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El
arribo a Montevideo el pasado jueves 20 del barco
venezolano “José Leonardo Chirinos”, una de las tres
embarcaciones de la Corporación Venezolana de Navegación (Venavega)
que unirán la nación caribeña con el Mercosur, fue
todo un acontecimiento. Retrasado por el temporal, el barco
fue recibido en el puerto por el presidente José Mujica
y la ministra del Poder Popular para Transporte Acuático y
Aéreo de Venezuela, C/N Elsa Gutiérrez Graffe.
Celebramos el acontecimiento. Primero, porque reconforta
comprobar que pese a ciertas posturas de nacionalismo
interesado y miope, lentamente la integración regional
avanza.
Segundo, porque nos sirve para recordar la ineptitud de
anteriores gobiernos, que aún en épocas de bonanza como lo
fue la década de los 50 del siglo pasado, fueron incapaces
de construir una flota mercante acorde a un país de cara al
mar como lo es Uruguay.
Es
más, también recordamos que los mismos que destruyeron al
ferrocarril fueron los que tuvieron la peregrina idea de
convertir al “Tacoma” -buque que acompañaba al
Graf Spee y que quedó en propiedad de Uruguay
integrando su escuálida flota mercante- el 2 de junio de
1973, o sea 25 días antes del golpe de Estado, en una cárcel
flotante.
Simultáneamente ocurrió un hecho inadmisible e indignante
como es pretender engañar a la ciudadanía.
Según informaban los medios, entre ellos La República
del 19 de septiembre en su página 3, el barco descargaría en
nuestro puerto “14 mil toneladas métricas de urea
producidas por Pequiven(1), generalmente utilizada en
la fabricación de fertilizantes agrícolas, además de 55 mil
litros del fertilizante Glyfosan, proveniente de
Agropatria(2), con destino a ALUR(3).
Y
en
su edición del 21 de septiembre, el mismo periódico en su
página 4, cita a nuestro Presidente cuando afirmó que “si
bien en esta ocasión la carga ha sido urea y
fertilizantes, en el futuro podrá incluir otros
productos.
El
caso es que el Glyfosan no es ningún fertilizante, se
trata del controvertido herbicida glifosato. Como es sabido,
el glifosato se utiliza, fundamentalmente, en variedades
genéticamente modificadas (transgénicos) creadas para que
este herbicida no las afecte. En nuestro país se siembran
variedades transgénicas de maíz y soja.
Recordemos que la mayoría de los transgénicos están
concebidos para resistir el glifosato, el herbicida
descubierto en los laboratorios de Monsanto en 1970,
al que la transnacional patentó con la marca
Roundup.
En el 2000 la patente caducó y ahora son varias las
compañías que producen el herbicida, algunas -especialmente
las instaladas en China- con muy baja calidad y con
alta peligrosidad por las impurezas que contiene.
Hace ya tiempo que las investigaciones científicas muestran
que el glifosato causa graves efectos tóxicos para la salud
y el medio ambiente, agravados por los ingredientes añadidos
o adyuvantes.
Casualmente, el mismo día en que el cargamento de glifosato
arribaba al puerto de Montevideo, en Francia
se daban a conocer los terribles efectos provocados por el
maíz transgénico de Monsanto NK603 sobre varios
grupos de ratas alimentadas durante dos años con el maíz
modificado genéticamente y/o el herbicida asociado
Roundup(4).
Inmediatamente el gobierno francés decidió abrir una
investigación y de confirmarse la toxicidad de este maíz
podría definir que se prohíba cualquier importación y su uso
incluso como forraje.
A todo esto, con los 55.680 litros de glifosato de
Pequiven
-travestido en fertilizante por la picardía de algún
funcionario “inteligente”- se pueden fumigar, dependiendo de
la dosis, entre 28.000 y 14.000 hectáreas.
El hecho es grave y como ciudadanos exigimos una aclaración
por parte de las autoridades.
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