Hoy jueves 4 de
junio, productores apícolas de Uruguay
realizarán una manifestación frente a la sede
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
(MGAP) para denunciar la situación que
actualmente están pasando los apicultores del
país. La intención de la movilización es
defender las fuentes de trabajo de los
productores y luchar por la preservación del
medio ambiente.
De acuerdo con un comunicado divulgado por la
Sociedad Apícola Uruguaya (SAU),
de julio de
2007 a agosto de 2008, los apicultores perdieron
81 mil colmenas, lo que "significó una pérdida
parcial o total de las inversiones de más de mil
familias".
Entre las causas de los perjuicios se hallan:
aumento de los costos de producción, muertes de
las colmenas por agrotóxicos, expulsión de los
apicultores de los campos, pérdida de fuentes de
alimento para las abejas y factores climáticos.
En el acto de hoy, la SAU pretende, fundamentalmente,
alertar a las autoridades sobre los daños
causados por el uso indiscriminado de
agrotóxicos. "Permitieron la expansión
incontrolada y explosiva de cultivos cuyo manejo
implica el uso indiscriminado, y muchas veces
fuera de la ley, de insecticidas y herbicidas
que, en las últimas dos cosechas, mató y diezmó
a miles de colonias de abejas, dejando sin
fuente de trabajo a decenas de familias", se
comenta en el comunicado.
Además, los apicultores explican que el uso de
agrotóxicos no perjudica solamente a los
productores de miel, sino también al medio
ambiente, pues además mata peces, aves y
mamíferos que viven en regiones cercanas. Según
el comunicado del grupo, se autorizó el uso de
insecticidas con altas tasas de componentes
tóxicos y que dejan residuos en el medio
ambiente.
"Por ejemplo, no
puede haber abejas en un radio de 4km del lugar
de aplicación de fipronil (tipo de insecticida)
por aspersión durante un mes. Este insecticida
genera, al desintegrarse, substancias que
mantienen su toxicidad hasta un año en los
suelos y aguas que los contienen", recuerdan.
De esta forma, los productores luchan para que
el Estado uruguayo prohíba el uso de
insecticidas, agrotóxicos y otras substancias
que, además de contaminar el medio ambiente y de
perjudicar la salud humana, "destruyen en forma
abusiva las fuentes de trabajo familiar y ponen
en riesgo las exportaciones de los productos de
las colmenas".
Además, exigen que el gobierno impida la
destrucción masiva de la biodiversidad vegetal y
animal de la región y que disponga de recursos
para compensar a los apicultores que tuvieron
sus producciones perjudicadas. "Las causas
fundamentales de la situación de catástrofe que
vive la apicultura nacional surgieron por la
actitud contemplativa y permisiva del MGAP,
cuyas decisiones terminaron favoreciendo a las
grandes empresas agropecuarias y arrasando a los
pequeños productores familiares", argumentan.