Paraguay

Zafra sojera récord

Monsanto

 y la maquinaria “matacampesinos”

 

 

 

El Ministerio de Agricultura presentó las estimaciones de la producción de soja correspondiente a la zafra 2006/07, que ascendería a más de 6 millones de toneladas, si se cosecharán en su totalidad las 2.227.455 hectáreas sembradas durante este periodo. Esta posible zafra fue calificada como “todo un éxito” por las autoridades agrícolas y los productores del sector, luego de tres años consecutivos de pérdidas a causa de la sequía que afectó al país.

 

En contrapartida, esta producción récord de la oleaginosa trae aparejada el preocupante incremento de las expulsiones de los campesinos de sus tierras, quienes cada vez con más frecuencia se ven obligados a emigrar a los centros urbanos cercanos, a lo que se suma la impunidad que sigue reinando en el país para los sojeros que asesinaron a Silvino Talavera rociándolo con glifosato y, por supuesto, la preeminencia creciente de Monsanto que cada año incrementa de manera exorbitante sus ganancias a nivel local por las regalías recaudadas mediante la comercialización de las semillas transgénicas y los agrotóxicos en Paraguay.

 

El relevamiento de datos sobre la zafra se realizó en los departamentos de San Pedro, Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, Misiones y Caaguazú. Igualmente, se incluyeron los cultivos de Guairá, Caazapá y Amambay. Entre los resultados más destacados se menciona una primera estimación de rendimiento agrícola medio en torno a los 2.780 kilos por hectárea. Este informe confirma la tendencia esperada de producción que llegaría a los 6 millones de toneladas, cifra récord histórico de la soja en el país. El máximo volumen producido hasta ahora fue durante la temporada 2002/03, con 4,2 millones de toneladas. Esto demuestra que cada año se incrementa la cantidad de hectáreas sembradas en el país. Pero como ya no existen bosques que tumbar, ni tierras fiscales, entonces los sojeros optan por “apoderarse” de las propiedades rurales perteneciente a las familias campesinas.

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Y es que las ganancias producidas por la exportación de la oleaginosa resultan muy tentadoras, más aún si se tiene en cuenta que el mayor porcentaje de la recaudación va a parar al bolsillo de los sojeros. Para muestra basta un botón: Paraguay destina gran parte de su producción primaria a las exportaciones. Del total de la zafra obtenida, envía un 70 por ciento a los mercados internacionales, preferentemente Europa, Sudamérica y Asia. Si se toman los niveles históricos y se extrapola a la producción estimada de 6 millones de toneladas, se tendrá entonces una oferta exportable superior a las 4 millones de toneladas. Si se plantea un precio FOB de 180 dólares la tonelada, se tendrá entonces un ingreso de 750 millones de dólares para este año, según lo indicado por los técnicos del Ministerio de Agricultura.

 

Pero, ¿adónde va a parar todo ese dinero? Pues, evidentemente, no a los bolsillos de la población ni mucho menos a los de los humildes agricultores que siguen sufriendo los embates altamente nocivos de los cultivos de soja, en todos los sentidos.

 

La soja, sinónimo de expulsión de campesinos

 

Conviene investigar, pues, cuáles son las consecuencias de la súper producción sojera anunciada con bombos y platillos por las autoridades agrícolas locales. Según informes no oficiales provenientes del Alto Paraná y Canindeyú, en donde el 40 por ciento del territorio de ambos departamentos –equivalentes a 2 millones de hectáreas–, está ocupado por colonos brasileños, más conocidos como “brasiguayos”, en los últimos años se ha registrado un fuerte desplazamiento de los campesinos paraguayos hacia los centros urbanos.

 

La expansión cada vez más rápida de los cultivos de soja implantados por los “brasiguayos” obliga a los labriegos a vender sus tierras y emigrar a las ciudades, aumentando así los bolsones de pobreza y abandono en las zonas periféricas de los centros urbanos.

 

Según estimaciones no gubernamentales, los “brasiguayos” son propietarios de la casi totalidad de los 1,5 millones de hectáreas sembradas con soja en los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú, a 330 y 464 kilómetros de Asunción, respectivamente. Esto implica que la gran mayoría de los 37 mil brasileños que viven en las zonas rurales de estos departamentos son hacendados medianos, poseedores de propiedades cercanas a las 500 hectáreas o más, que los coloca a un nivel económico comparable a la de clase media alta urbana paraguaya.

 

En las mismas zonas habitan cerca de 295 mil paraguayos, incluidos los descendientes de inmigrantes brasileños con residencia legal. No existen registros sobre qué cantidad de habitantes son hijos de brasileños. En localidades como Santa Rita, Naranjal, San Cristóbal, Iruña, San Alberto, Santa Fe, en el departamento de Itapúa, a unos 373 kilómetros de la capital del país, la población está compuesta, en casi un 90 por ciento, por colonos brasileños y sus descendientes. Allí se habla, se lee y se educa en portugués.

 

Ante la evidente ausencia del Estado paraguayo en estos distritos, los colonos brasileños fundaron por su cuenta escuelas, contrataron maestros y atienden otros aspectos como la salud y la seguridad. Es así que la mayoría de las comisarías están asentadas en propiedades privadas, en tanto que las residencias de los efectivos policiales son donadas por los “brasiguayos”, y hasta las patrulleras que utilizan pertenecen ciudadanos civiles no paraguayos.

 

Crece la tensión entre paraguayos y colonos brasileños

 

Esta fuerte expansión de los colonos brasileños en detrimento de los campesinos paraguayos ha generado en los últimos años una creciente tensión entre las dos facciones, una que pretende seguir expandiendo su poderío sojero y la otra que lucha por retener y recuperar las propiedades para los agricultores paraguayos. Esta situación ha impulsado a las organizaciones campesinas a iniciar una campaña para exigir al gobierno la expropiación de las propiedades que ahora están en manos de colonos brasileños, con lo que se paliaría la necesidad de tierras para el cultivo de rubros de subsistencia o considerados tradicionalmente paraguayos como el algodón, el maíz y la mandioca.

 

La expansión de los “brasiguayos” de la mano del negocio de la soja en el Alto Paraná trae una amenaza suplementaria, y es la utilización masiva e indiscriminada de agrotóxicos. Los agricultores familiares se van también para evitar exponerse a la contaminación producida por los agrotóxicos utilizados para pulverizar los sojales. La masiva migración campesina ya originó la desaparición de unas diez colonias rurales creadas por el actual Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).

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Por Rosalía Ciciolli

 

Organizaciones campesinas como la Asociación de Agricultores del Alto Paraná (Asagrapa) acusan a los “brasiguayos” de ser los propulsores, con el cultivo de la soja transgénica, de la contaminación de los recursos naturales por el uso excesivo de agrotóxicos, la tala masiva de árboles –que son contrabandeados en forma de rolos o de carbón a Brasil– y hasta los responsabilizan de imponer la cultura y la lengua brasileñas en una vasta extensión del territorio paraguayo.

 

La tensión originada entre los campesinos paraguayos y los colonos brasileños en los últimos años ha impulsado a estas agrupaciones de labriegos a tratar de recuperar unas 30 mil hectáreas de tierra para restituirlas a la población rural. Esta medida podría ayudar a encontrarle una solución al problema de los sin tierras, por lo menos en el departamento del Alto Paraná.

 

Monsanto y su maquinaria “matacampesinos”

 

A la expulsión masiva de campesinos de sus tierras se debe sumar toda la maquinaria que Monsanto ha puesto en marcha en Paraguay, pues no contenta con la variedad de productos que la empresa transnacional ha introducido al mercado local para el combate de las plagas de los cultivos de soja transgénica –y que de paso también extermina a los pobladores rurales–, recientemente ha puesto en el mercado el agrotóxico Roundup Ultra Max, para los cultivos con biotecnología Roundup Ready (RR, resistente al glifosato).

 

Este producto ya es distribuido en el mercado interno por las firmas representantes de Monsanto en Paraguay, Agrofertil y Dekalpar, desde fin del pasado año. Para demostrarles a los productores cuán efectivo podía resultar este herbicida, los representantes de la empresa reunieron a un puñado de productores sojeros y periodistas de varios medios de comunicación para un ensayo en vivo realizado en campos ubicados en la colonia Santa Rita, en el departamento de Alto Paraná, en donde, como ya se señaló, existe un altísimo porcentaje de productores sojeros de origen brasileño. También hicieron demostraciones de los “beneficios” del nuevo producto “matacampesinos” en la colonia Bella Vista del departamento de Itapúa.

 

Los promotores de este lanzamiento, muchos de los cuales vinieron de la Monsanto Argentina, mencionaron como grandes “ventajas” para el productor que el nuevo agrotóxico viene en su forma granulada de alta eficiencia, como bien lo resaltó el gerente de servicio técnico, Julio Deluchi, quien se trasladó expresamente a Paraguay para participar de las presentación del “nuevo producto”.

Deluchi aseguró ante los productores sojeros y los periodistas presentes que el nuevo agrotóxico “tiene una mayor absorción, por lo tanto penetra en las malezas en menor tiempo y reduce el riesgo de lavado, ante la posibilidad de que se produzcan lluvias inesperadas”.

 

La mayor porción de la torta para Monsanto

 

La compañía Monsanto está muy afanada en asegurase el mercado interno, siendo que Paraguay es el cuarto productor mundial de soja transgénica. Sólo en el caso de la soja paraguaya los beneficios económicos para Monsanto rozarían los 450 millones de dólares anuales. De los 2,2 millones de hectáreas sembradas con la oleaginosa durante el periodo 2006/7 en el territorio paraguayo, se estima que 1,7 millones lo fueron con soja transgénica.

O sea que con las ganancias obtenidas solamente en Paraguay, Monsanto obtiene ingresos cercanos a la inversión que realiza en investigación y desarrollo de materiales transgénicos, que orillan los 500 millones de dólares al año.

 

A todo esto hay que sumarle el pago de las regalías por el uso de la biotecnología, que ya generó grandes beneficios a los sojeros paraguayos, según el representante de Monsanto en Paraguay, Hernán Passini, aunque es la multinacional la que siempre se queda con la mejor parte de la torta. Nada menos que el 65 por ciento de las recaudaciones por estas regalías va a parar a Monsanto, mientras que un 10 por ciento va al Instituto Nacional de Biotecnología Agrícola (Inbío), otro 17 por ciento a los semillistas, y el 8 por ciento restante para los agroexportadores.

 

El pago de las regalías por la soja RR se inició con la campaña sojera 2004/2005. Cada año el precio es fijado en julio por el Inbío bajo ciertos parámetros establecidos. Para la presente campaña el precio acordado es de 3,09 dólares la tonelada.

 

Ante toda esta maquinaria “matacampesinos”, las organizaciones sociales y de labriegos ya lanzaron un grito de advertencia, por el aumento de los riesgos y amenazas que este nuevo producto representa para la población rural, que ahora deberá enfrentar a un enemigo mucho más potente y poderoso que envenena el organismo humano y que lo va matando más rápido que antes, mientras Monsanto se lleva del país millones de dólares en regalías.

 

Los sojeros condenados siguen impunes

 

Otra consecuencia del “poder de la soja” en el país es sin duda el emblemático caso del niño Silvino Talavera, muerto en enero de 2003, envenado con el glifosato rociado por dos sojeros de origen alemán. A pesar de la existencia de una sentencia definitiva sobre ambos autores de la muerte del niño, este caso parece no tener fin, pues los productores, residentes en la colonia Pirapey del departamento de Itapúa, la misma en donde vivía Silvino, a unos 373 kilómetros de Asunción, están haciendo hasta lo imposible por evitar que se siente un precedente con la condena a dos años de prisión que les impuso la justicia. 

 

Ahora, luego de ser ratificada la culpabilidad de los mismos en octubre del año pasado, el juez de ejecución interino de la ciudad de Encarnación, César Daniel Delgadillo, dispuso suspender la sentencia que había sido dictada sin medida sustitutiva por el Tribunal de la capital departamental, contra los sojeros Alfredo Laustenlager y Herman Schlender. Ante la disposición del juez Delgadillo, los padres de Silvino Talavera Villasboa, Juan y Petrona, interpusieron ante el Tribunal de Encarnación un recurso de apelación general contra la disposición que dejó sin efecto la pena carcelaria establecida para Laustenlager y Schlender.

 

A fin de noviembre de 2006, la Corte Suprema de Justicia había ratificado la sentencia y dispuso su ejecución, pero sorpresivamente, el 26 de enero de este año el juez de ejecución interino, Delgadillo, ordenó la suspensión de la condena. Como medida sustitutiva, este magistrado decidió que ambos sojeros condenados “limpien dos veces al mes las instalaciones del centro de salud de Pirapey, reforesten con especies nativas el predio del club social de la misma localidad y adecuen su producción sojera a lo establecido en la ley 294/93 de ‘Evaluación de Impacto Ambiental’”.

 

Igualmente, los condenados deberán comparecer cada tres meses ante el Juzgado de Encarnación y permanecer en la misma dirección domiciliaria. Además, tienen prohibido ingerir bebidas alcohólicas, portar armas de ningún tipo y salir del país.

 

Una decisión judicial inconstitucional

 

La familia del pequeño Silvino sostiene que la disposición judicial es inconstitucional, atendiendo a que un juez de ejecución no es la autoridad competente para esta decisión. Además, el juez Delgadillo también formó parte del tribunal que condenó a los responsables de la muerte del niño.

Al mismo tiempo, la familia Talavera Villasboa denunció que recibe amenazas constantes por parte del entorno de los sojeros condenados. A tal punto llega el amedrentamiento que en la misma localidad de Pirapey, en donde vive la familia hasta ahora, simpatizantes de los productores condenados realizaron una reunión de apoyo a los criminales. Durante ese encuentro, los asistentes habrían señalado, entre otras cosas, que si Schlender y Laustenlager van a la cárcel “correrían ríos de sangre” en la zona.

 

En tanto, el documento de apelación del abogado Juan Martens Molas, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Capítulo Paraguayo de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, denuncia que la esposa de Hermann Schlender incurre en constantes actos de coacción a través de la difusión de informaciones falsas en el interior de la comunidad sobre la familia Talavera Villasboa. Todo esto sucede ante la vista gorda de las autoridades departamentales, quienes nunca brindaron ningún tipo de protección a esta familia que está librada a su suerte, mientras que para los sojeros sigue reinando la más absoluta impunidad.

 

Mientras unos pocos productores sojeros siguen actuando como “dueños y señores”, devastando todo a su paso al amparo de las autoridades de turno y disfrutan de los millones de dólares que les deja el cultivo de millones de hectáreas con soja transgénica, las grandes mayorías sufren las consecuencias del abandono de sus tierras, el desarraigo, el desamparo y la falta de empleos dignos para el sustento de sus familias.

En Paraguay,  Rosalía Ciciolli

© Rel-UITA

19 de marzo de 2007

Rosalía Ciciolli

 

 

 

 FOTO: cpafrr.embrapa.br

 

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