A mediados del
mes de julio, durante el Consejo de Ministros
realizado en la ciudad de San Carlos, el
ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca,
Ernesto Agazzi, anunció el fin de la moratoria
de 18 meses impuesta por el gobierno para
definir la nueva política sobre cultivos
genéticamente modificados.
Esta moratoria implicó la no autorización de nuevos cultivos
transgénicos hasta no tener un marco regulatorio
para determinar en qué condiciones los nuevos
cultivos serían aprobados.
En ese consejo, el ministro señaló que Uruguay
manejará una política de "coexistencia regulada
en la utilización de transgénicos, creando una
estructura institucional nueva".
Anunció también la creación de un gabinete ministerial,
conformado por Ganadería, Agricultura y Pesca,
Salud Pública, Economía y Finanzas, Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y
Relaciones Exteriores, que será el encargado de
definir los lineamientos y aprobar las
autorizaciones. Es decir, que la sociedad civil
no será parte ni tampoco tendrá participación
alguna en las decisiones de dicho gabinete.
Es importante destacar que el levantamiento de la moratoria
viene acompañado de lo que se ha dado en llamar
la “coexistencia” entre los cultivos
transgénicos y los convencionales. ¿Es posible
esa “coexistencia”?
La contaminación
genética
Lo primero a destacar es que la contaminación genética del
maíz ya ha sido ampliamente comprobada a nivel
mundial. Es decir, que se constató que el polen
del maíz transgénico fecunda las flores del maíz
no transgénico, cuyas semillas resultan por
tanto contaminadas con genes del maíz
transgénico. Esto se conoce a tal punto que ésta
ha sido una de las razones por las que
Francia y otros países de la Unión
Europea suspendieron a principios de este
año la siembra de maíz transgénico Mon 810 de la
multinacional
Monsanto, por no ser posible evitar la contaminación hacia los
cultivos no transgénicos y la no autorización se
estableció con respecto al maíz transgénico Bt11
de la empresa
Syngenta. Ambos maíces transgénicos se cultivan en Uruguay
desde 2003 y 2004, y a la fecha no se ha
realizado una evaluación de sus impactos, ni de
la posible contaminación que estos cultivos
hayan causado, a pesar de que su consumo es
tanto para alimento humano como animal.
Uso masivo de
agrotóxicos
El segundo aspecto a tomar en cuenta para analizar la
“coexistencia” es que los cultivos transgénicos
están asociados al uso masivo de agrotóxicos, en
particular herbicidas e insecticidas. Ello
implica la imposibilidad de que estos cultivos
puedan coexistir con productores convencionales
y orgánicos dado que las fumigaciones tanto
terrestres como aéreas son constantes y
realizadas con agrotóxicos altamente
contaminantes.
Como prueba de lo anterior, cabe señalar que ya se han
registrado denuncias de productores hortícolas
en el departamento de Canelones por quema de sus
cultivos como resultado de las fumigaciones
áreas de sojeros de esta zona. A su vez, los
productores apícolas y los pescadores se ven
afectados por los agrotóxicos asociados a los
cultivos transgénicos, habiéndose detectado
muertes de cientos de colmenas y de peces en
distintos lugares del país causadas por los
agrotóxicos usados en estos cultivos.
A lo anterior se suman los impactos sobre especies nativas de
la flora y la fauna. A pesar de que el propio
decreto de la moratoria destaca que Uruguay
tiene en su pastura natural “una riqueza
biológica única en el mundo” no se han evaluado
los efectos sobre la biodiversidad por el uso
masivo de herbicidas (tales como glifosato,
atrazina, paraquat y 2,4D). Tampoco se han
evaluado los impactos del uso de insecticidas y
funguicidas en los ecosistemas del país.
Por otro lado, el uso también masivo de fertilizantes
químicos está provocando la eutrofización de los
cuerpos de agua, es decir, que por un exceso de
nutrientes, la superficies del agua se cubre de
plantas flotantes que consumen gran parte del
oxígeno del agua, afectando así a las especies
que allí habitan.
También se ha comprobado que el uso de fertilizantes
nitrogenados provoca efectos directamente
relacionados con el cambio climático, puesto que
dan lugar a la generación de óxido nitroso, un
potente gas de efecto invernadero.
Los cultivos transgénicos también han demostrado no poder
“coexistir” con las personas y se ha registrado
un aumento de intoxicaciones por el uso de
agrotóxicos vinculados a los mismos. Comunidades
que habitan en los departamentos de San José,
Canelones y Soriano, entre otros, han denunciado
fumigaciones aéreas sobre escuelas y
vecindarios.
Moratoria y
después
Al decretar la moratoria, el Poder Ejecutivo emitió un
decreto, uno de cuyos artículos decía que
durante el año y medio que duraría ésta, el
grupo de trabajo asignado elaboraría un marco
regulador que comprendería, entre otros temas,
los eventuales impactos para la salud humana,
las amenazas para el medio ambiente, la relación
con la agricultura tradicional, natural y
orgánica y los mecanismos de información al
consumidor.
Ahora la moratoria se ha levantado y se ha decretado la
“coexistencia”, pero esos puntos no han sido
tomados en cuenta. Con respecto al mecanismo de
información al consumidor, el ministro Agazzi
anuncia que el etiquetado de los alimentos
transgénicos será voluntario: “nosotros hemos
optado por el etiquetado voluntario en el
sentido de quien produzca alimentos libres de
transgénicos va a tener la voluntad de
comunicarlo y además el etiquetado va por cuenta
de quien lo ofrece. Se supone que en alimentos
donde haya una demanda fuerte para que no sean
transgénicos, los consumidores van a estar de
acuerdo en pagar un poco más, teniendo la
garantía de que no son transgénicos.”
Ello es doblemente injusto. Por un lado, porque obliga a
quienes producen alimentos naturales a gastar un
dinero que debería ser gastado por quien produce
alimentos transgénicos y por otro lado, porque
obliga a los pobres a comprar y consumir lo más
barato: los transgénicos.
El que tiene dinero podrá pagar por un alimento no
transgénico, pero lo más increíble es que aunque
se tenga el dinero, llegará el momento en que no
será más posible adquirir alimentos no
transgénicos, ya que la “coexistencia”
resultará, más a la corta que a la larga, en
contaminación genética.
En lo que respecta a los impactos sobre la salud humana, las
amenazas para el medio ambiente y la relación de
los transgénicos con la agricultura tradicional,
natural y orgánica, no tenemos noticias de que
el grupo de trabajo establecido al momento de
establecerse la moratoria haya elaborado un
marco regulatorio que tome en cuenta esos
aspectos.
En resumen, aceptar la coexistencia de los cultivos
transgénicos con los no transgénicos implica
aceptar sus impactos altamente negativos, que
causan destrucción al medio ambiente, a la salud
de las personas y cierran el paso a la
producción de alimentos naturales y sanos. La
coexistencia simplemente no es posible y menos
aún con el Uruguay Natural que en algún momento
el país quiso promocionar.
