Desde el inicio mismo de la visita oficial, y delante de los funcionarios públicos, el gerente de Seguridad Industrial de Calvo Conservas, Fredy Benavides, comenzó a agredir e insultar a Julio Funes, trabajador de la planta y dirigente del SGTIPAC cuyo testimonio es la base de un vídeo ampliamente difundido en internet (ver video) en el cual se denuncian la intoxicación masiva de diciembre pasado y la inoperancia e irreponsabilidad de la empresa Calvo. A Benavides se le sumó Eduardo Meléndez, gerente de Recursos Humanos, quien también comenzó a increpar e insultar a Funes.

Este comportamiento responde a una metodología habitual utilizada por estos y otros funcionarios de confianza de Calvo Conservas, pero además se compadece con el evidente nerviosismo que ha cundido entre varios jerarcas cuya responsabilidad en el referido incidente estaría claramente demostrada.

El director y el jefe de Planta, respectivamente Antonio Huezo y Edwin López, son acusados por los trabajadores de haberse retirado antes del fin de las labores diarias en una clara violación a sus deberes funcionales, y los que es peor, de haberse presentado en estado etílico en medio de la emergencia, ya que se encontraban participando en una celebración privada en un club contiguo al local de Calvo Conservas. Su falta de lucidez para afrontar la circunstancia entorpeció la adecuada reacción para atender a las víctimas.

Por supuesto, el instinto represivo de las gerencias de Calvo Conservas -y su necesidad de hallar un chivo expiatorio que las exculpe-, determinó que fuese despedido en el acto Alexander Flores, cuya única responsabilidad fue realizar su trabajo como lo había venido haciendo hasta esa noche. El bidón a medio vaciar y sin etiquetar conteniendo la sustancia química que provocó la intoxicación masiva, nunca debió estar dentro de la planta ni cerca de los instrumentos de limpieza habitualmente utilizados.  Alexander Flores no debe ser despedido, sino compensado por haber sido expuesto -junto a todos los trabajadores y trabajadoras- a un grave peligro sanitario provocado por la desidia, la indolencia y la irresponsabilidad de varios mandos medios de Calvo Conservas.

Ante esta gravísima amenaza efectuada en presencia de las autoridades laborales salvadoreñas, el SGTIPAC hace responsable a Fredy Benavides y a Calvo Conservas sobre cualquier agresión o atentado a la seguridad personal que pudiera sufrir Julio Funes.

En esos mismos días una ONG de Guatemala realizó una “auditoría social” a Calvo Conservas por encargo de la Compañía Española de Financiación al Desarrollo (COFIDES), cuyos aportes financieros al Grupo Calvo, como a todas las empresas que ella asiste, están condicionados al respeto a los derechos humanos y al cumplimiento de prácticas de “responsabilidad social”. La auditoría fue implementada a partir de que se conociera el episodio de intoxicación masiva de diciembre pasado.