La empresa agroexportadora utiliza matones

para evitar que los trabajadores se sindicalicen

El éxito de la agroexportación se basa en la constante violación de los derechos laborales, con jornadas mayores a las 8 horas diarias, sin seguridad social, con regímenes de contrato temporal e ingresos menores al sueldo mínimo, explicaron los dirigentes sindicales de la empresa agroexportadora Camposol SA., al Tribunal Permanente de los Pueblos.

Rosa Parihuanchui, dirigente sindical despedida, denunció que Camposol, perteneciente a la noruega Dyer Coriat Holding, viola sistemáticamente los derechos laborales y se niega a la reposición de más de 380 despedidos por el solo hecho de pertenecer al sindicato.

“Utiliza matones para contrarrestar las demandas de trabajadoras y trabajadores, pese a las cuantiosas utilidades que le reporta la exportación de alcachofa, espárragos, palta, mango y pimienta”, dijo.

Las utilidades de empresa de capitales noruegos y peruanos, líder en el cultivo, cosecha, procesamiento y comercialización de hortalizas y fruta, superan los 100 millones de dólares.

Ante el Tribunal que preside el sacerdote belga François Houtart, la dirigente afirmó que al amparo de la Ley 27.360, Ley de Promoción Agraria, que permite menores estándares laborales, la empresa vulnera los derechos de 3.000 trabajadores que laboran en sus 16 mil hectáreas, mientras acusa de subversivos a los que pretenden sindicalizarse.

Relato los abusos que sistemáticamente comete la empresa y cómo en junio pasado resultaron heridos de bala cuatro trabajadores a consecuencia de la represión desatada para contener las movilizaciones en demanda por la reposición de sus compañeros injustamente despedidos. Hasta el momento la empresa se ha desentendido de proporcionales atención médica a los heridos.

La dirigente despedida destacó las importantes relaciones que tiene Camposol, afirmó que José Chlimper ex ministro fujimorista, tendría intereses en la empresa y que circulan rumores que vinculan al propio presidente de la República Alan García con esta agroexportadora que opera en el departamento de La Libertad a 500 kilómetros al norte de Lima.

Luis Izarra, representante de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) al respaldar la denuncia ante el Tribunal señaló que las acciones de Camposol SA representan vulneraciones al derecho a la libertad sindical, al derecho a no sufrir discriminación en el trabajo y al derecho a la seguridad y la vida.

Indicó que otros métodos de agresión que implementan las empresas es la formación de sindicatos paralelos y amenazas a los trabajadores.

“Por estas razones, la Ley de Promoción Agraria debe ser derogada y el número de inspectores laborales en las zonas rurales se tendría que incrementar. Los despedidos deben se repuestos y cesar las hostilizaciones a los dirigentes sindicales”, reclamó el representante de la CGTP.

En representación de la empresa hizo su descargo ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, el subgerente de Recursos Humanos de Camposol, Donaldo Torres, quien trató de desvirtuar las denuncias, y a modo de defensa sostuvo que los pliegos de reclamos resueltos en trato directo con tres sindicatos es una prueba que la empresa sí dialoga con los trabajadores.

“Estamos cumpliendo con las leyes, con la Constitución y con las normas internacionales y en la empresa nunca hubo despidos sino simplemente culminación de contratos laborales”, afirmó el representante de la empresa.

El Tribunal también escuchó las denuncias contra las transnacionales Roche y Boehringer, que aplicaron medicamentos contra enfermos de VIH y VIH/SIDA sin los controles sanitarios que establece la legislación brasileña.

Renata Reis, representante de la Red Brasilera de Integración de los Pueblos, afirmó que las transnacionales pretenden imponer sus productos sin ningún tipo de restricciones al amparo de los tratados de libre comercio.

Igualmente, se escuchó la demanda de organismos ecologistas chilenos contra las transnacionales noruegas Marine Harvest y Cermaq, por reiteradas violaciones a la legislación ambiental y laboral.

Representantes chilenos denunciaron que la permisividad del Estado permitió la ocupación destructiva de ecosistemas, la existencia de centros de cultivo ilegales, el uso de químicos prohibidos, lo que llevó a países europeos a congelar la importación del salmón.     

En el marco de la Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas 3, se reúne el Tribunal para analizar la actuación de las transnacionales europeas en el continente americano.