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A la explotación desmedida del trabajo humano que
con frecuencia se da en la actividad minera del
país, hay que sumar desde hace mucho tiempo la
devastación del medio ambiente que se produce en los
sitios de extracción o beneficio de minerales y
metales.
Se trata de una explotación sin control de los
recursos naturales, precisamente por falta de
políticas y regulaciones del gobierno, donde éste
obligue a las empresas mineras y metalúrgicas a
cumplir con la conservación de aguas, suelos,
subsuelo, bosques, atmósfera, plantíos, cañaverales
y pastizales donde se destruye la biodiversidad.
La actividad de algunas de las empresas
minero-metalúrgicas que actúan sin responsabilidad
social, especialmente las más poderosas, va
acompañada por el daño, hasta hoy irremediable, que
se ocasiona a los sistemas ecológicos en las áreas
de trabajo minero. Y si muy frecuentemente las
empresas no ofrecen las condiciones básicas de
seguridad, higiene industrial y salud a sus propios
trabajadores, tampoco lo hacen en materia de
protección al medio ambiente. El hecho es que, según
estimaciones del Inegi, el daño ambiental le cuesta
al país 8 por ciento del producto interno bruto.
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Y si muy frecuentemente las empresas no
ofrecen las condiciones básicas de
seguridad, higiene industrial y salud a
sus propios trabajadores, tampoco lo
hacen en materia de protección al medio
ambiente. El hecho es que, según
estimaciones del Inegi, el daño
ambiental le cuesta al país 8 por ciento
del producto interno bruto. |
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No hay que ir muy lejos para descubrir quién es el
principal responsable de la tremenda destrucción
ambiental. Es el gobierno federal, que con esto
agrega otro fracaso a los que inocultablemente ha
acumulado en los dos sexenios de política panista.
La depredación ecológica en las minas y lugares
adyacentes, una vez más es producto de una política
unilateral y exenta de visión que sólo atiende al
interés de un sector: el de las compañías mineras.
Es evidente que existe una total inconformidad,
porque el gobierno nunca consulta a los pueblos del
entorno minero sobre los inevitables daños a la
ecología de los lugares cuando otorga las
concesiones a las empresas, tanto mexicanas como
extranjeras. Sobre todo cuando se abusa del agua
en los procesos de producción y lavado de las
tierras extraídas, contaminándola con cianuro y
otros productos químicos, dejando sin este recurso
básico a las comunidades.
Hay una ausencia criminal del gobierno en este
renglón, si no es que una participación cómplice y
sumisa de gobernantes y políticos, que comienza en
el momento en que la Secretaría de Economía
concesiona fundos mineros a las compañías, sin
definir ella misma los límites ni obligar a las
empresas a establecer de antemano compromisos firmes
e ineludibles para el respeto y la conservación de
la naturaleza. La búsqueda de la ganancia determina
las acciones empresariales y gubernamentales. De
nuevo la ignorancia y la avaricia puestas al
servicio únicamente de intereses particulares.
En los
dos gobiernos conservadores surgidos desde el
2000 se han otorgado concesiones mineras a manos
llenas, sin ninguna limitación, al grado que las dos
administraciones panistas han entregado 26 por
ciento del territorio nacional a empresas tanto del
país como de capital foráneo, y en los últimos años
han aprobado 757 proyectos extranjeros para
extracción minera.
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Han cedido a grupos empresariales de la
minería un total aproximado de 56
millones de hectáreas, en una dimensión
territorial de 200 millones de hectáreas
de toda la extensión nacional.
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Esto significa que han cedido a grupos empresariales
de la minería un total aproximado de 56 millones de
hectáreas, en una dimensión territorial de 200
millones de hectáreas de toda la extensión nacional.
El gobierno otorga a unas cuantas empresas mineras y
metalúrgicas mexicanas concesiones escandalosamente
lesivas al interés nacional, como es el caso del
Grupo México de Germán Larrea, al cual le
obsequiaron recientemente más de 400 concesiones,
cada una de ellas con más de 15 mil hectáreas, así
como la dádiva inconstitucional de explotar el gas
metano proveniente de las minas de carbón, cosas que
ocurrieron en los momentos del homicidio industrial
de Pasta de Conchos en febrero de 2006, del cual es
responsable directa esa misma empresa.
En ninguna de todas estas concesiones otorgadas ha
habido un compromiso ambientalista serio, mucho
menos de respeto a los derechos laborales y humanos,
sino que la protección de la ecología sólo se quedó
en las intenciones escritas pero difícilmente
verificadas o nunca evaluadas.
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