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Fueron
despedidos al menos 500 trabajadores de las fincas de palma africana de
propiedad del poderoso empresario Miguel Facussé Barjum (Corporación Dinant), y
se espera que ese abrupto recorte de personal se amplíe en las próximas semanas.
Una artera campaña mediática pretende responsabilizar al MUCA de la crisis en la
región del Bajo Aguán.
De acuerdo con
declaraciones brindadas por directivos de
Corporación Dinant,
grupo económico cuyo presidente es el empresario palmero
Miguel Facussé
Barjum,
el despido de 500 trabajadores de las fincas de palma africana se debe a “la
crisis desatada por la toma de las mismas por labriegos afiliados al Movimiento
Unificado Campesino del Aguán (MUCA)”.
El dedo
acusador apunta sobre todo a los acuerdos firmados el pasado mes de abril entre
el gobierno de
Porfirio
Lobo
y el MUCA,
en medio de una militarización sin precedentes y una constante violación a los
derechos humanos de las familias campesinas..
Con estos
acuerdos se intentó solucionar el sangriento conflicto agrario, originado por la
dudosa adquisición de miles de hectáreas sembradas con palma africana por parte
de los terratenientes
Miguel
Facussé,
René
Morales
y
Reinaldo
Canales.
El convenio,
que supuestamente contaba con la aprobación de dichos productores palmeros,
otorgó alrededor de 11 mil hectáreas de tierra en las dos márgenes del Río Aguán,
programas sociales y la construcción de viviendas a más de 2.500 familias
campesinas del
MUCA.
Ahora, a solo
dos meses de la firma de este convenio, los productores palmeros han vuelto a
sacar sus garras, lanzando una campaña mediática para desconocer los acuerdos,
desprestigiar al
MUCA,
y enviar una clara señal al presidente
Lobo
sobre quién en realidad manda en el país.
A través de
campos pagados en los principales periódicos de
Honduras,
Miguel
Facussé
ha repetidamente desconocido los acuerdos, declarando que nunca dio su
aprobación para la venta y la entrega al
MUCA
de “sus fincas” en la margen derecha del Río Aguán.
A todas luces,
los despidos masivos de estos días forman parte de esta misma campaña, que
apunta a crear zozobra, lo cual podría significar una nueva escalada de tensión
y violencia en la zona.
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Esly Banegas |
“Se trata de
una gran mentira. A estos empresarios nunca les ha interesado el bienestar de
los campesinos. Han adquirido estas tierras a precios ridículos y de forma
dudosa, y ahora tienen un gran capital con el negocio de la palma africana
–declaró a Sirel la
presidenta de
la seccional de Tocoa del
SITRAINA,
Esly Banegas–.
Ahora están
despidiendo a centenares de trabajadores, lo cual va a generar más pobreza en la
zona. Aquí sigue la represión. En los últimos días fueron asesinadas varias
personas y sigue la presencia militar y policial.
Es evidente
–continuó
Banegas–
que hay un componente político en este conflicto. La organización del
campesinado es algo que molesta mucho a los terratenientes, y van a hacer todo
lo posible para crear división, conflicto y zozobra en la zona del Bajo Aguán.
Es por eso que
tenemos que seguir unidos y fortalecernos”, concluyó.
La grave
situación que se vive en la zona fue recientemente señalada en un informe de
FIAN
Honduras.
“Hasta ahora
se han entregado al
MUCA 3 mil hectáreas sembradas con palma y se
ha iniciado la evaluación de la calidad de las plantaciones.
No obstante
–explica el informe– existen órdenes de desalojo solicitadas por
Miguel Facussé
un día antes de la firma del convenio. Éstas pesan como espada de Damocles sobre
los campesinos, porque legalmente podrían ser ejecutadas en cualquier momento
por el demandante”.
Además, en los
tribunales de Tocoa y Trujillo hay alrededor de 26 expedientes judiciales contra
miembros del
MUCA y de otras organizaciones sociales. “Se
les acusa de usurpación de tierras, robo, desobediencia y hurto en perjuicio de
la
Exportadora del Atlántico, propiedad del terrateniente
Miguel
Facussé.
Los expedientes
contienen un total de 152 órdenes de captura contra 57 personas”, explica
FIAN Honduras.
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Wilfredo Paz |
“Los despidos, los
campos pagados, la represión y la campaña mediática son una medida de presión
contra el campesinado organizado– dijo a Sirel,
Wilfredo Paz, miembro del
MUCA–.
Los terratenientes
no quieren ceder las tierras que usurparon y esta situación demuestra que el
gobierno nunca tuvo un acuerdo real con ellos. Siguen considerándonos como
invasores, y esto es una grave violación de los acuerdos.
El proceso sigue
muy lento y falta sólo un mes para el vencimiento de los términos del convenio
para la entrega de las 3 mil hectáreas de tierras incultas, y para la remedición
de las tierras.
En caso de no
respetar esos términos –concluyó
Paz– el
MUCA
va a tomar las acciones pertinentes”.
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