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Cuatro años después
En 2002 se efectuó una “puesta al día” de la situación en Rincon’í, del
estado del juicio Penal y de los vínculos sociales
generados en torno a este caso. Lo que sigue es un
extracto de lo producido en ese entonces.
En estos dos años y medio el grueso de la comunidad
afectada ha logrado mantenerse unida a pesar de las
presiones externas e internas que debe soportar.
Además de las naturales disidencias que
afortunadamente para las víctimas han sido escasas,
los pobladores tuvieron que superar las intimidaciones
provenientes de los poderosos cómplices del desastre
aquí relatado, los intentos de manipulación y hasta de
estafa de aprovechadores profesionales, los cantos de
sirena de “representadores” de oficio, los zarpazos,
incluso, de la fatalidad. Durante este período, el
trabajo efectuado por algunos personajes de esta
historia ha sido esencial para mantener la esperanza
con vida. Así, el del fiscal Hugo Ríos y el de algunos
de los magistrados que intervinieron e intervienen en
el complejo juicio Penal que tiene lugar en la ciudad
de Paraguarí. Un juicio que, por ahora, ha resuelto el
procesamiento de tres personas, una de ellas el
ingeniero Eric Lorenz, estadounidense, representante
de la Delta & Pine Land en Paraguay. Por haber eludido
este procesamiento huyendo hacia Estados Unidos,
Lorenz está declarado prófugo y “en rebeldía” con
respecto a la justicia paraguaya, y los representantes
legales de las víctimas han solicitado al juez de la
causa que libere una orden de captura internacional
contra él.
Ha cobrado enorme importancia la figura del
Padre Oliva,
y su incondicional apoyo a las víctimas expresado en
innumerables artículos de prensa e incontables
intervenciones radiales, así como en sus viajes hasta
Rincon’í para confortar a la comunidad afectada. Un
punto muy alto de esta solidaridad fue la presentación
del caso que hizo el Padre Oliva en Ginebra ante la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Por otra parte, el Padre Oliva está siendo promovido
por grupos sociales de Paraguay y de otros países como
candidato al Premio Nobel de la Paz.
También el doctor Pablo Balmaceda, quien recientemente
presentó en el juzgado las copias de los resultados de
los análisis de laboratorio de las 74 personas
estudiadas por él poco después de la contaminación,
todas con síntomas de intoxicación con fosforados, de
las cuales 11 pueden ser calificados como casos
graves.
La portavoz
Junto a todas estas personas y a otras que colaboran
desde al anonimato, a la comunidad de Rincon’í que se
mantiene firme en sus convicciones y objetivos y al
apoyo de la Regional Latinoamericana de la UITA,
descolla la personalidad de Ana María Segovia y la
tarea de titánica hormiga que ha desarrollado en este
período. Ana María es no sólo la portavoz y
representante de su comunidad, también la referencia
ética de esta lucha, un ejemplo de voluntad
inquebrantable, de lucidez sin oropeles, de estoicismo
y de amor por su familia, su comunidad y su pueblo.
Rincon’í tiene esperanza porque tiene a Ana María
Segovia. Quizás haya muchas otras Ana Marías en esa
comunidad, y ojalá así sea, pero es seguro que ésta ha
dado lo mejor de sí para mantener vivo el espíritu de
lucha de su gente y de todos quienes la conocemos.
En enero de 2002 nació su tercer hijo, el primer
varón, al que llamó Gerardo Augusto. Vive junto a su
hermana menor y uno de sus sobrinos en un modesto
apartamento de Asunción. Se ha dedicado por entero a
trabajar solidariamente por esta causa, y basta
acompañarla dos o tres días para valorar la paciencia,
dedicación, tozudez y tolerancia que hay que poseer
para efectuar los trámites y enlaces imprescindibles
de esta lucha. Buena parte de la vida de Ana María
transcurre sobre los buses. Ir de Asunción hasta la
sede judicial en Paraguarí, a 60 kilómetros de la
capital, son dos horas y media de ida y otras tantas
de regreso, viaje que Ana María trata de hacer dos
veces por semana para mantenerse al tanto del trámite
judicial y/o presentar ella misma escritos redactados
por el abogado actual de la comunidad, el doctor
Arturo Acosta Mena. De hecho, una visita al juzgado
insume casi todo un día. Un viaje a Rincon’í, a 120
kilómetros de Asunción, para celebrar una reunión con
la comunidad, informarla y recabar su opinión implica
por lo menos un par de días si se depende de los
buses, un día completo y largo si el traslado es en
vehículo individual. Las carreteras son estrechas y
muy concurridas, atraviesan innumerables centros
poblados, y el camino que lleva desde Ybycuí, donde
hay que dejar la ruta, hasta Rincon’í, es difícil y no
apto para cualquier vehículo. Por eso cuando va, Ana
María aprovecha a quedarse dos o tres días y a sacarse
las ganas de estar con “su gente”, recargando las
pilas en su comunidad.
No es fácil para los ciudadanos del asfalto o aun los
campesinos de países desarrollados, comprender el
sentido que tiene en Paraguay la expresión
“comunidad”. El concepto engloba mucho más que un
grupo de personas habitando una comarca chica, designa
una historia ancestral muchas veces compartida, la
posibilidad de hablar y pensar en guaraní sin
restricciones ni silenciosas traducciones simultáneas,
una lengua que sabe nombrar todas las cosas, plantas,
aves, sentimientos, hilos de agua, peligros y
traiciones, es un territorio concretamente compartido,
comunal, donde pacen libremente los animales de todos,
de cada familia. La comunidad es un alma colectiva,
una cultura en vida, una economía sustentable, es la
tradición y la seguridad de un futuro, es una
querencia, un refugio, es cada uno y todos, los amados
y los odiados. La comunidad es la matriz del
campesinado paraguayo. Eso es lo que contaminó la
Delta & Pine en Rincon’í con su basura tóxica: una
comunidad campesina.
En Ana María Segovia late el corazón de su gente. Ella
ha sabido encarnar ese complejo organismo que es su
comunidad, y por ella todos estamos sabiendo que
Rincon’í continúa en pie de lucha y reclamando
justicia.
La justicia
El fiscal Hugo Ríos, por su parte, opina que no es
poco lo que ya se ha logrado en este juicio penal,
aunque aclara que él continuará trabajando hasta el
último día para colaborar desde su papel de fiscal,
para que se establezca la verdad. Asimismo, expresó
que coincidía con el criterio de las víctimas de
reclamar la captura internacional por medio de
Interpol del “prófugo” Eric Lorenz. Tal vez cuando
este libro esté impreso Ríos ya haya concretado esta
idea.
Analizando su actuación a lo largo de estos dos años y
medio en este caso resulta indiscutible que su
persistencia y conocimiento cabal del expediente han
sido una de las claves de que se hayan obtenido
ciertas pruebas y de que el juicio siga vivo. Ríos ha
sido hasta ahora una verdadera garantía de utilización
inteligente y justa de los derechos del fiscal en un
juicio, soportando seguramente intensas presiones
desatadas por los fuertes intereses económicos que
subyacen en esta causa. En esta época en la cual la
corrupción y la traición son recompensadas y hasta
aplaudidas, encontrar funcionarios públicos que
cumplen con su deber y colocan como valor máximo de su
trabajo la ética profesional y personal no sólo
reconforta, también otorga una dimensión más
cotidiana, doméstica, más concreta y menos broncínea a
la palabra héroe.
Ríos entiende que actualmente el juicio está bien
sustanciado, y que todo indica que existen garantías
para que el juez pueda dictar justicia con fundamentos
e independencia.
En resumen, el expediente judicial se ha movido
intensamente a pesar de que las víctimas han tenido
que superar problemas de representación y de recursos
para hacer frente a los gastos mínimos de llevar
adelante una acción judicial. Los fiscales Ríos y
Merlo han defendido el interés público, cada uno desde
su ámbito. Hay varias medidas solicitadas al juez,
particularmente la orden de captura internacional de
Eric Lorenz, la autopsia de Agustín Ruiz, y ahora, la
detención de Nery Rivas, empleado de Delta & Pine, y
de Julio Chávez, propietario del terreno, ya que estos
incumplieron su obligación de concurrir a firmar
mensualmente al juzgado. La última vez que lo hicieron
fue en enero de 2001.
La comunidad
Rincon’í, Rincón Florido, los arroyos 1 y 2, Santa
Angela; estas comarcas, estos bienes, estos recursos
naturales, estas comunidades han quedado dañadas por
mucho tiempo, quizás para siempre. Aunque se acepten
convenciones como lo son las leyes que determinan
sentencias, o las que traducen el daño a monedas, los
perjuicios causados en este caso no tienen precio, no
hay una escala humana para valorarlos porque se
infligieron sobre elementos intangibles como la vida,
la salud, el trabajo, la subsistencia, la cultura, la
autoestima, y sobre el físico de la naturaleza, como
la tierra, el agua, el aire, los ecosistemas, cuya
permanencia supera los límites escasos de una vida
humana. ¿Cómo medir lo que estuvo siempre y siempre
estará? ¿Cuánto vale? ¿Acaso unos años de prisión de
un ser humano serían suficientes para reparar los
daños? ¿Quién tiene tanto dinero como para pagar los
millones de años de evolución adaptativa de una brizna
de hierba, de un yuyo cualquiera? ¿Cuánto vale un
ecosistema que genera un curso de agua limpia? Está
claro que la justicia humana es apenas un paliativo,
en algunos casos simplemente un castigo represivo de
comportamientos que contravienen las convenciones
sociales, los sistemas legales que moderan la
convivencia. Son imprescindibles, claro, pero en
algunos casos, como éste, completamente
insuficientes. Quiere decir que la Delta & Pine ha
provocado daños permanentes en recursos que la
naturaleza no podrá regenerar sino en mucho tiempo, un
tiempo fuera de la escala humana. En este caso de
contaminación es esencial comprender la naturaleza, el
alcance, la profundidad de la agresión. No se trata
sólo de haber violado normas, leyes, sino de un
atentado antiético provocado por personas, por una
estructura económica para la cual sus resultados
contables y sus balances anuales, su lucro, son más
importantes que cualquier otra cosa en este mundo, son
un valor supremo ante el cual todo debe ser
sacrificado. La Delta & Pine decidió por sí y ante sí
apropiarse de la tierra, el agua, el aire y la gente
de Rincon’í para contaminarlas con su basura tóxica.
Intentó hacerlo a hurtadillas, como los delincuentes,
los ladrones, los que saben que están haciendo algo
malo y no quieren ser descubiertos. La Delta & Pine se
robó una parte del Paraguay con gente y todo. Lo que
se recuperará cuando el ladrón haya caído no será lo
mismo que fue hurtado, será algo enfermo, diezmado,
envenenado, sufriente.
La prepotencia con que se realizó ese acto surge de
numerosos testimonios, algunos de los cuales figuran
en el expediente judicial, como el de Lucrecia Solís
de Alonso. Doña Lucrecia vive a escasos metros de
donde arrojaron las semillas, y en su declaración
relató cómo fue maltratada verbalmente por el
ingeniero Rivas de la Delta & Pine cuando ella quiso
obtener información. “¿Te haces la virgencita, por eso
te molesta este olor?”, le dijo Rivas en esa ocasión.
Doña Lucrecia le pidió a Rivas que dejaran de tirar
esas semillas porque ella sabía que estaban
envenenadas. “¿Cómo sabes eso?”, preguntó Rivas,
alarmado. “Porque he visto la calavera1 en las etiquetas de las bolsas”, respondió lucidamente
Lucrecia. Los ruegos y pedidos de la mujer, sin
embargo, no fueron suficiente motivo para que Rivas
detuviera la descarga de basura tóxica. Más adelante,
Lucrecia declaró que en esos días tuvo “dolor de
cabeza, presión alta y baja, falta de apetito,
vómitos, diarrea y dolores estomacales, sentía
cansancio, mucho sueño y como si la hubiesen
garroteado”, dice el expediente. Relató que los
vecinos que bajaron las bolsas de semillas y las
abrieron para esparcir su contenido no contaban con
ninguna protección, y agregó que no concurrió al
Centro de Salud de Ybycuí porque una doctora de esa
institución, cuyo nombre ignora, concurrió hasta su
domicilio para decirle que las semillas no eran
tóxicas.
Salustiana Rojas vive a escasos 50 metros de la basura
tóxica. En su declaración ante el juzgado, en octubre
de 2001, doña Salustiana relató que ella fue criada en
ese paraje, y que la propiedad de su familia era de
cinco hectáreas, pero “el señor Julio César Chávez ha
gestionado la escrituración a su nombre, y nosotros
somos pobres y quedamos reducidos a esa posesión
actual de apenas 70 metros cuadrados. Todo el
vecindario conoce este hecho”. Quiere decir que Chávez
habría aprovechado la indefensión de doña Salustiana,
de 70 años de edad, para apropiarse de un predio que
por tradición y ocupación perteneció históricamente a
la familia de la anciana. Ella relató que la llegada
de las semillas se produjo en su ausencia, y que a su
regreso, su hijo Catalino le contó que “se ha echado
basura venenosa alrededor de nuestra casa”. Catalino
dijo que había trabajado en la descarga de las
semillas, “y a consecuencia de eso –dijo Salustiana–
mi hijo está mal de salud, solamente aguantó tres días
de trabajo”. Salustiana explicó que ya nadie le compra
sus verduras por miedo a la contaminación, y que ella
no puede tomar agua del pozo porque tiene un color
verdoso y es aceitosa.
Ese mismo día declaró ante el juez Andrés Alonso,
esposo de doña Lucrecia, quien relató que el olor y
los malestares eran tan intensos que decidió evacuar a
toda su familia pues vivían a pocos metros del predio
de Chávez. Alonso debió permanecer en el lugar ya que
se desempeñaba allí como encargado. Dijo que a pesar
de que intentaba pasar el día lejos de la basura,
perdió 13 kilogramos de peso en 30 días, y que tratado
por el doctor Balmaceda en Asunción pudo mejorar, pero
que aún siente intensos dolores de cabeza, de
estómago, y el cuerpo endurecido. Finalmente, el
propietario vendió ese predio y Alonso se mudó del
lugar.
Pedro Alonso, por su parte, hijo de doña Lucrecia y de
Andrés Alonso, declaró ante el juez que trabajó
durante 12 días descargando las semillas de la Delta &
Pine, hasta que el cuerpo se le empezó a llenar de
ronchas y manchas que recién se le fueron un mes
después. Relató que el señor Lorenz, quien dirigía la
operación de descarga, al fin de cada jornada
distribuía latas de cerveza y gaseosa entre los
trabajadores. Andrés aseguró que nunca le proveyeron
equipo de protección para efectuar el trabajo.
Estos testimonios tienen no sólo un valor judicial
obvio, sino que constituyen una muestra del coraje
cívico que anima a la comunidad de Rincon’í y
aledaños. Muchos otros podrían haber acudido a
declarar, y sus dichos hubiesen igualmente denunciado
el atentado provocado por la Delta & Pine con idéntico
vigor. La comunidad ha mantenido su lucha viva hasta
la actualidad, y continuará reclamando justicia hasta
que los culpables de todos los males aquí relatados
enfrenten sus responsabilidades.
Como última imagen de esta segunda aproximación a la
contaminación de Rincon’í, me queda la de doña
Salustiana bebiendo su tereré bajo el alero de su
casa, sola, cansada, reducida a sobrevivir gracias a
lo que puede extraer de la tierra para su autoconsumo
y a la ayuda de los vecinos solidarios, pero que aún
así, cuando ya dejábamos su casa, me dijo: “Aquí
estaremos cuando vuelva otra vez, luchando hasta el
fin”.
1
Se refiere al clásico símbolo del cráneo sobre dos
tibias cruzadas.
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