“Tenemos una profunda preocupación por la posible asociación de la empresa portuguesa Portucel al proyecto de la empresa española ENCE en Uruguay, actualmente suspendido por falta de financiamiento”, expresa una carta abierta a la sociedad lusitana firmada por cerca de 30 organizaciones y movimientos sociales del Estado español, Portugal y Uruguay difundida este jueves. Los firmantes destacan los impactos ambientales y sociales constatados desde hace varios años de los monocultivos de árboles a gran escala para la industria de la celulosa, especialmente los que ya tiene ENCE en Uruguay. Advierten que la aprobación de la planta de celulosa agravará esos impactos y denuncian que la compañía española ni siquiera ha comunicado su plan de forestación para alimentar la fábrica.

Montevideo, Madrid, Barcelona, Lisboa, 13/03/09

Las organizaciones y movimientos sociales portugueses, españoles y uruguayos entienden que Portucel se perfila como el posible socio de la empresa española en la instalación de una planta de celulosa en Punta Pereira, Colonia. De hecho Portucel ya había manifestado su interés de instalar una planta de celulosa en Uruguay y ante la crisis internacional ENCE, que ya había iniciado las obras para instalar su planta, apela a la empresa portuguesa.

Uruguay tiene cerca de un millón de hectáreas forestadas con eucaliptos y pinos para la industria de la celulosa local y extranjera. El principal impacto ambiental de la forestación ha sido la disminución de las fuentes de agua, al punto de secar los pozos de agua de pequeños productores de diversas partes del país. Solamente en las cercanías de la ciudad de Mercedes, en el oeste uruguayo, más de 150 familias son abastecidas de agua por camiones cisterna del gobierno local para su vida diaria y producción. Cerca de ese lugar, en el departamento de Colonia, productores agrícolas dedicados a la agricultura, apicultura y lechería, alertan que la forestación en la zona amenaza su permanencia en el medio rural, al agotar sus fuentes de agua y afectar gravemente la calidad de sus suelos. Las entidades sociales firmantes rechazan también las importantes facilidades impositivas con que cuenta todo el proceso forestal-celulósico en el país, al punto que la planta de ENCE y sus instalaciones portuarias ya se les ha otorgado régimen de zona franca.

Uno de los grandes argumentos del sector industrial y del gobierno uruguayo a favor de la instalación de estos emprendimientos ha sido la generación de mano de obra que implican, en beneficio del desarrollo del país. “Una vez terminado el período de construcción de la fábrica de celulosa serán únicamente 300 las personas empleadas”, aseguran los signatarios de la carta. “La fabricación de celulosa conlleva, además, la ocupación de grandes superficies de territorios, la pérdida de soberanía nacional por la concentración de la tierra en manos de empresas extranjeras y la destrucción de ecosistemas (en el caso uruguayo básicamente la pradera), desplazando de manera irreversible otras actividades agropecuarias”, agregan.

El proyecto de ENCE en Uruguay se propone producir más de un millón de toneladas al año de pasta de celulosa, el doble de lo que la empresa genera en las fábricas de su país. El tema de la escala del emprendimiento no es menor ya que cualquier posible accidente podría tener impactos de consideración sobre la región.

“Por estas razones, las organizaciones sociales de Uruguay, Portugal y el Estado español abajo firmantes nos oponemos no solo a que Portucel se asocie a ENCE en Uruguay, sino además a su instalación en cualquier otra zona del país”, finalizan las agrupaciones sociales que ya han realizado acciones ante el gobierno del Estado español contra el emprendimiento de ENCE. Anuncian asimismo que no descansarán en la lucha contra este modelo forestal-celulósico.