|
En un
informe ejecutivo dado a conocer el pasado 4 de junio, la Procuraduría General
de la República (PGR) decidió iniciar “un proceso civil en la vía ordinaria y
con acciones acumuladas de resolución de contrato de compraventa, daños y
perjuicios, cancelación de cuenta registral a las sociedades mercantiles
llamadas Hotel Montelimar SA y Auxiliar SA, y la restitución del complejo
turístico Montelimar a patrimonio del Estado”.
|
Hernán Estrada |
Según el procurador Hernán Estrada, “La demanda y
acciones civiles contra estas entidades jurídicas (NdR: vinculadas a la
transnacional española Grupo Barceló), tienen sus orígenes en el
incumplimiento del contrato de compraventa suscrito en 1993, con el cual se
vendía, traspasaba y cedía el inmueble que consta de 297,7 manzanas (209
hectáreas) y sus mejoras. Éstas consistieron en aeropuerto, centro de
convenciones, discotecas, 202 habitaciones, recepción, casona, gimnasio,
habitaciones de edificio central y una cantidad de bienes muebles; todo por un
precio en efectivo y a la suscripción del contrato por la suma de 3 millones de
dólares y diez cuotas anuales, después de tres años de gracia, por un monto de
1,45 millones de dólares”. Esta cantidad se cancelaría de acuerdo a una tabla
porcentual del nivel ocupacional de las 202 habitaciones que sería fiscalizada
por una firma internacional que Hotel Montelimar escogería y financiaría.
Según el representante legal de Hotel Montelimar SA (Barceló),
Tomás Delaney, ex funcionario del gobierno de Violeta Barrios de
Chamorro, esa deuda nunca existió, en cuanto las diferentes auditorías
realizadas por la firma internacional Price Waterhouse demostraron que no
se alcanzaron los niveles ocupacionales mínimos necesarios para exigir el pago
de las cuotas.
Para la Procuraduría, estas declaraciones no tienen
fundamento, en cuanto hubo una alteración significativa de la cantidad de
habitaciones que servían de referencia para hacer los cálculos del porcentaje de
ocupación alcanzado.
“El Hotel Montelimar (Auxiliar SA) –explica el informe
ejecutivo presentado por el procurador Estrada–, con ánimo de no pagar y
quedarse con un complejo turístico valorado en 30 millones de dólares, construyó
90 habitaciones más de las 202 existentes, con lo que el cálculo de medición
porcentual de ocupación del hotel tergiversa el informe de la firma supervisora
(contratada por ellos) ocultándole a las autoridades nicaragüenses la realidad
sobre la que se pactó”.
Según el
análisis del Procurador General, y pese a no constituir el objeto del litigio,
el contrato contenía además diferentes vicios legales e
irregularidades, como por ejemplo que se enajenó un bien inmueble en violación a
la Ley Agraria del 17 de abril del 1917, y se dejó una obligación contraída bajo
una condición que la hace depender de la pura voluntad del comprador (como la de
comprobación de la ocupación por una firma contratada por ellos), entre otras.
Por todos estos motivos “la PGR, en aras de defender
al Estado y el Estado de Derecho que todos aspiramos, ha demandado la
resolución del contrato en virtud de los incumplimientos del mismo, siendo que
el mismo contrato expresa que por el solo hecho de faltar al pago de una sola
cuota, se tiene por resuelto el mismo, es decir de mero derecho”, termina el
informe ejecutivo.
Para Estrada, “eso es vergonzante y lesivo para
Nicaragua. Espero que esa obligación no sea necesaria cobrarla por las vías
legales, y que no nos desgastemos por la vía judicial. Si Barceló sigue
sin querer reconocer esa deuda, el Estado tiene la rescisión del contrato y el
Estado no ha renunciado a sus derechos”.
Grupo
Barceló: misma
política, misma actitud
El pleito legal en el que se encuentra involucrado el
Grupo Barceló es el reflejo de una política y una actitud empresarial que ha
caracterizado la historia de esa transnacional.
|
Ernest Cañada |
En declaraciones a Sirel, Ernest Cañada,
miembro de Acción por un Turismo Responsable (ATR),*
dijo que “La actuación de Barceló en el caso de Nicaragua
no es algo extraño en sus procedimientos. Barceló se ha caracterizado
desde sus orígenes por buscar siempre condiciones favorables por parte del
Estado. Lo hizo durante la dictadura franquista en España y después con
los gobiernos que siguieron. Y lo ha hecho también en República Dominicana,
en Costa Rica o en México. Barceló –continuó Cañada–
establece relaciones de favor con los gobiernos de turno que le garanticen
seguridad a su inversión, y saben cómo hacerlo. Su historia como grupo
empresarial muestra claramente este carácter oportunista y voraz, tan alejado de
la imagen de responsabilidad con la que les gusta mostrarse. Barceló se
vanagloria de su política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). En
realidad ésta no es más que pura retórica, muy alejada de unas prácticas
empresariales que no dudan en cercenar los derechos de sus trabajadores y
presionar a los Estados para conseguir condiciones favorables para su
inversión”.
A ese propósito, Cañada citó algunos ejemplos
emblemáticos que apoyan sus afirmaciones. “Conocemos ejemplos escandalosos, como
el Hospital de Higüey en la República Dominicana, documentado por
Joan Boades, un investigador asociado a Acción por un Turismo
Responsable, en el cual Barceló ha conseguido fondos públicos de la
cooperación al desarrollo de España para financiar un hospital al lado de
sus hoteles en un terreno aportado por el gobierno dominicano. Es decir, que movilizan recursos públicos de España y de República
Dominicana que son después privatizados. Usan la RSC puramente como una
estrategia de marketing y para beneficio propio. Las corporaciones
transnacionales turísticas –continuó el miembro de ATR–, y muy especialmente las
de capital español, llevan años chantajeando y aprovechándose de las poblaciones
y los recursos naturales de México, el Caribe y Centroamérica. Gracias a la
mitología construida en torno a los supuestos beneficios de la industria
turística se han desarrollado políticas totalmente a su servicio, en lo que en
el discurso neoliberal le llaman ‘mejorar el clima de negocios’.
Y cuando los grupos
oligárquicos locales no les facilitan las cosas, siempre tienen el recurso al
chantaje y la amenaza de retirar inversiones, o los buenos oficios diplomáticos
de las embajadas de España, siempre dispuestas a socorrer al capital
español”, terminó Cañada.
Actitud antisindical
|
Marcial Cabrera |
La violación a los derechos sindicales ha sido otro triste
capítulo de esta historia. Según Marcial Cabrera, secretario general de
la Federación Unitaria de Trabajadores de la
Alimentación de Nicaragua (FUTATSCON), afiliada a la UITA, “la
construcción del complejo turístico Montelimar, que costó aproximadamente
unos 30 millones de dólares, fue un gran esfuerzo del gobierno revolucionario
para desarrollar el turismo en Nicaragua. Pese a las muchas dificultades,
como Federación de Hoteles y Restaurantes (FETRAHORESTUC)
logramos formar un sindicato. Con la derrota electoral del Frente Sandinista
-continuó Cabrera–, el nuevo gobierno de Violeta Barrios comenzó
una política de reducción y desmantelamiento del aparato estatal y Montelimar
no fue la excepción. Hubo varios oferentes, entre ellos grupos italianos y
mexicanos que aparentemente hicieron ofertas muy ventajosas, pero al final
Corporaciones Nacionales del Sector Público (CORNAP) y la
Corporación de Turismo de Nicaragua (COTUR) decidieron aceptar la oferta
del Grupo Barceló”.
Una de las condiciones impuesta
por el Grupo Barceló fue la de recibir el complejo turístico sin empleados y,
por lo tanto, sin sindicato.
“Como Federación –recordó el secretario general de
FUTATSCON– tratamos de contrarrestar esta medida de la transnacional
española, pero al final resultó imposible y comenzamos a negociar para que se
respetara el pago de todas las prestaciones.
De los más de 250 trabajadores,
el Grupo Barceló volvió a contratar solamente a unos 30, dejando afuera todos
los que estaban afiliados al sindicato. En
1994 hicimos un intento de formar otro sindicato, pero no tuvimos éxito y los
nuevos propietarios despidieron a los que se iban a afiliar.
Como FUTATSCON
aplaudimos la decisión del Estado de querer recuperar un bien que fue parte del
saqueo de estos gobiernos neoliberales a los bienes estatales. La venta del
complejo turístico Montelimar a un precio tan bajo, demuestra una vez más
que estos gobiernos no responden a los intereses populares, sino que a los de
las transnacionales, y que, de alguna manera, sus funcionarios están
involucrados por intereses personales”, concluyó Cabrera.
 |
