México MINERÍA  |  AMBIENTE

El desastre ecológico nacional

   

 

A la explotación desmedida del trabajo humano que con frecuencia se da en la actividad minera del país, hay que sumar desde hace mucho tiempo la devastación del medio ambiente que se produce en los sitios de extracción o beneficio de minerales y metales.

 

Se trata de una explotación sin control de los recursos naturales, precisamente por falta de políticas y regulaciones del gobierno, donde éste obligue a las empresas mineras y metalúrgicas a cumplir con la conservación de aguas, suelos, subsuelo, bosques, atmósfera, plantíos, cañaverales y pastizales donde se destruye la biodiversidad.

 

La actividad de algunas de las empresas minero-metalúrgicas que actúan sin responsabilidad social, especialmente las más poderosas, va acompañada por el daño, hasta hoy irremediable, que se ocasiona a los sistemas ecológicos en las áreas de trabajo minero. Y si muy frecuentemente las empresas no ofrecen las condiciones básicas de seguridad, higiene industrial y salud a sus propios trabajadores, tampoco lo hacen en materia de protección al medio ambiente. El hecho es que, según estimaciones del Inegi, el daño ambiental le cuesta al país 8 por ciento del producto interno bruto.

   
 

Y si muy frecuentemente las empresas no ofrecen las condiciones básicas de seguridad, higiene industrial y salud a sus propios trabajadores, tampoco lo hacen en materia de protección al medio ambiente. El hecho es que, según estimaciones del Inegi, el daño ambiental le cuesta al país 8 por ciento del producto interno bruto.

   

 

No hay que ir muy lejos para descubrir quién es el principal responsable de la tremenda destrucción ambiental. Es el gobierno federal, que con esto agrega otro fracaso a los que inocultablemente ha acumulado en los dos sexenios de política panista.

 

La depredación ecológica en las minas y lugares adyacentes, una vez más es producto de una política unilateral y exenta de visión que sólo atiende al interés de un sector: el de las compañías mineras.

 

Es evidente que existe una total inconformidad, porque el gobierno nunca consulta a los pueblos del entorno minero sobre los inevitables daños a la ecología de los lugares cuando otorga las concesiones a las empresas, tanto mexicanas como extranjeras. Sobre todo cuando se abusa del agua en los procesos de producción y lavado de las tierras extraídas, contaminándola con cianuro y otros productos químicos, dejando sin este recurso básico a las comunidades.

 

Hay una ausencia criminal del gobierno en este renglón, si no es que una participación cómplice y sumisa de gobernantes y políticos, que comienza en el momento en que la Secretaría de Economía concesiona fundos mineros a las compañías, sin definir ella misma los límites ni obligar a las empresas a establecer de antemano compromisos firmes e ineludibles para el respeto y la conservación de la naturaleza. La búsqueda de la ganancia determina las acciones empresariales y gubernamentales. De nuevo la ignorancia y la avaricia puestas al servicio únicamente de intereses particulares.

 

En los dos gobiernos conservadores surgidos desde el 2000 se han otorgado concesiones mineras a manos llenas, sin ninguna limitación, al grado que las dos administraciones panistas han entregado 26 por ciento del territorio nacional a empresas tanto del país como de capital foráneo, y en los últimos años han aprobado 757 proyectos extranjeros para extracción minera.

   
 

Han cedido a grupos empresariales de la minería un total aproximado de 56 millones de hectáreas, en una dimensión territorial de 200 millones de hectáreas de toda la extensión nacional.

   

 

Esto significa que han cedido a grupos empresariales de la minería un total aproximado de 56 millones de hectáreas, en una dimensión territorial de 200 millones de hectáreas de toda la extensión nacional.

 

El gobierno otorga a unas cuantas empresas mineras y metalúrgicas mexicanas concesiones escandalosamente lesivas al interés nacional, como es el caso del Grupo México de Germán Larrea, al cual le obsequiaron recientemente más de 400 concesiones, cada una de ellas con más de 15 mil hectáreas, así como la dádiva inconstitucional de explotar el gas metano proveniente de las minas de carbón, cosas que ocurrieron en los momentos del homicidio industrial de Pasta de Conchos en febrero de 2006, del cual es responsable directa esa misma empresa.

 

En ninguna de todas estas concesiones otorgadas ha habido un compromiso ambientalista serio, mucho menos de respeto a los derechos laborales y humanos, sino que la protección de la ecología sólo se quedó en las intenciones escritas pero difícilmente verificadas o nunca evaluadas.

 

 

 

En México, Napoleón Gómez Urrutia*

Tomado de La Jornada

13 de febrero

 

* Secretario General del Sindicato Nacional Minero Mexicano

 

NdE: La Rel agradece a Jorge Campos Miranda el envío de este artículo

 

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 Giorgio Trucchi  

 

 

 

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