La lucha de los trabajadores por cobrar el salario mínimo decretado por el presidente hondureño Manuel Zelaya Rosales continúa, pese a la oposición de los empresarios. Sirel dialogó sobre este tema con Carlos Reyes, secretario general del STIBYS, con base en el comunicado que este sindicato lanzó días pasados.

-¿En qué contexto el Presidente decretó el aumento del salario mínimo?

-Incremento salarial no hubo, lo que el presidente decretó fue un ajuste del salario mínimo hasta el 85 por ciento del valor de la canasta básica de alimentos que contiene 30 productos que son pura comida. Ahí no hay ropa, no hay transporte, no hay alquiler de vivienda, no hay educación, no hay salud y mucho menos recreación.

En Honduras el costo de la canasta básica es de aproximadamente 330 dólares. El salario mínimo decretado por el gobierno es algo menos de 290 dólares al mes.

Desde hace varios años venimos exigiéndole al gobierno que el salario mínimo debe ajustarse a la canasta básica, pero lo que han hecho es utilizar el Índice General de Precios al Consumidor, que está conformado por el costo de unos 290 productos, cuyo aumento normalmente es menor por una serie de ponderaciones que hay en los cálculos de precios. Entonces, uno de los problemas es que se están usando métodos de cálculo que no corresponden.

-O sea que el salario mínimo sigue por debajo del valor de la canasta básica como lo estaba anteriormente.

-A partir de 1990, con la implementación del modelo neoliberal, ese desfase se viene incrementando año tras año, a tal grado que en la actualidad, y hasta que no se concrete el ajuste decretado por el Poder Ejecutivo, tenemos un salario mínimo de 150 dólares, que es casi la mitad del costo de la canasta básica. Nosotros sostenemos desde hace años que el valor de la canasta básica se debe ajustar al salario mínimo, y no al revés.

-¿Piensas que el gobierno entiende que las empresas van a pagar el salario mínimo, o crees que es sólo una acción publicitaria?

-Las empresas tratan de burlar el salario mínimo o no lo pagan, tercerizan o contratan temporalmente. Se trata de una cuestión política; el gobierno no aprueba ninguna ley que los empresarios no hayan admitido. Los empresarios han estado metiendo presiones y protestando por este ajuste, presentando recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. A su vez, la prensa de derecha y de ultra derecha ataca las posiciones del movimiento sindical. Por nuestra parte, hemos salido a las calles a expresar nuestro apoyo al ajuste del salario mínimo, para exigirle al gobierno que haga cumplir a las empresas.

Los empresarios se negaron rotundamente a pagar el salario mínimo. Luego, cuando vieron las movilizaciones, dijeron: “No defendemos a las empresas grandes porque ellas están en condiciones de pagarlo; defendemos a la pequeña y a la mediana empresa”. Pero eso es algo que no tiene ni pies ni cabeza, porque a un trabajador la canasta básica le va a costar 350 dólares ya sea que trabaje en una empresa grande o en una pequeña.

Toda la vida los empresarios han decidido cuál es el aumento en los salarios, pero hoy no lo han podido hacer porque no se han puesto de acuerdo con la delegación sindical, y como dice el acta, en ese caso debe ser el presidente de la República el que lo resuelva. Entonces, dejaron que el gobierno decidiera, pero cuando éste lo hizo no les gustó. Antes sí les parecía bien, con los aumentos anteriores que se habían dado de 8 por ciento o 5 por ciento, entonces sí los presidentes eran alabados, eran gente ponderada, gente que sí sabía la situación. Pero hoy, son unos bandidos.

-¿Qué tipo de chantaje utilizan las empresas con los trabajadores?

-Las empresas, aprovechándose del fin de año, y de lo que llaman “crisis mundial”, le dicen al trabajador: “Te vamos a pagar tanto de salario -una cantidad menor a lo estipulado por el gobierno- pero no te despedimos del trabajo”.

Pero le hemos dicho a los trabajadores que eso es ilegal, y si alguien lo firma no tiene validez. Los empresarios siguen promocionando eso, pero ahora cada vez menos porque las exigencias en contra del salario mínimo son menores y las empresas esperan la resolución de la Suprema Corte de Justicia.

-¿Cómo reacciona el gobierno ante esta situación?

-No va a dar marcha atrás y se están haciendo inspecciones. En un relevamiento de más de 600 empresas fueron encontradas 113 que no cumplían con la paga del salario mínimo.

El gobierno se muestra firme en su decisión pese al achicamiento que el Estado tiene ante las empresas en este modelo neoliberal, donde los perfiles de los políticos están por el suelo, el presidente no da marcha atrás, aún sabiendo que está tocando los intereses de las empresas.

-¿Qué medidas piensa tomar el STIBYS?

-Hemos realizado varias movilizaciones, una de ellas frente a la Suprema Corte de Justicia. Allí leímos un documento en el cual rebatimos la posición de las empresas sobre la inconstitucionalidad del salario mínimo. La Corte aceptó el recurso de amparo presentado por las empresas, pero no la suspensión del acto reclamado.

Esas son las cuestiones contra las cuales hemos venido luchando, y además le hemos presentado al gobierno un documento en el cual le decimos que hay que tomar medidas para ajustar el Código de Trabajo en lo que se refiere a la tercerización y al uso de trabajadores temporales. Porque -como le decíamos al presidente de la República- si se les permite a las empresas seguir contratando temporalmente y tercerizando, el salario mínimo que decretó será prácticamente nulo, y ellos impondrán sus reglas frente a un trabajador con hambre, desnutrido, que lo único que quiere es trabajar la jornada que le impongan sin que importe cuánto va a ganar. Este modelo económico no es de vida sino de muerte.

Hemos hablado con el presidente y con la Ministra de Trabajo, Mayra Mejía, y estamos pendientes de una resolución al respecto.

-¿Cómo influye el TLC con los Estados Unidos en este asunto?

-Los empresarios se han dedicado a mostrar a Honduras como un país donde se debe venir a invertir, como un paraíso fiscal, pero aquí es un paraíso laboral, donde el empresario paga lo que quiere y deja al trabajador en condiciones terribles. A partir del TLC destrozaron sindicatos con la tercerización y los contratos temporales. Por eso luchamos para que el salario no sea desplazado por ese tipo de contratación.  Se decía que a partir de 1990 llegarían a Honduras las grandes inversiones. ¡Mentira!, lo único que pasó fue que desbarataron nuestro aparato productivo y destrozaron al pequeño productor, al que tenía su quintita, lo sacaron para las maquilas donde precisaban 120.000 personas, y para eso destruyeron la producción de  azúcar que involucraba a 25.000 productores con entre 100.000 y 150.000 trabajadores directos e indirectos. ¿No era mejor que siguiéramos produciendo arroz y azúcar con esa cantidad de trabajadores y productores, utilizando nuestras tierras, aprendiendo a producir mejor, antes que tener esas maquilas que no nos sirve para nada, que ni siquiera pagan impuestos? Definitivamente, todo esto es un paquete que la política económica neoliberal ha implementado en Latinoamérica.

-¿Son optimistas con respecto al resultado de la lucha?

-Sí, pese a cualquier cosa que ocurra, la lucha va seguir. Hay que organizar al trabajador, porque de lo contrario las leyes van a echarse a la basura. La lucha continúa, como lo hemos hecho siempre.