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Distintos sectores de intelectuales y campesinos de México
se reunieron recientemente para discutir posibles
alternativas a la crisis alimentaria que afecta a todo el
mundo y que ha empujado a este país -hasta hace pocos años
gran productor de alimentos- a la encrucijada de revitalizar
su agricultura o administrar la carestía.
Cinco
representantes de las principales gremiales de agricultores
de México se reunieron el pasado 28 de agosto para
clausurar la serie de mesas redondas “México en la crisis
alimentaria global” y abordar la disyuntiva de “Revitalizar
la agricultura o administrar la carestía”.
Las
mesas redondas se llevaron a cabo en el Centro Cultural
Veracruzano, organizadas por el Instituto de Estudios
para el Desarrollo Rural Maya, la campaña “Sin Maíz
no hay País” y la Fundación Heberto Martínez. En
su última sesión, la mesa fue moderada por el doctor
Armando Bartra, reconocido economista de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
El
primer turno fue para José Narro de la Comisión
Nacional Plan de Ayala (CNPA), quien inició
describiendo un panorama social y económicamente negativo
para México, gracias a la inseguridad, el incremento
de las importaciones, el aumento del precio de la gasolina,
la declinación económica en Estados Unidos, el bajo
nivel de crecimiento económico -menos de un dos por ciento-,
y el disparo de la inflación hasta casi cinco puntos
porcentuales.
Denunció
que “veinte funcionarios son dueños del país”, y que
mientras México tiene en su haber a uno de los
hombres más ricos del mundo -Carlos Slim- el dinero
no les llega a los agricultores pues se queda en manos de
los intermediarios comerciales y financieros.
El
especialista también denunció “los costos del desgobierno y
la corrupción”, así como la falta de apoyo gubernamental
para las micro y pequeñas empresas. Insistió que el gobierno
es incapaz de “regular la economía y proveer de los
servicios básicos a la población, lo que ha aumentado el
costo de la vida, aumentado el desempleo y el subempleo y
desvalorizando el salario”. Dejando la producción de
alimentos en manos de empresas trasnacionales, señaló.
Como
propuesta, dijo que se trata de “cambiar de estrategia”,
impulsar la producción campesina nacional, la consiguiente
organización de este sector y cesar el apoyo a los
oligopolios.
Este
especialista, al igual que los siguientes ponentes, afirmó
que conseguir la soberanía alimentaria es urgente, así como
no permitir más injerencia extranjera, sobre todo de
Estados Unidos, evitando la importación de transgénicos
“de mala calidad tanto nutricional como sanitaria”.
Por su
parte Ernesto Ladrón de Guevara de la Unión Nacional
de Organizaciones Campesinas Autónomas (UNORCA), fue
el único en sostener que “los campesinos podemos alimentar a
México y al mundo, pues el hambre no es producto de
la escasez sino de la mala distribución de los ingresos”.
Criticó
los subsidios que el gobierno de México otorga a las
familias pobres, que consisten en aproximadamente 120 pesos
mensuales (unos 12 dólares), y defendió el derecho de los
campesinos a ser productores de alimentos, y de fomentar el
cultivo orgánico y el respeto al medio ambiente.
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La dependencia agroalimentaria es un peligro de
seguridad nacional, casi como lo es el problema
de la seguridad pública. |
Puso
sobre la mesa la desventaja que los países latinoamericanos
poseen frente a los subsidios agrícolas que se les otorgan a
los agricultores de países desarrollados y denunció la nueva
tendencia de fabricar combustibles naturales, pues a su
juicio no son rentables económicamente ni para el medio
ambiente. “Es una aberración usar maíz para producir
etanol”, sostuvo.
Mencionó que México es uno de los principales importadores
de leche en polvo en todo el mundo y que las importaciones
de alimentos llegaron el año pasado a superar el ingreso por
divisas.
“La
agricultura campesina es la solución”, concluyó y sugirió
que el gobierno debe hacer una verdadera inversión
productiva, mejorar las reservas de alimentos, garantizar el
derecho a la alimentación, el combate a la pobreza, mejorar
las condiciones de nutrición de la población, detener la
migración rural que produce desintegración familiar y
enfocarse en el rescate de productos básicos y estratégicos
como el maíz.
Fernando Celis,
de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC),
señaló la preocupación de que en el campo mexicano se estén
diversificando los ingresos de las familias campesinas que
antes se dedicaban exclusivamente a la producción de
alimentos, mientras que ahora se dedican al comercio, los
servicios, las artesanías y son ayudados por las remesas
familiares provenientes de Estados Unidos, dejando
solamente un 18 por ciento de su fuerza productiva para la
agricultura.
Los
productores estarían viéndose acorralados, según este
especialista, por los acostumbrados usureros, frente a lo
cual propuso que se incremente el apoyo a la creación de
cajas de ahorro y crédito –que en algunas partes del país ya
han funcionado- dirigidas por mujeres, lo que también les
ayudaría a éstas al empoderamiento de género en sus
comunidades.
Celis
propuso “la disociación del mercado financiero del mercado
agrícola, que los pequeños agricultores sigan siendo
pequeños, y que se revaloren las políticas de subsidio”. “Se
trata de tener una estrategia clara, con una mayor
valoración cultural del orgullo de ser campesino”,
subrayó.
Max
Correa
del Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (CONORP)
en el transcurso de su ponencia sostuvo que la crisis
alimentaria global se debe, en parte, a la creciente demanda
de alimentos, la proliferación de los biocombustibles, los
altos subsidios a la agricultura en los países más
desarrollados, más ciertos factores climáticos, el aumento
de la demanda de leche en polvo, la especulación comercial,
y por último a políticas públicas que tienden a disminuir
los apoyos a los pequeños productores.
Aseguró
que en México no se puede resolver la crisis a corto
plazo sino que debe darse un profundo cambio de las
políticas públicas. Alertó que “la dependencia
agroalimentaria es un peligro de seguridad nacional, casi
como lo es el problema de la seguridad pública”.
Dijo que
las organizaciones campesinas “no solo deben buscar medidas
desde el gobierno de facto sino en la agenda legislativa vía
presupuesto”. Causó sorpresa en el público, su sugerencia
final: “hay que buscar acuerdos con el actual gobierno para
amarrarles las manos, y acortar sus capacidades de maniobra
y manipulación”.
En
última instancia, Alfonso Ramírez Cuellar, de la
Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros (ANPAP)
se preguntaba si la crisis alimentaria global se debe
precisamente a la escasez de alimentos y no a la
especulación. Polemizó afirmando que los precios altos
deberían ser un aliciente para los productores. Aunque luego
aclaró que se trata de aumentar la disposición efectiva de
alimentos y no su precio.
Aseguró
que “el problema no es que vengan importaciones” sino que no
exista una reserva estratégica de alimentos y esto produzca
dependencia alimentaria.
Propuso
“arrancar la productividad, por lo menos, en los productos
básicos, y tender un acuerdo entre la agenda de los
consumidores pobres de las zonas rurales y urbanas”.
Además,
y en igual orden de importancia sugirió: “crear una reserva
nacional de alimentos, planes específicos para incrementar
la producción, una clara agenda dirigida a los consumidores,
amparo social para éstos y defensa de sus derechos”.
Estas
mesas redondas que se realizaron en la ciudad de México,
también irán a otros estados como parte de la campaña “Sin
maíz no hay país. Alimentos campesinos para México. El
hambre no espera”.
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