Hace un año, miles de
habitantes de la ciudad sureña de La Unión
marcharon para protestar contra el
proyecto de la
transnacional AES de instalar dos plantas para
generar energía con gas licuado y carbón en la
zona de Punta Gorda.
La marcha, convocada
por la organización local “Proyecto por la
Vida” y la Asociación Unionense para la
Defensa del Medio Ambiente (ASUMA), contó
también con la participación de la organización
mundial Amigos de la Tierra, del
Sindicato General de Trabajadores de la
Industria Pesquera y Actividades Conexas (SGTIPAC)
y de la Federación Sindical de Trabajadores
Salvadoreños del Sector Alimentos, Bebidas,
Hoteles, Restaurantes, Agroindustrias (FESTSSABHRA),
estos dos últimos afiliados a la UITA.
En noviembre de 2007, Proyecto por la Vida,
ASUMA y la Coordinadora de Organizaciones
para el Desarrollo Económico y Social de El
Salvador (CODES) firmaron la “Declaración
de La Unión”, un documento en el cual se
establece el compromiso firme de seguir luchando
para que las empresas Cutuco Energy y
Fonseca Energy, ambas controladas por la
trasnacional
AES
de capital mixto con mayoría estadounidense, no lleven a cabo su proyecto de
construcción de las plantas generadoras de
energía termoeléctrica. En esta ocasión se
entregó también un documento de protesta al
Ministerio del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (MARN) por el aval concedido al
proyecto y el ocultamiento de informaciones
sobre el estudio de impacto ambiental y el
permiso de construcción y funcionamiento de las
plantas mismas.
Pedro Elías |
Estas acciones lograron paralizar el
proyecto, pero no detenerlo definitivamente,
obligando a la población de La Unión seguir en
la lucha.
Según Pedro Elías Ventura, activista de
Proyecto por la Vida, “Después de la gran
marcha del año pasado hemos seguido luchando en
cuanto el gobierno, a través del MARN,
emitió un comunicado en el cual expresaba su
total desinterés hacia los reclamos del pueblo y
su firme intención de seguir con el proyecto.
Sin embargo -continuó Ventura- nos hemos
acercado a otras organizaciones ambientalistas
nacionales y regionales y hemos multiplicado
nuestras movilizaciones, logrando al final que
se detuviera la entrega del permiso de
construcción a las dos empresas de la AES.
Ahora estamos trabajando en la organización de
una marcha a nivel centroamericano para la
primera semana de septiembre”.
Esto ya está impactando en los
pescadores artesanales que ahora
tienen que salir a pescar en aguas
internacionales |
La recién aprobada Ley de Gas Natural normará y
regulará en El Salvador la importación,
exportación, almacenaje, transporte,
distribución y comercialización del gas natural.
Además, “regulará el uso de conductos para que
el gas pueda ser instalado directamente en los
hogares, pero las tuberías deberán pasar por la
vía pública”1.
La ley, sancionada con 48 votos, no contó con la
aprobación del partido
Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN), cuyos diputados la
consideraron como un paso más hacia el deterioro
ambiental del país y, de manera particular, de
la zona sur oriental.
“Ahora quieren llevar el gas licuado a nuestras
residencias a través de tuberías que van a
atravesar toda la ciudad. A eso se suma el
proyecto de un gasoducto centroamericano que
vendría a afectar aún más nuestra población
-aseveró Ventura-. El país no está
preparado para todo esto, e insistimos en que
estas dos plantas provocarán graves daños al
medio ambiente y a la fauna marina, por el agua
caliente que van a tirar al mar y por los gases
de efecto invernadero que van a soltar en el
aire.
Salvador Arias |
Para la planta de carbón el problema es sobre
todo que el relleno sanitario de la ceniza lo
quieren hacer en un terreno de 250 manzanas,
donde existen cinco lagunas y subsisten 18
comunidades”, comentó a Sirel el
activista de Proyecto por la Vida.
Estas preocupaciones son compartidas por diputados que
estuvieron en contra de la aprobación de la Ley
de Gas Natural y de los proyectos de la
transnacional AES.
“Este tipo de proyectos afectan de manera clara el medio
ambiente. Ya se dragaron cinco kilómetros en el
Golfo de Fonseca, como parte del proyecto para
la instalación de la planta de gas de la empresa
Cutuco Energy en la zona de La Unión.
Esto ya está impactando en los pescadores
artesanales que ahora tienen que salir a pescar
en aguas internacionales. La ley sólo busca
satisfacer el deseo de un sector. Y el Estado no
se preocupa de ser coherente con los beneficios
de la población. Estas son cosas graves que
constituyen amenazas concretas al ecosistema de
la zona”, declaró el diputado del FMLN
Salvador Arias.
Entre las organizaciones que están apoyando la protesta se
encuentra el sindicato de las trabajadoras y
trabajadores organizados de la empresa CALVO
(SGTIPAC).
“La situación del sindicato es bien difícil y siempre hay
fuertes protestas por el maltrato y los bajos salarios que les paga la empresa española.
Hubo
también problemas muy serios con el supuesto mal
manejo de un químico que originó una fuerte
intoxicación entre los trabajadores y
trabajadoras. Pese a todas estas dificultades,
el sindicato siempre ha estado presente en las
movilizaciones en contra de las dos plantas
eléctricas, y seguramente va a participar a la
marcha que estamos preparando. Para nosotros es
muy importante esta participación, y la unión
entre diferentes sectores. Mientras más unidos
estemos, haciendo un solo bloque, más
oportunidad tenemos para resolver esta
problemática que estamos viviendo”, concluyó
Ventura.