expresa del arbitraje
administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI), con sede en Washington, Estados Unidos, “para
que resuelva estas controversias conforme a sus Reglas procesales Aplicables al
Arbitraje, en caso de no ser resuelta por medio de un acuerdo amistoso”.
“De esta manera –comentó Estrada– somos nosotros
mismos los que estamos iniciando las acciones pertinentes para asegurar a la
opinión pública, ya que el derecho nos asiste, y por eso acudimos ante el
Tribunal Internacional que es el CIADI, para que se dirima el caso. La
Procuraduría decidió recurrir al arbitraje internacional porque tenemos todos
los fundamentos jurídicos para demostrar que el Estado de Nicaragua tiene
la razón en exigir el pago que adeudan los empresarios del Grupo Barceló
Montelimar, y el gobierno que preside el comandante Daniel Ortega
tiene vasta experiencia en llevar demandas de corte internacional”, aseveró el
Procurador.
El contenido del
conflicto
La diferencia estriba en el hecho de que el Grupo Barceló
Montelimar no cumplió con su contraprestación como comprador de pagar al
Estado el saldo del pago del principal, intereses ordinarios y moratorios, así
como los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de la escritura de
compraventa de 1993, relativas al pago de obligaciones en cuotas anuales, con
base a niveles de ocupación habitacional, años de operación y porcentaje
descritos en el mismo contrato.
Además, la Procuraduría está pidiendo “la nulidad de la
Escritura Pública, en cuanto a un exceso de titulación de aproximadamente un
tercio del Bien Inmueble objeto de la Licitación”, es decir la devolución de 100
manzanas de terreno y la pista del aeropuerto local, porque esa área no estaba
contemplada en el contrato original de privatización.
Según Estrada, “según el contrato basta con el
incumplimiento de una de las cláusulas para que ese caso se resolviera de mero
derecho, es decir que basta solamente con que el Procurador vaya al Tribunal
correspondiente y disuelva el contrato por incumplimiento. Sin embargo, lo
anterior no lo hemos hecho, sino que se hizo un embargo preventivo y no se
nombró un interventor para dar oportunidad a que se acercaran y buscaran una
solución a esta situación. Solamente se ha expresado públicamente que nos
deben”, explicó Estrada.
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Procurador Hernán
Estrada |
A quien
madruga…
En los días pasados, el representante legal de Barceló
Montelimar, Tomás Delaney, rechazó cualquier tipo de deuda de la
empresa española a favor del Estado de Nicaragua, mientras que
representantes del Grupo Barceló se reunieron con directivos del Consejo
Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR),
para informarles de la decisión de recurrir a la agencia de controversias
MIGA del Banco Mundial. Pero la Procuraduría fue más rápida y se le
adelantó a la transnacional española.
El procurador rechazó también los señalamientos provenientes
del Grupo Barceló y del sector empresarial nicaragüense, de que este
conflicto iba a hacer peligrar las inversiones extranjeras en el país.
“Aquí no se está ahuyentando a las inversiones, ya que
existen datos estadísticos que demuestran que con este gobierno se duplicó la
llegada de cruceros al país y que las inversiones legítimas y verdaderas se
están llevando a cabo. Lo que tenemos que hacer es resguardar y proteger el
patrimonio del Estado, cobrando lo que se debe”, concluyó el Procurador.
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