El
Ministerio de Agricultura presentó las
estimaciones de la producción de soja
correspondiente a la zafra 2006/07, que
ascendería a más de 6 millones de toneladas, si
se cosecharán en su totalidad las 2.227.455
hectáreas sembradas durante este periodo. Esta
posible zafra fue calificada como “todo un
éxito” por las autoridades agrícolas y los
productores del sector, luego de tres años
consecutivos de pérdidas a causa de la sequía
que afectó al país.
En contrapartida,
esta producción récord de la oleaginosa trae
aparejada el preocupante incremento de las
expulsiones de los campesinos de sus tierras,
quienes cada vez con más frecuencia se ven
obligados a emigrar a los centros urbanos
cercanos, a lo que se suma la impunidad que
sigue reinando en el país para los sojeros que
asesinaron a Silvino Talavera rociándolo
con glifosato y, por supuesto, la preeminencia
creciente de Monsanto que cada año
incrementa de manera exorbitante sus ganancias a
nivel local por las regalías recaudadas mediante
la comercialización de las semillas transgénicas
y los agrotóxicos en Paraguay.
El relevamiento
de datos sobre la zafra se realizó en los
departamentos de San Pedro, Canindeyú, Alto
Paraná, Itapúa, Misiones y Caaguazú. Igualmente,
se incluyeron los cultivos de Guairá, Caazapá y
Amambay. Entre los resultados más destacados se
menciona una primera estimación de rendimiento
agrícola medio en torno a los 2.780 kilos por
hectárea. Este informe confirma la tendencia
esperada de producción que llegaría a los 6
millones de toneladas, cifra récord histórico de
la soja en el país. El máximo volumen producido
hasta ahora fue durante la temporada 2002/03,
con 4,2 millones de toneladas. Esto demuestra
que cada año se incrementa la cantidad de
hectáreas sembradas en el país. Pero como ya no
existen bosques que tumbar, ni tierras fiscales,
entonces los sojeros optan por “apoderarse” de
las propiedades rurales perteneciente a las
familias campesinas.
Y es que las
ganancias producidas por la exportación de la
oleaginosa resultan muy tentadoras, más aún si
se tiene en cuenta que el mayor porcentaje de la
recaudación va a parar al bolsillo de los
sojeros. Para muestra basta un botón:
Paraguay destina gran parte de su producción
primaria a las exportaciones. Del total de la
zafra obtenida, envía un 70 por ciento a los
mercados internacionales, preferentemente
Europa, Sudamérica y Asia. Si
se toman los niveles históricos y se extrapola a
la producción estimada de 6 millones de
toneladas, se tendrá entonces una oferta
exportable superior a las 4 millones de
toneladas. Si se plantea un precio FOB de 180
dólares la tonelada, se tendrá entonces un
ingreso de 750 millones de dólares para este
año, según lo indicado por los técnicos del
Ministerio de Agricultura.
Pero, ¿adónde va
a parar todo ese dinero? Pues, evidentemente, no
a los bolsillos de la población ni mucho menos a
los de los humildes agricultores que siguen
sufriendo los embates altamente nocivos de los
cultivos de soja, en todos los sentidos.
La soja, sinónimo de expulsión de campesinos
Conviene
investigar, pues, cuáles son las consecuencias
de la súper producción sojera anunciada con
bombos y platillos por las autoridades agrícolas
locales. Según informes no oficiales
provenientes del Alto Paraná y Canindeyú, en
donde el 40 por ciento del territorio de ambos
departamentos –equivalentes a 2 millones de
hectáreas–, está ocupado por colonos brasileños,
más conocidos como “brasiguayos”, en los últimos
años se ha registrado un fuerte desplazamiento
de los campesinos paraguayos hacia los centros
urbanos.
La expansión cada
vez más rápida de los cultivos de soja
implantados por los “brasiguayos” obliga a los
labriegos a vender sus tierras y emigrar a las
ciudades, aumentando así los bolsones de pobreza
y abandono en las zonas periféricas de los
centros urbanos.
Según estimaciones no gubernamentales, los
“brasiguayos” son propietarios de la casi
totalidad de los 1,5 millones de hectáreas
sembradas con soja en los departamentos de Alto
Paraná y Canindeyú, a 330 y 464 kilómetros de
Asunción, respectivamente. Esto implica que la
gran mayoría de los 37 mil brasileños que viven
en las zonas rurales de estos departamentos son
hacendados medianos, poseedores de propiedades
cercanas a las 500 hectáreas o más, que los
coloca a un nivel económico comparable a la de
clase media alta urbana paraguaya.
En las mismas zonas habitan cerca de 295 mil
paraguayos, incluidos los descendientes de
inmigrantes brasileños con residencia legal. No
existen registros sobre qué cantidad de
habitantes son hijos de brasileños. En
localidades como Santa Rita, Naranjal, San
Cristóbal, Iruña, San Alberto, Santa Fe, en el
departamento de Itapúa, a unos 373 kilómetros de
la capital del país, la población está
compuesta, en casi un 90 por ciento, por colonos
brasileños y sus descendientes. Allí se habla,
se lee y se educa en portugués.
Ante la evidente ausencia del Estado paraguayo
en estos distritos, los colonos brasileños
fundaron por su cuenta escuelas, contrataron
maestros y atienden otros aspectos como la salud
y la seguridad. Es así que la mayoría de las
comisarías están asentadas en propiedades
privadas, en tanto que las residencias de los
efectivos policiales son donadas por los “brasiguayos”,
y hasta las patrulleras que utilizan pertenecen
ciudadanos civiles no paraguayos.
Crece la tensión
entre paraguayos y colonos brasileños
Esta fuerte expansión de los colonos brasileños
en detrimento de los campesinos paraguayos ha
generado en los últimos años una creciente
tensión entre las dos facciones, una que
pretende seguir expandiendo su poderío sojero y
la otra que lucha por retener y recuperar las
propiedades para los agricultores paraguayos.
Esta situación ha impulsado a las organizaciones
campesinas a iniciar una campaña para exigir al
gobierno la expropiación de las propiedades que
ahora están en manos de colonos brasileños, con
lo que se paliaría la necesidad de tierras para
el cultivo de rubros de subsistencia o
considerados tradicionalmente paraguayos como el
algodón, el maíz y la mandioca.
La expansión de los “brasiguayos” de la mano del
negocio de la soja en el Alto Paraná trae una
amenaza suplementaria, y es la utilización
masiva e indiscriminada de agrotóxicos. Los
agricultores familiares se van también para
evitar exponerse a la contaminación producida
por los agrotóxicos utilizados para pulverizar
los sojales. La masiva migración campesina ya
originó la desaparición de unas diez colonias
rurales creadas por el actual Instituto de
Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).
Organizaciones campesinas como la Asociación de
Agricultores del Alto Paraná (Asagrapa)
acusan a los “brasiguayos” de ser los
propulsores, con el cultivo de la soja
transgénica, de la contaminación de los recursos
naturales por el uso excesivo de agrotóxicos, la
tala masiva de árboles –que son contrabandeados
en forma de rolos o de carbón a Brasil– y
hasta los responsabilizan de imponer la cultura
y la lengua brasileñas en una vasta extensión
del territorio paraguayo.
La tensión originada entre los campesinos
paraguayos y los colonos brasileños en los
últimos años ha impulsado a estas agrupaciones
de labriegos a tratar de recuperar unas 30 mil
hectáreas de tierra para restituirlas a la
población rural. Esta medida podría ayudar a
encontrarle una solución al problema de los sin
tierras, por lo menos en el departamento del
Alto Paraná.
Monsanto y su
maquinaria “matacampesinos”
A la expulsión masiva de campesinos de sus
tierras se debe sumar toda la maquinaria que
Monsanto ha puesto en marcha en Paraguay,
pues no contenta con la variedad de productos
que la empresa transnacional ha introducido al
mercado local para el combate de las plagas de
los cultivos de soja transgénica –y que de paso
también extermina a los pobladores rurales–,
recientemente ha puesto en el mercado el
agrotóxico Roundup Ultra Max, para los cultivos
con biotecnología Roundup Ready (RR, resistente
al glifosato).
Este producto ya es distribuido en el mercado
interno por las firmas representantes de
Monsanto en Paraguay, Agrofertil
y Dekalpar, desde fin del pasado año.
Para demostrarles a los productores cuán
efectivo podía resultar este herbicida, los
representantes de la empresa reunieron a un
puñado de productores sojeros y periodistas de
varios medios de comunicación para un ensayo en
vivo realizado en campos ubicados en la colonia
Santa Rita, en el departamento de Alto Paraná,
en donde, como ya se señaló, existe un altísimo
porcentaje de productores sojeros de origen
brasileño. También hicieron demostraciones de
los “beneficios” del nuevo producto
“matacampesinos” en la colonia Bella Vista del
departamento de Itapúa.
Los promotores de este lanzamiento, muchos de
los cuales vinieron de la Monsanto
Argentina, mencionaron como grandes
“ventajas” para el productor que el nuevo
agrotóxico viene en su forma granulada de alta
eficiencia, como bien lo resaltó el gerente de
servicio técnico, Julio Deluchi, quien se
trasladó expresamente a Paraguay para
participar de las presentación del “nuevo
producto”.
Deluchi aseguró ante los productores sojeros y los periodistas
presentes que el nuevo agrotóxico “tiene una
mayor absorción, por lo tanto penetra en las
malezas en menor tiempo y reduce el riesgo de
lavado, ante la posibilidad de que se produzcan
lluvias inesperadas”.
La mayor porción
de la torta para Monsanto
La compañía
Monsanto
está muy afanada en asegurase el mercado
interno, siendo que
Paraguay
es el cuarto productor mundial de soja
transgénica. Sólo en el caso de la soja
paraguaya los beneficios económicos para
Monsanto
rozarían los 450 millones de dólares anuales. De
los 2,2 millones de hectáreas sembradas con la
oleaginosa durante el periodo 2006/7 en el
territorio paraguayo, se estima que 1,7 millones
lo fueron con soja transgénica.
O sea que con las
ganancias obtenidas solamente en Paraguay,
Monsanto obtiene ingresos cercanos a la
inversión que realiza en investigación y
desarrollo de materiales transgénicos, que
orillan los 500 millones de dólares al año.
A todo esto hay
que sumarle el pago de las regalías por el uso
de la biotecnología, que ya generó grandes
beneficios a los sojeros paraguayos, según el
representante de Monsanto en Paraguay,
Hernán Passini, aunque es la
multinacional la que siempre se queda con la
mejor parte de la torta. Nada menos que el 65
por ciento de las recaudaciones por estas
regalías va a parar a Monsanto, mientras
que un 10 por ciento va al Instituto Nacional de
Biotecnología Agrícola (Inbío), otro 17
por ciento a los semillistas, y el 8 por ciento
restante para los agroexportadores.
El pago de las
regalías por la soja RR se inició con la campaña
sojera 2004/2005. Cada año el precio es fijado
en julio por el Inbío bajo ciertos
parámetros establecidos. Para la presente
campaña el precio acordado es de 3,09 dólares la
tonelada.
Ante toda esta
maquinaria “matacampesinos”, las organizaciones
sociales y de labriegos ya lanzaron un grito de
advertencia, por el aumento de los riesgos y
amenazas que este nuevo producto representa para
la población rural, que ahora deberá enfrentar a
un enemigo mucho más potente y poderoso que
envenena el organismo humano y que lo va matando
más rápido que antes, mientras Monsanto
se lleva del país millones de dólares en
regalías.
Los sojeros
condenados siguen impunes
Otra consecuencia del “poder de la soja” en el país es sin
duda el emblemático caso del niño Silvino
Talavera, muerto en enero de 2003,
envenado con el glifosato rociado por dos
sojeros de origen alemán. A pesar de la
existencia de una sentencia definitiva sobre
ambos autores de la muerte del niño, este caso
parece no tener fin, pues los productores,
residentes en la colonia Pirapey del
departamento de Itapúa, la misma en donde vivía
Silvino, a unos 373 kilómetros de Asunción,
están haciendo hasta lo imposible por evitar que
se siente un precedente con la condena a dos
años de prisión que les impuso la justicia.
Ahora, luego de ser ratificada la culpabilidad de los mismos
en octubre del año pasado, el juez de ejecución
interino de la ciudad de Encarnación, César
Daniel Delgadillo, dispuso suspender la
sentencia que había sido dictada sin medida
sustitutiva por el Tribunal de la capital
departamental, contra los sojeros Alfredo
Laustenlager y Herman Schlender. Ante
la disposición del juez Delgadillo, los padres
de Silvino Talavera Villasboa, Juan y
Petrona, interpusieron ante el Tribunal de
Encarnación un recurso de apelación general
contra la disposición que dejó sin efecto la
pena carcelaria establecida para Laustenlager
y Schlender.
A fin de noviembre de 2006, la Corte Suprema de Justicia
había ratificado la sentencia y dispuso su
ejecución, pero sorpresivamente, el 26 de enero
de este año el juez de ejecución interino,
Delgadillo, ordenó la suspensión de la
condena. Como medida sustitutiva, este
magistrado decidió que ambos sojeros condenados
“limpien dos veces al mes las instalaciones del
centro de salud de Pirapey, reforesten con
especies nativas el predio del club social de la
misma localidad y adecuen su producción sojera a
lo establecido en la ley 294/93 de ‘Evaluación
de Impacto Ambiental’”.
Igualmente, los condenados deberán comparecer cada tres meses
ante el Juzgado de Encarnación y permanecer en
la misma dirección domiciliaria. Además, tienen
prohibido ingerir bebidas alcohólicas, portar
armas de ningún tipo y salir del país.
Una decisión judicial inconstitucional
La familia del pequeño Silvino sostiene que la
disposición judicial es inconstitucional,
atendiendo a que un juez de ejecución no es la
autoridad competente para esta decisión. Además,
el juez Delgadillo también formó parte
del tribunal que condenó a los responsables de
la muerte del niño.
Al mismo tiempo, la familia Talavera Villasboa
denunció que recibe amenazas constantes por
parte del entorno de los sojeros condenados. A
tal punto llega el amedrentamiento que en la
misma localidad de Pirapey, en donde vive la
familia hasta ahora, simpatizantes de los
productores condenados realizaron una reunión de
apoyo a los criminales. Durante ese encuentro,
los asistentes habrían señalado, entre otras
cosas, que si Schlender y Laustenlager
van a la cárcel “correrían ríos de sangre” en la
zona.
En tanto, el documento de apelación del abogado Juan
Martens Molas, de la Coordinadora de
Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy),
Capítulo Paraguayo de la Plataforma
Interamericana de Derechos Humanos, denuncia que
la esposa de Hermann Schlender incurre en
constantes actos de coacción a través de la
difusión de informaciones falsas en el interior
de la comunidad sobre la familia Talavera
Villasboa. Todo esto sucede ante la vista
gorda de las autoridades departamentales,
quienes nunca brindaron ningún tipo de
protección a esta familia que está librada a su
suerte, mientras que para los sojeros sigue
reinando la más absoluta impunidad.
Mientras unos pocos productores sojeros siguen actuando como
“dueños y señores”, devastando todo a su paso al
amparo de las autoridades de turno y disfrutan
de los millones de dólares que les deja el
cultivo de millones de hectáreas con soja
transgénica, las grandes mayorías sufren las
consecuencias del abandono de sus tierras, el
desarraigo, el desamparo y la falta de empleos
dignos para el sustento de sus familias.
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En Paraguay,
Rosalía
Ciciolli
©
Rel-UITA
19 de marzo de 2007 |
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